Cuando los Estados Unidos formularon el 23 de diciembre de 1920 el plan Wilson de desocupación militar de la República Dominicana, declararon llegado el momento de iniciar «el proceso sencillo de su rápida retirada», por cuanto se habían alcanzado «sustancialmente» «los propósitos amistosos» que tuvieron «al emplear sus fuerzas militares dentro del país para el restablecimiento del orden público y para la protección de la vida y la propiedad.» Una comisión de notables nombrada por el gobernador Thomas Snowden se encargaría de elaborar una reforma constitucional para proceder a la elección del Presidente de la República, luego de lo cual el gobernador militar le traspasaba las funciones de gobierno al nuevo mandatario. La intelectualidad pequeño burguesa que había controlado durante cuatro años la resistencia urbana en contra de la intervención militar se opuso al plan Wilson.
Solo Federico García Godoy encontró que el Plan Wilson era lo más conveniente para el “decoro” de la soberanía dominicana. Pero el grupo nacionalista de la “evacuación pura y simple”, en la persona del poeta Fabio Fiallo, enfrentó con toda energía, en carta del 19 de febrero de 1921, la posición del intelectual vegano y sus amigos: «¿Cómo se explica que usted, uno de los más ilustres e integérrimos acusadores –en hora de peligro– de la Ocupación Militar, precisamente por considerarla arbitraria y tiránica, resulte ahora reconociéndole base jurídica a esa ocupación militar por medio de una declaración de adhesión personal?» (De León Olivares, 2019: 156). (1)
García Godoy reiteró su apoyo de 1920 al Plan Wilson en el opúsculo titulado Al margen del Plan Peynado (La Vega: Tipografía El Progreso, 1922) donde incluye la respuesta a Fiallo y al grupo de la “pura y simple: «Creía yo por aquel tiempo entonces y conmigo muchas personas de viso y de significación cultural que debía aprovecharse esa vía de liberación […] No hubo tiempo para ello. Un patriotismo hirsuto y bravío desató sus iras desbordantes contra toda fórmula de conciliación más o menos honrosa y oportuna […] dividióse el país en consultivistas y anticonsultivistas. Cada cual se irguió acusando acerbamente al contario. Nuestro tradicional espíritu de división, de incoherencia, volvió de nuevo a la superficie con más fuerzas y bríos que nunca.» (DN, 156-57).
El apoyo de García Godoy al rechazado Plan Wilson por parte de los nacionalistas de la “pura y simple”, quienes controlaban a escala urbana toda la oposición a la intervención militar estadounidense, se resumió en el argumento siguiente: «aunque tenía ‘dos faltas graves y una omisión’ (‘las dos deficiencias eran el nombramiento de la Comisión consultiva directamente por el gobierno militar y la necesaria aprobación de este a las leyes que estaba encargada de elaborar la Comisión mencionada’; ‘la omisión consistía en no señalar un plazo fijo para la desocupación’), ‘no contenía nada de carácter contractual ni ninguna exigencia imperativa que lastimase más o menos profundamente nuestro decoro’.» (DN, 156).
Rechazado de plano el Plan Wilson, una segunda propuesta de evacuación de las fuerzas militares estadounidenses en la República Dominicana fue formulada el 14 de junio de 1921 por el gobernador Samuel S. Robinson. Pero esta, contrario a la anterior, contenía cuatro puntos inadmisibles para los que controlaban la lucha nacionalista contra la intervención yanqui: 1) la ratificación de todos los actos del gobierno militar; 2) la validación de un empréstito final correspondiente a la cantidad de dos millones quinientos mil dólares, que debía servir para terminar las obras públicas pendientes en el país; 3) la ampliación de las facultades del Receptor General de Aduanas, a fin de que interviniera en lo relativo al nuevo empréstito y tuviera la facultad de cobrar y desembolsar las rentas internas de la República que fuesen necesarias para el pago de la deuda extranjera cuando las rentas aduaneras resultasen insuficientes; y, 4) la organización de una Guardia Nacional “rural y urbana” “eficiente”, a cargo de oficiales estadounidenses nombrados por el presidente de la República Dominicana previa designación de los mismos por el presidente de los Estados Unidos. Una vez negociada la Convención de Desocupación, el gobernador militar convocaría a elecciones para elegir al presidente de la República, quien, al igual que el Congreso Nacional, debía ratificar dicha convención y con ello iniciar el retiro de las fuerzas americanas.
