En ocasiones el ciudadano común pierde las esperanzas en que algún día la institucionalidad funcione en el país y salir del círculo vicioso de la pobreza y la corrupción.
Las democracias ficticias, caricaturescas o "restringidas" o cualquier término que se quiera usar revela una realidad que parece ser ineludible: las instituciones creadas por nuestras cartas magnas y leyes adjetivas no funcionan.
Estamos repletos de normas en todas las áreas, miles de ellas. También se han realizado varias reformas constitucionales y sin embargo el status quo o la situación de desamparo legal sigue.
De esta situación podemos colegir que el problema no está en hacer leyes o instituciones para que las cosas funcionen. Se necesita de cambios en los hábitos y mentalidades de los actores políticos.
En estos momentos el escenario es propicio, a través del programa de acción por la institucionalidad democrática en el cual intervienen importantes entidades de la sociedad civil.
Es allí donde se podrían sentar las bases para un gran acuerdo político social para definir el perfil de los árbitros que queremos para dirigir importantes procesos democráticos.
Podríamos decir que uno de los puntos débiles de nuestra democracia imperfecta es que no tenemos buenos árbitros.
Necesitamos jueces, legisladores y miembros de otras instituciones que asuman su rol institucional de defender el bien social y el orden legal constitucional.
Que se constituyan en "muros de contención" ante las apetencias políticas y económicas de turno.
Estas aspiraciones no son utópicas. Solo basta un amplio esfuerzo de todos los sectores. Ya iniciamos y estamos seguros de que la ciudadanía se empoderará.