Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia, manifestó que es un "atrevimiento y (una) frescura la sugerencia de intervenir a República Dominicana que hizo una abogada que ha demandado al país a través del periódico The New York Times… El artículo publicado en el periódico estadounidense… no es un editorial ni un reportaje elaborado por un periodista de dicho medio, sino un artículo de opinión de un tercero… La autora… no es periodista, es la abogada Roxanna Altholz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y profesora de la Clínica de Derechos Humanos de Berkeley…".
Las verdaderas palabras usadas por Roxanna Altholz en su publicación en The New York Times, condensadas en un solo párrafo, son las siguientes. Citamos: «…una crisis de derechos humanos se está desarrollando en la isla de La Española, compartida por la República Dominicana y Haití… Miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, cuyos padres o abuelos habían cruzado la frontera (en busca de, nh) oportunidades económicas, viven en un limbo legal. Hasta 2010, la Constitución concede ostensiblemente la ciudadanía a toda persona nacida en el país, pero muchos dominicanos fueron excluidos debido a que sus padres han sido considerados “en tránsito” en el momento de su nacimiento… (El Tribunal 'Constitucional', nh) despojó retroactivamente la ciudadanía de las personas de ascendencia haitiana (nacidas a partir de 1929, nh). Después de una protesta, el gobierno dio marcha atrás. Para salvar la cara, creó un plan para restaurar la ciudadanía a los que habían sido despojados de ella… (pero lo saboteó, nh) al exigir que los migrantes… proporcionen documentos como talones de pago, cartas de empleo o prueba de propiedad de la vivienda… La República Dominicana debe poner un alto a las redadas esporádicas y expulsiones sumarias. Si no lo hace, la comunidad internacional debe intervenir. Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos deben solicitar que los observadores internacionales estén estacionados a lo largo de la frontera y en los centros de detención para disuadir abusos contra los derechos humanos. Si los dominicanos se resisten, deben ser rechazados en los foros internacionales. Estados Unidos debe ayudar a prevenir un desastre humanitario…».
En un artículo que publicamos en este mismo medio, el lunes 29 de junio, titulado "Una explicación a las groserías y desviaciones de los funcionarios", y al que nos vemos obligados a acudir, planteamos un análisis sobre las malcriadezas y bravuconadas de los ministros y jefes de agencias cuando se ven forzados a dar las debidas explicaciones de sus actos, y decíamos que ese comportamiento no era más que el producto “de la arrogancia y la prepotencia que proporciona un medio castrado cuando ambas son utilizadas para aplastar a todo aquel que, con legítimo y pleno derecho, se ve precisado a indagar sobre las acciones, del tipo que sean, que resultaren de un ejercicio cuestionable”.
No es nueva la descalificación que margina la sustancia de un problema. Los peledeístas han hecho norma degradar, en términos personales, a quien intenta aclarar algún punto dudoso; o disminuir su preparación para ejercer determinado escrutinio; o depurar, para mantener incólume los desmanes del gobierno, el área del conocimiento… Mientras la preocupación del editorial está enmarcada en denunciar "una crisis de derechos humanos (que, nh) se está desarrollando en la isla La Española", y la intervención de la ONU y la OEA para que soliciten que "los observadores internacionales estén estacionados a lo largo de la frontera y en los centros de detención para disuadir abusos contra los derechos humanos", el Sr. Rodríguez Marchena, que cuando habla es como si lo hiciera el primer ejecutivo, pretende restarle veracidad argumentando que "El artículo publicado en el periódico estadounidense… no es un editorial ni un reportaje elaborado por un periodista de dicho medio, sino un artículo de opinión de un tercero… La autora… no es periodista, es la abogada Roxanna Altholz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y profesora de la Clínica de Derechos Humanos de Berkeley…".
Responder que “es un atrevimiento y una frescura” lo que reseña The New York Times por medio de la pluma de Roxanna Altholz es una manifestación característica del tigueraje al que recurren muchos funcionarios peledeístas para afrontar las patológicas mentiras que emanan cotidianamente del ejercicio del poder. Convertidos en altos pequeñoburgueses, categoría dentro de las relaciones de producción que han alcanzado en virtud de las irregularidades y desvíos de la capa de origen, no pueden desprenderse nunca de esos vicios de la baja pequeña burguesía que han hecho posible, sin importar reglas ni preceptos morales, el escalamiento dentro de la estructura social. (La recuperación del vocablo que tan fielmente describe nuestra deformación social se la debemos a Minou Tavárez Mirabal, diputada y fundadora del proyecto político Opción Democrática, cuando en su oposición a la modificación a la Constitución señaló, con sobrado tino, que “El mañana de República Dominicana no tiene un precio que pueda pagar el tigueraje”).
En la publicación de The New York Times no hay una sola mentira. Mentiras y deformaciones son las expresiones y señalamientos del vocero del gobierno. Al decir que "una crisis de derechos humanos se está desarrollando en la República Dominicana", Rodríguez Marchena le falta a la verdad; Roxanna Altholz no hizo tal especificación. "Una crisis de derechos humanos se está desarrollando en la isla de La Española, compartida por la República Dominicana y Haití", fueron sus palabras al tratar de explicar, con toda la humanidad posible, el drama de la isla, y por ningún lugar asoma la mentira: el hambre, la miseria, el desempleo, el analfabetismo, la insalubridad, la inseguridad, la repatriación, la falta de techo… son verdaderas "crisis de derechos humanos", ¿o es que comer, vestir, trabajar, estudiar… tener patria, salud y techo no son los más importantes de los derechos del individuo? ¿Puede haber alguien capaz de negarlo?