Los defensores de la desocupación pura y simple arreciaron la lucha contra este nuevo plan de evacuación conforme al mismo argumento esgrimido desde 1916, 1920 y 1921: la ocupación militar del país por parte de los Estados Unidos era ilegal, producto de un hecho de fuerza. Empantanadas las negociaciones para la desocupación militar del país, y adormecido durante seis años de ocupación militar, resurgen con todo su poder los viejos caudillos, quienes luego de firmar los acuerdos de la Conferencia Nacionalista de Puerto Plata celebrada el 9 de diciembre de 1921 donde se ratificó el credo nacionalista de la “pura y simple”, aquellos embotados caudillos y caciques clientelistas y patrimonialistas se retractaron de lo pactado. Fueron ellos Horacio Vásquez, Federico Velásquez, Enrique Jimenes y Luis Felipe Vidal, directores de los partidos Nacional, Progresista, Unionista y Legalista, respectivamente.
Como los Estados Unidos reconocieron que habían logrado lo que se propusieron al intervenir militarmente a la República Dominicana, el paso siguiente fue desocupar el país y dejarlo en manos de un gobierno confiable, impuesto por ellos, y que reconociera la validez de todos los actos del gobierno militar, de modo que los intereses azucareros implantados en el enclave de la región Este del país, así como todos los intereses norteamericanos en industrias, bancos y finanzas estuvieran garantizados por un gobierno y un Ejército formados por el país interventor. Es así como surge la fórmula llamada Plan Hughes-Peynado, sometido al gobierno americano por el ex ministro de Hacienda del gobierno de jure de Francisco Henríquez y Carvajal, el hostosiano y abogado de las empresas azucareras norteamericanas llamado Francisco José Peynado y aprobado por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Charles Evans Hughes, asesorados ambos por Benjamín Sumner Welles, jefe de la Sección Latinoamericana del Departamento de Estado.
El Plan Hughes-Peynado recupera, ante el callejón sin salida de la “pura y simple”, no los puntos del plan Wilson, sino los aguerridos del Plan Harding. Pero con la novedad de que el Gobierno Provisional que sustituirá al gobierno militar será elegido por “una Comisión compuesta” por los jefes de los viejos partidos personalistas, criticados todos ellos por los nacionalistas de la “pura y simple” y, fundamentalmente, por Américo Lugo, el teórico del nacionalismo y de la inexistencia de un Estado nacional dominicano debido a la falta de conciencia política y de conciencia nacional del pueblo dominicano. (2) La Comisión la conformaron Horacio Vásquez, Federico Velásquez, Elías Brache, el arzobispo Adolfo Alejandro Nouel y el hostosiano Francisco José Peynado. Los políticos personalistas que se transaron con el invasor viajaron a Washington a rubricar el Plan Hughes-Peynado, menos el Arzobispo, a quien Rufino Martínez no le regatea mérito por su conducta frente a la ocupación yanqui (Diccionario biográfico-histórico dominicano. 1821-1930, 2ª ed., p. 383).
Los puntos acordados por el Plan Hughes-Peynado fueron los siguientes: 1) Promulgar una nueva legislación que regulase la celebración de elecciones y la reorganización de los gobiernos provinciales y municipales, «a fin de capacitar al pueblo dominicano a hacer enmiendas a la Constitución que crea conveniente.» 2) Celebrar las elecciones para presidente, diputados y senadores, de acuerdo con la nueva legislación y «sin la intervención del Gobierno Militar.» 3) Designar ministros «Plenipotenciarios para negociar un Tratado de Ratificación» en el que se reconocerán: a) «la validez de las Órdenes y Resoluciones Ejecutivas promulgadas por el Gobierno Militar y publicadas en la Gaceta Oficial que hubiesen establecido rentas, autorizado erogaciones o creado derechos a favor de terceros; de los Reglamentos Administrativos que se hubiesen dictado y publicado y de los contratos que se hubiesen celebrado en ejecución de tales órdenes o de alguna ley de la República»; b) «la emisión de bonos de 1918 y el Empréstito de 5 ½ por ciento por veinte años con fondo de amortización, garantizado con las rentas aduaneras» que autorizó el gobierno de ocupación en 1922 para concluir las obras públicas pendientes en el país; c) la permanencia en vigor, «por todo el tiempo en que cualquiera de los bonos emitidos en 1918 y 1922 permanezca sin pagarse», fruto de la Convención de 1907 firmada por la República Dominicana y los Estados Unidos. Al amparo de este documento, «los deberes del Receptor General de Rentas Aduaneras Dominicanas nombrado de acuerdo con esa Convención serán extendidos para incluir la aplicación de dichas rentas afectadas al servicio de esos bonos emitidos bajo los términos de las Órdenes Ejecutivas y de los contratos en virtud de los cuales fueron emitidos.
