El 25 de octubre de este año, la Dra. Rosario Espinal, brillante socióloga (de la que tengo el placer de ser amiga) escribió un artículo sobre populismo penal e impunidad. En el mismo, reflexiona sobre cómo se podrían estar aprovechando de este concepto para propiciar impunidad en el país a propósito de sonados casos de corrupción. Lo que es una consideración atendible, que obliga a mirar con atención primero la labor del Ministerio Público y luego la labor jurisdiccional.
El 3 de noviembre, el profesor Eduardo Jorge Prats, de quien tengo el gusto de haber sido alumna en la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, escribe “¿Quién quiere ser Atticus Finch?, a propósito del artículo de Espinal. En el mismo, establece que populismo penal es: “Lograr el consenso político mediante el uso demagógico y coyuntural del Derecho penal para satisfacer las demandas de seguridad ciudadana azuzadas por el miedo social.” A partir de ahí, reflexiona sobre los peligros de una administración de justicia que se ejerza sobre la base del miedo social generalizado y criminalización de la pobreza, que propugna este enfoque.
Hasta ahí, mi acuerdo con Jorge Prats es total; estoy convencida de que el populismo penal deviene en una enfermedad de las democracias permeadas por la falta de institucionalidad, que llega a considerar como la única o la mejor vía para “satisfacer” la necesidad ciudadana de que se aplique justicia, sea el “tránquenlo y después averigüen”.
Ambos artículos, escritos de forma brillante, plantean algunas situaciones: Espinal, que desde la excusa de no hacer populismo penal con los casos se llegue al otro extremo, no tener casos. Y todos los procesados en una situación determinada, poco tiempo después, estén en sus casas, los procesos queden entrampados en tecnicismos jurídicos y se diluyan en el tiempo, sin que se establezcan responsabilidades y cada quien pague el precio de sus actos. Jorge Prats, nos invita a comportarnos como Atticus, en la novela (luego hecha película) “Matar a un ruiseñor”, que narra la historia de un abogado, que asume la defensa técnica de oficio, en un pueblo del sur estadounidense racista y prejuiciado, de un negro acusado de violación y lo hace buscando la verdad de los hechos, a costa de no ser entendido y atacado por sus compueblanos que hasta ese momento le admiraban y querían.
Ambas reflexiones son válidas, nos dan la posibilidad de encender las alarmas, para que, ahora no seamos más “papistas que el Papa” y en los casos de la gente muy rica (sobre la que no tenemos claridad de porque han logrado acumular tanto dinero); que pueden pagar defensas muy caras, esas defensas logren envolvernos en discursos sobre la administración de justicia transformada en “circo”. O sea, intentar presentar como “víctimas del populismo penal”, personas y casos que no entrarían en la construcción original del concepto.
Karina Mouzo aclara en su texto Inseguridad y “Populismo Penal”, que tanto este, como el aumento de las penas, no son aceptados como verdades inapelables. Y que, si bien es cierto de que el “populismo penal” se presenta como la promesa de que, a partir de un endurecimiento del sistema penal se puede acabar con el delito. Y por eso, lamentablemente cala en una sociedad que busca respuestas a su situación de inseguridad. No es menos cierto, que puede ser un gran contrasentido muy peligroso, pues deja a la opinión pública situaciones que deben ser ponderadas y resueltas por personas expertas; de ahí, que la aplicación del derecho debe ser un acto profesional.
Por todo esto, me gustaría advertir que no se nos puede olvidar que Atticus, actuaba en defensa de un probable inocente, culpado por el racismo y el prejuicio; no de probables culpables, que parecería se han adueñado del dinero del pueblo, no puedo afirmarlo, porque no tengo una sentencia con carácter de cosa irrevocablemente juzgada; pero si me preguntan mi parecer, yo creo que sí. Y estoy clara de que en los casos de corrupción la carga de la prueba no se invierte; no estoy pensando en el fin del principio de presunción de inocencia. Lo que quiero recordar que, así como ningún derecho es absoluto, ningún principio tampoco. Pero, no nos rindamos a la víspera, exijamos que cada parte envuelta en el proceso haga su trabajo, y se consoliden los casos, para que pueda ser demostrado en justicia el atropello ciudadano. Es a lo que aspiramos y a lo que tenemos derecho.
No queremos impunidad; muy al contrario, queremos que quien comete un hecho responda y pague las consecuencias del mismo. Queremos parar el aumento del delito y del crimen. Queremos recuperar el espacio público, que nos robó la inseguridad. Queremos que haya una real mejoría de las condiciones de vida, que pasa necesariamente por vivir con seguridad y sin impunidad. Y esto no lo podemos lograr sin respeto al debido proceso y a la independencia jurisdiccional. Sobre todo, sin miedo. Ni populismo, ni impunidad.
Dignidad, debido proceso, respeto, independencia, transparencia, calidad y probidad. Y haréis justicia.