¿En qué parte del escrito de The New York Times sale a relucir la "sugerencia de intervenir a la República Dominicana" con la connotación que le quiere impregnar el vocero del gobierno? La jurista Altholz ha expresado de forma clara y contundente que "La República Dominicana debe poner un alto a las redadas esporádicas y expulsiones sumarias. Si no lo hace, la comunidad internacional debe intervenir", y a seguidas, para no dejar lugar a dudas ni a malas y tendenciosas interpretaciones, precisa que "Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos deben solicitar que los observadores internacionales estén estacionados a lo largo de la frontera y en los centros de detención para disuadir abusos contra los derechos humanos. Si los dominicanos se resisten, deben ser rechazados en los foros internacionales. Estados Unidos debe ayudar a prevenir un desastre humanitario…".
¿Por qué el funcionario le dio esa connotación, en un marcado intento de sembrar en las mentes ociosas de muchos dominicanos que la abogada lo que sugiere es una intervención militar como la de 1916 o 1965, que fueron ocupaciones del territorio dominicano o, mejor expresado, invasiones que violentaron la soberanía? Porque los gobiernos peledeístas han hecho norma apelar, por medio de la mentira y la tergiversación de las palabras y los acontecimientos, a un falso y perjudicial patriotismo. No hay mejor forma para exacerbar los ánimos, de por sí caldeados, y conseguir un apoyo sustentado en la simulación y la mentira, que traer por los pelos una intervención militar que sólo puede ser concebida por la imaginación que confieren la maquinación y la fábula.
¿Dónde radica la mentira de Roxanna Altholz cuando señala que «Hasta 2010, la Constitución concede ostensiblemente la ciudadanía a toda persona nacida en el país, pero muchos dominicanos fueron excluidos debido a que sus padres han sido considerados “en tránsito” en el momento de su nacimiento…»? ¿No es verdad que el Tribunal 'Constitucional' "despojó retroactivamente la ciudadanía de las personas de ascendencia haitiana (nacidas a partir de 1929, nh)"? ¿No es la Constitución la ley suprema a ser respetada por todos, incluso por esa entelequia llamada Tribunal 'Constitucional'? La Constitución vigente -la del 2010-, en la que desempeñó un papel preponderante un traficante de haitianos que preside esa farsa, dice:
TÍTULO I/DE LA NACIÓN, DEL ESTADO, DE SU GOBIERNO Y DE SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES/CAPÍTULO V/DE LA POBLACIÓN/SECCIÓN I/DE LA NACIONALIDAD/Artículo 18.- Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos: 2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución;
TÍTULO III/DEL PODER LEGISLATIVO/CAPÍTULO IV/DE LA FORMACIÓN Y EFECTO DE LAS LEYES/Artículo 110.- Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub júdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.
¿Miente el editorial del New York Times? No, no miente; por el contrario: resalta una gran verdad. Al día de hoy, la incertidumbre que viven dominicanos, haitianos nacidos en la República Dominicana, haitianos nacionalizados dominicanos, y haitianos, tiene sus raíces en una sentencia que atropelló vulgarmente la Constitución.
¿Acaso la mentira radica en que, como dice la jurista, "Para salvar la cara, (el gobierno, nh) creó un plan para restaurar la ciudadanía a los que habían sido despojados de ella… (pero lo saboteó, nh) al exigir que los migrantes… proporcionen documentos como talones de pago, cartas de empleo o prueba de propiedad de la vivienda…? Pues tampoco miente la autora del escrito que se ha convertido en dolor de cabeza para esta administración, porque SÍ (acentuado, en negritas y mayúsculas) es cierto que le han negado, a muchos de los que han aplicado al plan, las cartas de trabajo y las certificaciones de inquilino. En todos lo órdenes (residencial, comercial o industrial), los haitianos venden su fuerza de trabajo y viven dentro de un marco de ilegalidad propiciado por el poder oligárquico. Por no verse comprometidos, patronos, empleadores y dueños de viviendas han optado, en un país que funciona con un desprecio olímpico por las reglas, por la salida más fácil, y al negar los papeles requeridos han obstaculizado la fluidez con la que debería funcionar el plan, lo que, junto al soborno que va de la mano con todo trámite en la República Dominicana, ha degenerado en obstrucción disimulada. Pero hay más: el migrante haitiano, que como todo migrante por razones económicas es pobre, y en su particular caso demasiado pobre (no sólo de recursos materiales sino, de educación, civismo y convivencia social, por proceder de un lugar en que el Estado es una utopía), ¿cómo va a presentar una "prueba de propiedad de vivienda" si más del 95% vive para saciar, de muy mala manera, su hambre, subsistiendo en guetos diseminados por todo el país?
Más que criticar a The New York Times, que pocas veces ha actuado con justicia y sensatez con respecto a la República Dominicana, deberíamos agradecerle por quitarle la máscara a la mentira, porque de algo debemos estar seguros: en un país en el que casi la totalidad de la prensa ha sido comprada con dinero del pueblo (y de Barrick Gold, Sun Land, Odebrecht, Falconbridge, Embraer, etc.), se hace prácticamente imposible que alguno de los grandes medios se tire a la arena a defender las causas más justas. Todo lo contrario; prefieren dar cabida a las bravuconadas y expresiones de nacionalismo barato que usan los funcionarios para encubrir sus desaciertos.
Ing. Nemen Hazim
San Juan, Puerto Rico
8 de julio de 2015