Como previsto, la Comisión compuesta por los políticos del viejo proyecto liberal-conservador que había gobernado el país desde la independencia de 1844 hasta 1916, eligió a Juan Bautista Vicini Burgos, magnate azucarero, como presidente provisional para cubrir el período 1922-24 y convocar, como toda dictadura comisaria sabe hacerlo, a elecciones generales para legitimarse a sí misma y legitimar al vencedor de esos comicios, que será el candidato impuesto por los Estados Unidos. En tales comicios, resultó derrotado Francisco José Peynado, inventor, junto a Charles Evans Hughes, del plan de evacuación, y a quien se hubiese imputado sin faltar a la verdad el ser el candidato favorito de los Estados Unidos. Pero el gobierno americano no confió en ese intelectual orgánico defensor de los intereses estadounidenses. Es posible que su hostosianismo (comteano de derechas ya, digo yo) y su junta inicial con el nacionalismo de Francisco Henríquez y Carvajal, de cuyo gobierno de jure fue ministro de Hacienda, contribuyeran a sembrar su desconfianza vis à vis de los Estados Unidos.
De todas maneras, y pese a la oposición del sector de la desocupación “pura y simple”, el gobierno provisional fue repartido de la siguiente manera: dos ministros horacistas, dos jimenistas y dos velasquistas, “seleccionados”, con el visto bueno yanqui, por el presidente Vicini de las ternas presentadas por los partidos. (3)
La imposición del Plan Hughes-Peynado dejó sin discurso y sin el apoyo de las importantes bases sociales pequeño-burguesas al sector nacionalista de la evacuación “pura y simple” y sus militantes se dispersaron luego de las elecciones de 1924 que ganó el candidato impuesto por el ocupante militar: Horacio Vásquez. Aunque con posiciones contrapuestas, dos nacionalistas prominentes legaron a la sociedad dominicana el análisis de las consecuencias que aparejó para el futuro político de la República Dominicana la firma de ese Plan. El primero de estos intelectuales nacionalistas fue Federico García Godoy, quien apoyó con dos reservas el Plan Wilson porque, a su modo de ver, este «no contenía nada de carácter contractual ni ninguna exigencia imperativa que lastimase más o menos profundamente nuestro decoro» y argumentaba que dicho plan «representaba una prueba de arrepentimiento del presidente Wilson por lo hecho en Santo Domingo, lo que abría la puerta a la negociación. Sin embargo, esto no fue aprovechado y lo que vino después (…) fue una situación peor a la hasta entonces vivida: ‘centenares de abusivas Órdenes Ejecutivas, multitud de inicuas sentencias prebostales, persecuciones a la prensa, impuestos onerosos, nuevos empréstitos’.»(4). (DN, 156-57).
Finalmente, la posición decisiva de García Godoy contra el Plan Harding, contenido enteramente en el Plan Hughes-Peynado, empalmará con la otra posición de Américo Lugo, el líder de la evacuación pura y simple. En el manifiesto de protesta que redactó y firmó junto a un grupo de veganos, García Godoy dijo que el Plan Harding «conllevará para el pueblo dominicano una esclavitud eterna y oprobiosa, ya que contemplaba tres «tres transgresiones a nuestro Pacto Fundamental: la ratificación de las actuaciones del gobierno militar, el tutelaje odioso de la Hacienda Pública y el implantamiento [sic] de una Guardia Nacional.» (DN, 154-155).
