“Los políticos son iguales en todas partes. Prometen construir un puente incluso donde no hay río”- Nikita Kruschev.

Decenas de miles de empleados públicos fueron y siguen siendo todas las semanas desvinculados de sus funciones en el gobierno del presidente Abinader. El caso del Ministerio de Educación es patético: allí se cuentan por decenas de miles, especialmente en el ámbito administrativo.

La justificación pública tiene dos vertientes: la primera, enraizada en el clientelismo ancestral que domina las estructuras estatales y paraestatales, justifica los despidos diciendo que es un comportamiento normal de todos los gobiernos. Su versión extrema recurre al argumento de la equidad: es justo que los compañeros de partido disfruten ahora, luego de un largo ostracismo, del presupuesto de la nación.

Poco importa que miles de servidores públicos experimentados y de muy respetable calificación y especialización profesional y técnica deambulen ahora por las calles. Así, mientras el gobierno gasta por un lado miles de millones de pesos en el amortiguamiento de los efectos económicos de la pandemia, por otro incentiva el desempleo masivo, la desprotección social y la desesperanza.

Otra sabia justificación del fenómeno es la afirmación alegre de que muchos de los desvinculados no tenían función conocida. Sencillamente personificaban un costoso parasitismo estatal. Pero la realidad es que las llamadas botellas representan una porción mínima del universo de desvinculados. Esta hipótesis se refuerza con el hecho de que el gobierno no ha ofrecido ninguna prueba convincente al respecto. 

Defendemos la integridad, formación, alta especialización y largos años de servicio de la mayoría de los cancelados por el llamado “gobierno del cambio”. Este magno acto clientelista no representa ninguna modalidad de racionalización del gasto público. Aunque sea por el hecho incontrovertible de que los despedidos son suplantados inmediatamente por miembros del PRM o por los familiares, amigos y relacionados de los nuevos incumbentes. La gran economía de recursos consiste en que los sueldos son iguales o mayores a los preexistentes. Y lo peor es que la mayoría de los recién llegados no pueden explicar con algún grado de profundidad, corrección gramatical y certeza cuáles son las misiones de sus cargos. Es la reedición de la experiencia del aciago período 2000-04.

Las desvinculaciones masivas representan un acto de injusticia mayúsculo por dos razones: primero, ocurre en una situación de excepción en la vida de la nación generada por la pandemia de la covid-19; segundo, hasta el momento el gobierno solo ha honrado una parte de las prestaciones de ley, la que corresponde al sueldo 13. No será por falta de recursos ya que el presidente anuncia todas las semanas gastos y supuestas nuevas inversiones por miles de millones de pesos, además de multimillonarios nuevos empréstitos externos para apoyar el déficit presupuestario. 

Esta tardanza en el cumplimiento de la ley, por lo demás, ocurre en la época navideña en la que los gastos de las familias se incrementan sustantivamente.

De acuerdo con fuentes del mismo gobierno, las cancelaciones arreciarán en enero y seguirán durante todo el primer semestre del año 2021 que seguramente transcurrirá bajo el domo del SARS-CoV-2. Solo podemos decir que es un comportamiento típico de un sistema clientelar que el actual gobierno terminará modernizando. Un sistema que es también y fundamentalmente estructuras, engranajes, relacionamientos, nepotismo, favoritismo y negocios camuflados.

En medio de tantas iniciativas de política y politiqueras, el presidente Abinader debería crear un fondo de asistencia a los veteranos de la Administración cancelados, mayores de edad, meritorios, con funciones reales y vidas ejemplares. Quizás los recursos necesarios resulten menos que los autorizados a los artistas sin que cumplieran los procedimientos que la normatividad exige. 

Por último, deberíamos acercarnos a los detalles del viacrucis de los empleados de carrera, protegidos por la ley. La información que tenemos es que son marginados, subutilizados o despedidos bajo el manto de una falsa legalidad.

En definitiva, en sus vertientes cruciales, la Función Pública en el llamado “gobierno del cambio” es un adefesio, una ilusión, una lejana posibilidad atrapada en las garras de un clientelismo que sigue siendo voraz, prepotente y abusador.