Cuando en el año 1932, el arquitecto de la Cosa Nostra, Lucky Luciano, se convirtió en el Jefe de la Mafia, creó un cargo en su gabinete criminal para el manejo de las relaciones con las esferas políticas, judiciales y policiales, al frente del cual designó al capo Frank Costello, calificado por Eric Frattini, en su libro Mafia, S.A., como el más grande corruptor de políticos.
Ese mismo año se celebró la Convención Nacional del Partido Demócrata en Chicago, en la que resultó elegido Franklin D. Roosevelt. Relata Frattini que, en ocasión del evento, Frank Costello, a quien todo el mundo de los bajos fondos comenzaba a conocer como el primer ministro, se hospedó en el Hotel Drake, donde se encontraban las principales figuras, lo que le facilitó darle la mano a quien después se convertiría en Presidente de los Estados Unidos.
La convención puso en evidencia la situación de corrupción que se vivía en algunos partidos estadounidenses, a tal extremo que después de Costello haber comprado una gran cantidad de candidatos, el Capo di tutti Capi, Lucky Luciano, le dijo a éste que en lugar de acercarse a candidatos ya nominados el sindicato nombraría a sus propios candidatos.
No se puede negar que más allá de este tiempo y de nuestra región, en este y el otro lado del Atlántico, los narcotraficantes han corrompido la política con el financiamiento ilegal, en la cual han encontrado cómplices, pero también a políticos honrados y valientes que los han enfrentado hasta a costa de sus propias vidas.
Hoy como ayer, el crimen organizado invierte su ilegal dinero en la política en busca de poder para realizar sus actividades delictivas sin mayores dificultades. Para ello le aportan dineros a algunos partidos y candidatos, casi siempre, durante las campañas electorales. También, pero en muy pocos casos, participan directamente en la actividad política.
Por otro lado, se debe estar consciente de que cuando un ciudadano se afilia a un partido político, sin importar la actividad a la que esté dedicado, salvo que se encuentre cumpliendo una condena, tiene derecho a ser postulado a cargos de elección popular.
Quien resulta seleccionado como candidato de un partido a un cargo de elección popular no puede ser sustituido mediante ningún mecanismo interno, salvo que renuncie formalmente a la candidatura, se le compruebe una violación grave a la Constitución o a la Ley 33-18 o haya sido condenado penalmente mediante una sentencia irrevocable, para lo cual el partido deberá obtener la autorización de la Junta Central Electoral.
Por tanto, prevenir y evitar la infiltración de narcotraficantes en la política debe ser un compromiso sagrado del liderazgo político, el cual, desafortunadamente, ha contribuido con el fomento del criterio que ha prevalecido en las últimas décadas en los partidos en el sentido de privilegiar a quienes tengan más dinero como candidatos a los cargos de elección popular.
No se puede negar que las competencias internas de los partidos, debido a su elevado costo, son cada vez más inequitativas, lo mismo que las elecciones nacionales, por lo que para que sean equitativas e íntegras, la Junta Central Electoral y los partidos deben crear las condiciones necesarias para reducir los gastos de campaña, aplicando mecanismos efectivos para el cumplimiento de los topes de gastos y de la transparencia en el financiamiento privado.