Los perjuicios más graves para las estructuras orgánicas de un Estado, se derivan del hecho de que estén permeadas por la narcomentalidad, de un liderazgo político determinado tal como ha ocurrido en algunos países latinoamericanos.
Este fenómeno comenzó desde hace varias décadas, cuando de manera paulatina los liderazgos políticos empezaron a coludirse con personajes que adquirieron grandes riquezas y poder con el tráfico de las drogas. La narcomentalidad en algunos líderes políticos, surgió de esos pactos, principalmente en los años ochenta para garantizar grandes capitales destinados a sus campañas políticas.
Esta complicidad a la que se suman factores verdaderamente desastrosos como los asesinatos, robos, extorsiones entre otras cosas es muy reciente, incluso ha sido tema de una de las mejores novelas del notable escritor ya fallecido Gabriel García Márquez llamada “Historia de un secuestro” publicada por primera vez en 1996, basada en la historia real de secuestro de figuras prominentes de la sociedad colombiana por el narcoterrorismo en los años noventa.
Esta novela, unida a miles de testimonios de las víctimas del narcoterrorismo, revelan como tristemente con los años, la colusión de líderes y después funcionarios estatales con los narcotraficantes ya notorios, a la postre fue asimilada por Estados débiles desde el punto de vista institucional a un grado tal que parecía indisoluble, tal como pasó en Colombia y ahora en México.
Asimismo, demuestra que los países latinoamericanos se encuentran inmersos en la geopolítica del narcotráfico mundial, que se expresa en la violencia descontrolada, la corrupción institucional o la ineficacia de organismos de represión.
Los delitos derivados de actividades comerciales ilícitas crece y mucho más desde la Convención Única de Estupefacientes de 1961, y los 100 años de la Convención del Opio de 1912, que son dos hitos históricos que se crearon para corregir el problema.
La narcomentalidad tal como la hemos explicado en la entrega del domingo anterior, produce arraigos sociales perniciosos que con los años son muy difíciles de superar. Si las estructuras orgánicas de un Estado para supervigilar el ejercicio político de los partidos y sus candidatos son débiles o casi nulas, existe una enorme posibilidad de que narcocapitales encuentren espacios para escabullirse.
Por ejemplo, desde hace algún tiempo en el país se está discutiendo la aprobación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que entre sus regulaciones está la forma de controlar los recursos que reciben las agrupaciones políticas, las cuales deberán detallar a la JCE una relación de gastos de los aportes recibidos y sus fuentes, así como los egresos. También nombres y cargos con las personas autorizadas a recaudar y recibir fondos a nombre de la organización y de las que aprueban los desembolsos.
Esa Ley de Partidos si se aprueba, colocará al país a la vanguardia en la lucha contra la narcocorrupción, que es el principal flagelo que afecta a las sociedades latinoamericanas, la mayoría con estados débiles y democráticamente infuncionales, afectados por graves problemas de marginación y pobreza.