Supongo que mucha gente se sorprende cuando en los documentos oficiales del Fondo Monetario Internacional, incluidas las esporádicas cartas de intenciones firmadas por los propios funcionarios dominicanos, se habla de una deuda pública dominicana en torno al 40% del PIB.  Todo ello, porque, según las estadísticas oficiales dominicanas, la deuda pública es mucho más baja.

Es más, lo que habría que considerar como el dato oficial, el que consta en la página web de la Dirección General de Crédito Público, del Ministerio de Hacienda, dice que a diciembre del 2010 la deuda pública total, externa e interna, era de US$14,818 millones, equivalente a 28.7% del PIB.  Y porcentajes ligeramente menores en los dos años previos. Ese es el dato que suele usar el gobierno en sus informes sobre la economía.

El problema es que en torno a esto hay otros datos, que también son oficiales. Por ejemplo, en la Carta de Intenciones firmada para el FMI por los tres responsables principales del área económica del Gobierno, es decir, por el Ministro de Economía, el de Hacienda y el Gobernador del Banco Central, el pasado 7 de octubre del 2010, entre los objetivos para el período 2010-2012 se planteaba que, para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública el gobierno se proponía reducirla a no más de 35% del PIB. Eso significa que el porcentaje era mayor.

Pero todavía más, en la última Carta de Intenciones, firmada por los mismos funcionarios  hace un par de meses, hay un cuadro (Anexo, Cuadro 3) en el que se dice que en el 2010 la deuda pública fue el 41.7% del PIB.  Eso significaría unos 21,540 millones de dólares, lo cual es otro dato oficial, pero no congruente con los anteriores.

Tantos datos oficiales distintos generan confusión. Una parte de la explicación obedece a la ancestral mala calidad de todos los datos que tienen que ver con el manejo de las finanzas públicas dominicanas. Pero la parte mayor se relaciona con la debilidad institucional del país, y particularmente, con el reconocimiento como deuda pública de la llamada deuda cuasifiscal.

En el  momento en que el Presidente Hipólito Mejía ordenó al Banco Central que pagara el dinero que se habían robado en Baninter, se daba por entendido que era con cargo al fisco. Es decir, sería una deuda "fiscal". El Banco Central lo pagó, pero en su contabilidad eso se fue registrando como una acreencia frente al gobierno. Y así tiene que ser, porque lo que pierde el Banco Central lo pierde el gobierno, y a él le corresponde pagarlo. Eso está en la Ley.

Cuando cambió el Gobierno, en vez de comenzar a pagar esa deuda, las actuales autoridades descubrieron que eso era una oportunidad para seguir gastando dinero por encima de sus posibilidades, y que se podía elevar la deuda pública de manera casi ilimitada, sin pasar por el Congreso y sin que la gente se diera cuenta. En agosto del 2004 la deuda cuasifiscal era de RD$90,366 millones, es decir, unos  2,191 millones de dólares, habiendo subido desde entonces a los 6,500 millones de dólares que es ahora. Todo eso el Gobierno lo debe al Banco Central. Y un poco más, porque se añaden una serie de pequeñas deudas antiguas originadas en pérdidas administrativas y financieras del BC.

Entre empréstitos tomados, emisiones de bonos, fraudes eléctricos y fraudes bancarios, el Estado dominicano ha venido acumulando una deuda pública muy grande, de más de veinte mil millones de dólares, particularmente en los últimos diez años como se ilustra en el gráfico que acompaña este artículo.

La acreencia frente al gobierno está contabilizada en el balance del Banco Central como un activo. Pero era un activo "inorgánico" mientras no fuera reconocido como deuda en  la contabilidad del Gobierno. Para asegurarse de que así ocurriera, el FMI presionó que se aprobara una Ley de Capitalización del Banco Central, que obligara al gobierno a formalizar esa deuda y a aportar fondos cada año para cubrir, por lo menos los intereses.

Como suele suceder en el país con todas las leyes, sólo se ha cumplido muy parcialmente, pero según la contabilidad del Banco Central, a diciembre del 2010 el gobierno le debe unos RD$ 314,847.6 millones, equivalentes a US$8,272 millones.  Mucha gente entenderá que lo que el Gobierno le debe al BC no es deuda, que eso no hay que pagarlo por ser ambas instituciones públicas, que se neutralizan mutuamente.

Pero el FMI sabe que eso no es así porque ese dinero a su vez el Banco Central lo debe más adelante, por medio de certificados financieros, depósitos remunerados de la banca y otros tipos de pasivos. Y si el Gobierno no le paga, el Banco Central no tendría con qué devolver ese dinero, a no ser poniendo la maquinita a funcionar. Y eso es muy riesgoso.