Como país nos enfrentamos a un dilema, ya que no somos tan pobres como para recibir asistencia para el desarrollo, ni tan prósperos como para no necesitarla. En consecuencia, los fondos de cooperación internacional que recibíamos cayeron un 70% entre 2015 y 2019 (OCDE 2019), mientras que en julio de 2021 la ONU le solicitó al gobierno incrementar el apoyo para detener el hambre mundial. Todo esto mientras el 23.4% de los dominicanos se encuentran en situación de pobreza, la deuda pública alcanza el 70% del PIB y se mantienen grandes rezagos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por consiguiente, la República Dominicana necesita optimizar un flujo decreciente de fondos internacionales, afrontar su responsabilidad de cooperar con otras naciones y explorar fuentes alternativas de asistencia. Sin embargo, la institucionalidad existente para esto se encuentra rezagada respecto a la experiencia global.
Concretamente, en el país existe un Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID) con tres entes rectores: el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que dirige la política de desarrollo nacional y las demandas de asistencia a través del Viceministerio de Cooperación Internacional y 2 direcciones (cooperación bilateral y multilateral); la Cancillería que rige la política exterior a través de 3 viceministerios (cooperación internacional, relaciones bilaterales y relaciones multilaterales) y Hacienda que gestiona el presupuesto nacional.
En cambio, países como Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Colombia, México, Chile, Brasil, entre muchos otros, han decidido unificar gran parte de estas funciones en agencias de cooperación que coordinan de forma integral la demanda, oferta, monitoreo y fondos de la asistencia internacional. Esta práctica reduce la duplicidad de funciones, la burocracia, las rivalidades y los quiebres de comunicación que pueden existir entre las distintas entidades del gobierno.
Por consiguiente, el Gobierno Dominicano debería emular la tendencia global y unificar el Viceministerio de Cooperación Internacional del MEPYD y el MIREX bajo una Agencia Dominicana de Cooperación, posiblemente adscrita directamente a la Presidencia, que asuma las funciones concernientes de la cooperación bilateral y multilateral, en sus formas Tradicional, Sur-Sur y Triangular.
Así mismo, se deben profundizar los estudios sobre necesidades y capacidades en el país con miras a construir un catálogo priorizado de demandas y ofertas de cooperación que permita la transmisión de experiencias y buenas prácticas con entidades públicas y privadas del orden nacional, provincial y municipal de otros países. Un buen ejemplo de este proceso fue el realizado por Colombia que identificó 560 líneas de demanda y 350 buenas prácticas (APC 2018), mientras que en nuestro país el ejercicio equivalente identificó solamente 6 buenas prácticas (MEPyD 2020). También resulta necesario revisar la nómina y las funciones de las misiones diplomáticas en el exterior a fin de asignar personal específico a la detección de opciones de cooperación y facilitar este proceso en todos sus niveles.
De igual modo, resulta imprescindible crear un fondo especial de cooperación que facilite la movilización de recursos y el despliegue de misiones dominicanas (humanitarias, médicas, deportivas y profesionales) en el exterior de forma transparente, ordenada y eficiente. Esto es especialmente importante en el contexto caribeño donde el Calentamiento Global genera un incremento en la frecuencia y severidad de desastres naturales como los ocurridos en Haití, Puerto Rico, Bahamas y Honduras en los últimos años.
Cabe resaltar que, dada la carencia de recursos suficientes para cooperar con otros países, se deben explorar más alternativas de cooperación triangular donde un tercer país, generalmente desarrollado, financia las actividades. Esto le permitiría a la República Dominicana fortalecer sus capacidades, transmitir buenas prácticas y su experiencia, y posicionarse como oferente de asistencia. Sin embargo, la cooperación Sur-Sur con otros países latinoamericanos puede permitir un intercambio de experiencias cuyos beneficios pueden superar significativamente los costos asociados.
En este punto, debemos referirnos a la situación de Haití que atraviesa una profunda crisis económica, política y social, agravada por los eventos naturales adversos como el sismo del 14 de agosto y otros desastres de origen natural. Como naciones vecinas y hermanas es imperativo favorecer la estabilización y desarrollo de Haití, así como movilizar recursos internacionales para su atención en ambos lados de la frontera. Este aspecto se podría dinamizar con una estrategia clara desarrollada a través de la posible Agencia Dominicana de Cooperación.
Esperemos que el presidente Abinader considere esta sugerencia y de un paso trascendental en la política exterior dominicana.