He aquí la coincidencia de Lugo con respecto a la posición de García Godoy que acabamos de leer: «… una Convención de Validación de la labor legislativa y administrativa del Gobierno Militar [de los Estados Unidos] constituiría el pleno reconocimiento del derecho de intervención de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos, el reconocimiento de la co-soberanía legislativa y ejecutiva de los Estados Unidos en el territorio dominicano; siendo innegable, evidente y forzoso que, en virtud de la Convención prevista y convenida en el Plan Hughes-Peynado, quedaría mediatizada a perpetuidad la República Dominicana y establecido virtualmente sobre ella el Protectorado.» (DN, 174).
Como no aprendimos la lección de García Godoy y Lugo en 1921-1922, porque hipotecamos la “soberanía” de la república, por esa razón, desde aquella lejana fecha hasta hoy 2019, hemos esperado siempre que el jefe del gobierno de turno de los Estados Unidos de América decida quién será, cada cuatro años, el presidente de la República Dominicana. Y los responsables de la traición a la Tercera República son hoy héroes dominicanos cuyos nombres adornan estatuas, calles, escuelas y monumentos en todos los rincones del país.
Es verdad que los países pequeños no tienen soberanía, como ha sido teorizado desde el siglo XVIII hasta hoy (Emer de Vattel y Stepehn D. Krasner). Pero ante este problema real, nuestro Américo Lugo nos aconsejó lo siguiente: «En toda época, en la presente talvez más que en otra ninguna, la vida de los pequeños Estados se halla amenazada por las necesidades y la ambición de los grandes Estados, los cuales, y esto no debe olvidarse, tienen una misión que cumplir incomparablemente superior a la de aquellos. Pero en toda época el Estado pequeño ha hallado una barrera más eficaz que la fuerza misma en la cordura de la nación que mantiene el orden y la paz de las provincias, y en la habilitad para concertar tratados.» (Carta a Horacio Vásquez, obra citada, 127).
Lo que nos ha faltado, sin que seamos un verdadero Estado nacional, son políticos y estadistas hábiles y sagaces en la concertación de tratados ventajosos con grandes potencias que no nos hagan daño y evitan que otras potencias nos lo hagan. En Cuba han sido hábiles en esto desde 1959, pese a su dictadura de partido único y con Guantánamo ocupado ilegalmente. En aquella isla, los Estados Unidos no dicen quién será el presidente de Cuba. En Nicaragua, Venezuela y Bolivia, tampoco, pese a que son casi regímenes de partido único. Pero en Ecuador (Lenin Moreno), Argentina (Mauricio Macri), Brasil (Jair Bolsonaro) y Paraguay (Mario Audo Benítez), donde existen gobiernos neoliberales, los Estados Unidos de Donald Trump sí señalaron su candidato. Pero la guerra mediática de las grandes cadenas de televisión estadounidenses, la contrainsurgencia ideológica ultranacionalista a lo Steve Banon y los apoyos económicos subterráneos sí tumban gobiernos no adictos a los Estados Unidos o encumbran a políticos ancilares de sus intereses.
¿Por qué le sucede todo esto a nuestro país? Respuesta. Mientras exista la co-soberanía como secuela del Plan Hughes-Peynado aprobado por los viejos caudillos e intelectuales oligárquicos y mientras haya un Estado dominicano clientelista y patrimonialista, el jefe del gobierno de turno de los Estados Unidos de América decidirá cada cuatro años quién será el presidente de la República Dominicana.
Notas
- Isabel de León Olivares. Defender la nación. Intelectuales dominicanos frente a la primera intervención estadounidense. 1916-1924). Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2019. Abreviado de ahora en adelante DN, seguido del número de la página.
-
Véase su carta del 20 de enero de 1916 a Horacio Vásquez, en Julio Jaime Julia. Antología de Américo Lugo, t. II. Santo Domingo: Taller, 125-128.
-
Según consta en el libro de Luis F. Mejía, De Lilís a Trujillo. Historia contemporánea de la República dominicana, Santo Domingo: Editora de Santo Domingo, 1976, pp. 189-190, citado por Isabel de León Olivares, DN, 167.
-
Federico García Godoy, Al margen del Plan Peynado. La Vega: Tipografía el Progreso, 1922, p. 28, citado por De León Olivares.