No es secreto para nadie que una parte importante de los recursos del Estado son dilapidados por funcionarios públicos que incurren en la detestable práctica de la corrupción y el nepotismo. Tales prácticas se han convertido en el pan nuestro de cada día, y se pasean con total descaro frente a la mirada atónita, en ocasiones; impasible, en otras, de los ciudadanos dominicanos.

En efecto, hoy en día es usual escuchar que tal o cual determinado funcionario público –que, en muchos de los casos, dirige alguna dependencia gubernamental cuya función y verdadera utilidad desconocemos- ha designado y/o empleado en la institución que dirige a familiares y allegados suyos, quienes, en su mayoría, carecen de la más mínima aptitud para desempeñar el “cargo” con que han sido beneficiados. No extraña tampoco que, en adición a no contar con la capacidad requerida para el cargo con que han sido honrados, estos parientes y allegados perciban sus salarios sin siquiera presentarse a la dependencia estatal para la que alegadamente laboran y, por ello, reciban como “premio” un elevado salario, que, en definitiva, sale de las costillas de los ciudadanos que pagamos impuestos religiosamente. La práctica ha llegado a un nivel tal, que en ocasiones se crean cargos ficticios sólo para hacer figurar en nómina al primo, la tía, la esposa, la novia del hijo, y hasta a la empleada doméstica del funcionario público en cuestión.

En los últimos días, las reputadas periodistas Nuria Piera y Alicia Ortega han denunciado diversos casos de nepotismo en que han incurrido funcionarios públicos, como es el caso de Pedro Corporán, Presidente del  Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP); Juana Sánchez, directora de la Dirección General de Comunidad Digna (DGCD), y Raulín Ramón Paulino, alcalde del distrito municipal El Limón, en Samaná. Como éstos, podemos citar numerosos casos, que sólo provocan indignación y revuelo en el momento mismo de ser develados, pero que, al cabo de unos días, son relegados al olvido o pasan a ser “expedientes sin resolver” por las autoridades competentes.

En este punto, es importante señalar que la práctica del nepotismo se encuentra prohibida por el artículo 80, literal 15) de la Ley No. 41-08, de Función Pública, al disponer que a los servidores públicos les está prohibido: “Prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía.”

A pesar de que las faltas previstas por la Ley No. 41-08, previamente indicada, son de naturaleza meramente disciplinaria, y de que las sanciones que acarrean estas faltas se encuentran previstas en los Artículos 81 y siguientes de la citada Ley, en la práctica, el nepotismo no es objeto de sanción alguna y cuenta, al parecer, con el beneplácito de las autoridades que están llamadas a reprimirlo.

En momentos como éste me pregunto para qué sirven dependencias tales como la Comisión de Ética y Combate de la Corrupción; o la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), que en todos estos años no ha dado la más mínima muestra de hacer honor a su nombre y perseguido a los parásitos de la corrupción que pululan en las instituciones del Estado;y qué utilidad tienen las auditorías llevadas a cabo por la Cámara de Cuentas, que, en la mayoría de los casos, revelan la comisión de serias irregularidades en el manejo de los fondos con que son dotadas las entidades gubernamentales. ¿Con qué cara se le dice al pueblo dominicano que deben fijarse nuevos impuestos, que urge una reforma fiscal debido al déficit del Estado, cuando los recursos de este último son dilapidados de manera tan burda y grosera? ¿Cómo es posible afirmar que el Estado carece de los recursos necesarios para su sostenibilidad, cuando los recursos existentes son utilizados para el disfrute y beneficio de unos cuantos? ¿Cuándo se les hará entender a los funcionarios públicos, por las vías legales correspondientes, que las dependencias e instituciones estatales no son negocios familiares para su provecho personal? ¿Cuándo las autoridades dejarán de ofender al ciudadano con su desidia y falta de interés en sancionar tales prácticas malsanas? ¿Acaso algún día se hará lo que nunca se ha hecho? Esperemos que estas interrogantes encuentren respuesta en un futuro no muy lejano; por el momento, todo parece indicar que al menos Hotoniel se cansó de bostezar en el despacho que ocupaba en la DPCA.