De acuerdo al Reporte sobre la Situación Mundial de las Drogas, de Naciones Unidas, tanto el consumo como la producción se han incrementado en los últimos años a nivel mundial.
El mercado mundial de la droga tiene unos 200 millones de consumidores, siendo el volumen estimado del negocio de U$ 320,000 millones de dólares al año. Asimismo, según la ONU, el número de adictos aumentó en un 8%.[1]
En el caso de República Dominicana, en base a los indicadores de delitos del Ministerio Público, encontramos que en el periodo 2005-2010, el delito de narcotráfico es el más frecuente de todos, con 24,576 casos, para un 40.27%.[2]
Pero el asunto va un poco más allá. En la mayoría de los países, productores o no, la fabricación, tráfico y consumo de drogas se ha infiltrado en las esferas de gobierno, envolviendo en sus redes hasta los funcionarios de más alto nivel. Así también, ha ido permeando las actividades productivas y económicas, y los medios de comunicación de masa.
Por demás, la política criminal al problema de las drogas que los Estados Unidos ha exportado al mundo, ha potenciado la transformación de los grandes traficantes en grupos de poder, capaces de manejar sectores enteros de la economía.
A pesar del claro objetivo de dirigir los esfuerzos preferentemente contra los grandes traficantes, la situación de ilegalidad de las drogas ha hecho aumentar enormemente la tasa de beneficio y en consecuencia, ha hecho posible la creación de estructuras de poder difíciles de contraatacar.
¿La despenalización de la venta y consumo de drogas podría ser la solución factible?
Sabemos que la respuesta penal no es el método eficaz para luchar contra el crimen organizado a escala mundial, sobre todo porque las penas duras caen sobre los eslabones inferiores de la cadena de distribución, en el caso del narcotráfico, y no sobre los bienes productos del lavado de dinero de los grandes magnates.
Otro asunto importante en discusión es la incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas en la “guerra” contra las drogas, dando paso a que se inmiscuyan en cuestiones de seguridad pública que le competen a los cuerpos policiales.
Por ejemplo, en Brasil, donde existe una creciente vinculación del narcotráfico con el crimen organizado, se mantiene el principio de no-intrusión de las Fuerzas Armadas en las labores de inteligencia. Paradójicamente, el Congreso ha votado una ley que autoriza a la Fuerza Aérea a efectuar el derribo de aviones no identificados (como se pretendía hacer aquí).
En el resto de Latinoamérica, el narcotráfico también incide en la vida política. Durante el boom de producción de cocaína entre 1980 y 1986, la corrupción política alcanzó niveles escandalosos, lo que le permitió a las organizaciones narcotraficantes actuar con toda impunidad bajo la complicidad de varios de los sectores sociales y económicos, acrecentando de forma inaudita sus cuentas bancarias y su poder político.
Esta situación hoy día todavía se mantiene en la región, sumándole que estas organizaciones ahora cuentan con mayores herramientas tecnológicas para burlar y escapar los sistemas de detección y persecución.
Entonces, me pregunto: ¿la despenalización de la venta y consumo de drogas podría ser la solución factible?