1.- Porque la Operación Falcón ha llamado la atención de amplios sectores de la vida nacional en el curso de esta semana, para refrescar la memoria de los que tienen problema con el olvido he publicado documentos que prueban los vínculos, en el pasado, del narcotráfico con el Congreso Nacional y los cuerpos armados. En esta entrega expongo la ligazón desde hace muchos años de los narcos con el servicio judicial.
2.- En mi condición de presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, el día 7 de enero de 1988, denuncié ante la opinión pública nacional dominicana que un juez de Santiago, el 23 de diciembre del pasado año 1987, aprovechándose de las fiestas navideñas, había ordenado la libertad de un narcotraficante detenido porque había sido apresado con un saco con cocaína; que el narco había pagado al magistrado RD$ 25, 0000.00, en billetes de un mil pesos; que al fiscal, para que ejecutara la decisión le habían entregado, a nombre del general Antonio Imbert Barreras, una pistola con la cacha de oro. Luego de mi denuncia, el procurador general de la República ordenó una investigación a ejecutar por la licenciada Semiramis Olivo de Pichardo, la cual se desempeñaba como procuradora general de la Corte de Apelación de Santiago.
3.- Comprobados los hechos por mi denunciados, el fiscal fue cancelado, el juez premiado con un traslado y reapresado el narcotraficante que había logrado su corrupta libertad.
4.- En razón de que el nombre del general Imbert Barreras, estaba de por medio, me reuní con él, y le hice saber todo lo relacionado con el asunto y la mención suya en el caso. Esto motivó que el general Imbert, hiciera pública una carta, con los siguientes términos:
“Distinguidos Abogados”:
“Me complace acusar recibo de sus correspondencias de fechas 4 y 12 de febrero en curso, en las cuales solicitan informaciones que consideran de interés para esa asociación de profesionales del derecho”.
“En torno a las mismas, debo significarles que me ha causado profunda extrañeza e indignación, la versión mentirosa puesta a circular por el Dr. Julio de Peña Santos, en el sentido de que es Asesor Legal del suscrito, con la intención deliberada de sacar ventajas o provechos personales, de acciones delictivas que se ventilan en órganos jurisdiccionales del Departamento de Justicia de Santiago, que he perseguido y combatido decididamente desde el mismo instante en que fui honrado por el Excelentísimo señor Presidente de la República, como titular de esta cartera militar, me refiero distinguidos juristas, a las actividades del narcotráfico internacional, flagelo de las sociedades de nuestros tiempos”.
“En otro aspecto de su interés, niego enfáticamente haber donado arma de fuego alguna al Lic. Augusto Lozada Almonte, ex-Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago y que mucho menos haya utilizado la vía del aludido letrado para efectuar la entrega de la misma; si en consideración a la investidura de funcionario del Poder Judicial, decidiere asignar arma de fuego a una persona, porque así lo demande la preservación de su integridad física, les aseguro, que habré de recurrir a los procedimientos establecidos rigurosamente en los institutos armados para realizar cargos de este tipo de propiedad”.
“Finalmente, deseo dejar constancia en el seno de esa Asociación, de que en esta fecha estoy impartiendo instrucciones precisas a la Consultoría Jurídica de esta Secretaría de Estado, para que proceda a instrumentar el expediente correspondiente en contra del Dr. Julio de Peña Santos, a fin de ser sometido a la acción de la justicia ordinaria en manos del Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, para que responda de los cargos de crimen de comercio y tenencia de arma de fuego, y del delito de usurpación de funciones militares, hechos previstos y sancionados por los artículos 2, 39 párrafo IV, de la Ley No.36, modificada, sobre Comercio Porte y Tenencia de Armas; y 258 del Código Penal. Sin otro particular, atentamente. Antonio Imbert Barrera, Teniente General, E.N. Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas”. [1]
Al día siguiente de publicada en diferentes periódicos del país, la carta del general Imbert, el narcotráfico, con el fin de intimidarme, dejó colgada en la puerta de mi oficina de abogados, una mano humana, con una nota que decía así: “una de las tuyas, también la dejaremos aquí”.
Los narcotraficantes y sus cómplices en Santiago no lograron amedrentarme, porque le di continuación a las denuncias en su contra, apoyándome en la opinión pública sensata, el movimiento obrero y sindical, así como en los clubes culturales, que para la época constituían una fuerza cívica en el seno de la sociedad dominicana.
[1] El Nuevo Diario. 17 de febrero 1988.