La manipulación algorítmica dolosa que hizo suspender a nivel nacional las elecciones municipales del 16 de febrero no tuvo la intención de alterar los resultados de la votación. No era factible alterar la intención de voto del elector suprimiendo las boletas electrónicas de partidos de oposición en las urnas digitales de muchos colegios electorales: era de esperarse las quejas de los votantes afectados al no encontrar el partido o candidato de su preferencia en las pantallas/urnas digitales, provocando el aborto de todo el proceso, como de hecho ocurrió. No fue por falta de ganas que no se intentó manipular los resultados de la votación, sino porque el escrutinio colegiado de los comprobantes de papel en cada colegio electoral impide la alteración de resultados del proceso al someter el recuento cibernético al control manual por el pleno de cada colegio electoral. Entonces es obvio que la intención criminal fue impedir y descalificar la votación automatizada, y el efecto es descartar el sufragio automatizado como opción en el futuro mediato. No hubo gol, ni autogol, sino provocación con el propósito de hacer suspender el partido y, de paso, sepultar el voto digital.
La intención criminal no fue manipular los resultados del sufragio a favor de un partido, pues la disposición de hacer el recuento manual de los comprobantes de papel en cada colegio electoral al finalizar la votación inhabilitó ese camino. La Junta Central Electoral hizo bien en poner atención a las voces que insistieron en el conteo manual in situ al 100% desde al menos febrero 2019, cuando Participación Ciudadana hizo la advertencia sobre la fragilidad de los sistemas electorales automatizados, a pesar de su reticencia inicial y la insistencia oficial en la idoneidad del voto automatizado, descontando el elevado riesgo de intervención dolosa en los sistemas informáticos de sufragio. Por suerte los magistrados de la JCE no hicieron caso a los que pregonaban que la advertencia sobre los peligros comprobados de la alteración de resultados en las elecciones automatizadas era ganas de fuñir de unos cuantos necios. Después de las primarias la JCE fortaleció el proceso contra el fraude cibernético incorporando el escrutinio manual de los comprobantes de papel en todos los colegios automatizados, pero no se previó la acción terrorista de abortar la jornada electoral por la supresión de boletas de algunos candidatos de la oposición en las urnas digitales, una de tantas formas de sabotaje informático posible en un proceso electoral automatizado.
El trauma resultante de unas elecciones pospuestas por sabotaje cibernético es menor (y no es que sea despreciable) que el peligro de resultados alterados a favor del perpetrador, estilo Evo Morales con la complicidad comprobada de su órgano electoral superior en Bolivia. El recuento manual de los comprobantes de papel es la mejor salvaguardia contra la alteración de los resultados del sufragio automatizado; sin embargo, no impide un sabotaje tecnológico como el recién desplegado el 16F. Wikipedia define el término sabotaje informático como “todas aquellas conductas dirigidas a eliminar o modificar funciones o datos en una computadora sin autorización, para obstaculizar su correcto funcionamiento, es decir, causar daños en el hardware o en el software de un sistema. Los métodos utilizados para causar destrozos en los sistemas informáticos son de índole muy variada y han ido evolucionando hacia técnicas cada vez más sofisticadas y de difícil detección.”
El hackeo es hoy el método más común y efectivo para sabotear plataformas informáticas por medio del software, pues no requiere de muchos recursos y puede realizarse incluso a remoto desde cualquier lugar del planeta, afectando a todo el sistema con una sola intervención. No solo es vulnerable al hackeo el sufragio en urna digital, sino que igualmente riesgoso es el proceso de transmisión por vía electrónica de los resultados de la votación en papel desde los colegios electorales al organismo electoral superior, como fue comprobado por la OEA en las elecciones de Bolivia hace unos meses.
Dentro de todo, la suspensión del sufragio es menos traumática que la manipulación cibernética para alterar los resultados, sumando y restando votos a determinados candidatos para producir un ganador fraudulento, que es el principal riesgo de los sistemas electorales automatizados. Postulamos, además, que la suspensión de las elecciones municipales es menos traumática que la suspensión de elecciones presidenciales y congresuales. Vamos más lejos con esta herejía: por suerte se produjo el descalabro del 16F, evitando un mal mayor en los críticos comicios del 17 de mayo, porque ahora sí que la nación tiene la certeza de que los sistemas informáticos son altamente vulnerables a la intervención criminal. No tendremos excusas si ahora no ponemos candado ante el peligro que representa la manipulación en el envío digital de los resultados de los colegios electorales al centro de cómputos de la JCE. Queremos rapidez en la publicación de los resultados, pero sobre todo necesitamos la máxima seguridad y confiabilidad en la transmisión de la data.
No significa esto que deben quedar impunes los responsables del 16F. Hay que hurgar en los detalles de cómo se produjo la intervención en el sistema para eliminar boletas electrónicas de las urnas digitales de muchos colegios electorales, pero aparentemente no en todos. Asimismo, cómo fueron afectados diferentes partidos en los colegios, pero siempre de la oposición, y esclarecer si hubo algún patrón en los partidos excluidos. ¿Por qué la JCE tardó tanto tiempo para reaccionar, aumentando el desconcierto y la frustración de los electores: fue un aparente exceso de confianza en su propia capacidad de remediar la situación por ignorar los riesgos inherentes en las votaciones digitales? Queda claro que los titulares de la JCE eran ajenos a la intervención por lo menos hasta el sábado 15, pero ¿hubo participación de sus subalternos en el organismo electoral?
Ahora debemos dirigir serios esfuerzos a proteger el proceso de transmisión de la data desde los colegios electorales al centro de cómputos donde los resultados serán tabulados y posteriormente difundidos al público expectante. También tenemos que blindar el cómputo de los resultados generales de la intervención dolosa para alterar los resultados o de un fallo fortuito del sistema, aprendiendo de la experiencia boliviana 2019 y de las recientes primarias (Caucus) del Partido Demócrata en Iowa, pues la información preliminar presentada con rapidez solo es útil si es precisa y confiable. La promesa de dar los resultados preliminares en un plazo mágico puede crear expectativas irrealizables en el electorado. Debemos lograr un consenso sobre el protocolo de la transmisión, computación y publicación de los resultados por colegio electoral, distrito y municipio en un tiempo prudente, y observar estrictamente lo acordado durante todo el proceso. No se debe festinar.
No hay mal que por bien no venga, pues gracias a la dolorosa lección del sabotaje electrónico del 16F, ahora tenemos mayor capacidad de cuidarnos en salud de los riesgos del maravilloso mundo cibernético, así como de otras trampas que acechan a la democracia dominicana en los comicios de marzo y mayo.