En República Dominicana es un consenso generalizado que el gasto en salud es muy bajo, apenas un 1.9% del PIB. Pero cuidado: este es solamente el gasto público. La verdad es que ya para 2015 el gasto total en salud alcanzó el 5.8% del PIB. Entonces ¿cómo es posible que con un gasto tan alto la salud dominicana se encuentre en un estado tan calamitoso? La respuesta tiene dos partes: cómo está diseñado el sistema de salud, y qué pasa con todo ese dinero cercano a los 200 mil millones de pesos anuales.
Lo que sucede es que mientras el Estado se achica y retira, bajo la égida de la industria financiera (incluidos Banco Mundial y BID) la salud es convertida en mercancía y entregada al negocio y el lucro privado, empezando por las ARS. Lo que hace el Estado se orienta casi exclusivamente a la gran infraestructura, sin planificación y también en alianza con los privados.
Entre 2007 y 2017 las ARS privadas tuvieron ingresos sobre los 200 mil millones de pesos, y se llevaron (entre ganancias y “gasto administrativo”) 28,500 millones. Solo en 2017 lograron un beneficio neto de 857 millones de pesos, que sumados a los “gastos generales y administrativos” superaron un total de 4520 millones de pesos. Hay que agregar que “gracias” a una resolución muy conveniente, las ARS no tienen que informar cuál es su tasa de rentabilidad ni quiénes son sus dueños y socios.
Para que se entienda: Como las ARS no pueden competir poniendo los precios y productos que quieran, la única manera de obtener tales niveles de ganancia y de “gastos” es restringiendo lo más posible las atenciones y coberturas. Eso es así en RD, Chile, Colombia y donde sea. Por eso a las personas no les corresponden derechos reales, sino “paquetes de prestaciones”, para no afectar la “sostenibilidad financiera” del negocio, y tendrán servicios según su seguro, es decir según su ingreso y su clase social.
Por eso la gente se muere, sobre todo en la gran mayoría que gana menos de 25 mil pesos. Por eso decimos que la ganancia de este negocio es nuestra pérdida, su salud es nuestra enfermedad y muerte. Y por eso señalamos que este sistema constituye una corrupción legalizada.
Esta fabulosa “maquinita de los cuartos” se agrava cuando se observa para dónde va el dinero que las ARS administran, tanto en el “seguro contributivo” como en el “subsidiado”. El 93% del dinero de los afiliados en el régimen contributivo va para prestadores privados. En el régimen subsidiado esto pasó de ser un 14% en 2010 al 47% en 2017.
La sociedad dominicana pone con sus impuestos y cotizaciones unos recursos descomunales para financiar un sistema de salud que viola la Constitución y los acuerdos internacionales, convertido intencionalmente en una fabulosa maquinaria de transferencia de riquezas para ARS, bancos y clínicas. Así no hay manera en que la gente tenga derecho a la salud, que exista Primer Nivel de verdad ni que los hospitales públicos se salven.