El gobierno, envuelto en su burbuja de popularidad, abre cada vez más frente sin cerrar ninguno. El caso de los extranjeros nacidos en el país, que no han podido regularizar su estatus como ciudadanos dominicanos, sigue siendo una espina dolorosa para la Republica Dominicana a nivel internacional.
Miles de esos ciudadanos, mayormente de ascendencia haitiana, se quedaron en el limbo jurídico al no poder acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros dentro del plazo establecido y todo por las trabas burocráticas que se le impusieron y otras dificultades económicas y logísticas de los afectado.
Mientras tanto, los ultranacionalistas y xenófobos siguen amenazando de muerte a periodistas que defienden los derechos de esos extranjeros indocumentados a obtener su ciudadanía como corresponde y abogan por una expulsión masiva de haitianos que nacieron en el territorio nacional y han hecho de este país su lugar de residencia por muchas décadas.
Por lado laboral, el gobierno no acaba de definir el tema del aumento salarial, dándole largas y largas a ese controversial asunto. Lo mismo pasa con el Código Laboral, que tienen meses en discusión y nada indica que se está llegando a una solución.
En pacto eléctrico, es otro intento infructuoso, donde convergen partidos políticos, empresarios, sociedad civil, gobierno, empresas generadoras y cuchumil gente más que están asesorando el proceso. Esa es la mejor forma de jamás alcanzar un acuerdo satisfactorio, mientras los apagones financieros aumentan y el gobierno se enfrasca en una deuda de US$3,000 millones (incluyendo comisiones, intereses y otros costos recurrentes) para instalar dos nuevas plantas de carbón que generan algunas dudas sobre su viabilidad.
El gobierno enfrenta también serios problemas en el sector salud, donde se manifiesta un grave deterioro en la calidad del servicio y en las condiciones laborales en que se desenvuelven los médicos y enfermeras. Un presupuesto pírrico de 2.3% del PIB, que no se ejecuta en su totalidad, no pueden hacer otra cosa que hundir a este sector en su peor crisis en muchos años.
La ley general de Salud y la Ley de Seguridad Social siguen pendiente de aplicación en aquellos temas institucionales, donde se contempla una profunda transformación del Ministerio de Salud, cuyo rol principal sigue siendo chuparse el grueso del presupuesto en una empleomanía inservible.
La Policía Nacional, con sus estadísticas inventadas, habla siempre de reducción de la criminalidad de un año a otro, cuando los asesinatos, robos y asaltos siguen expandiéndose como plaga. A ello se adiciona, la vinculación con el tráfico de droga y la delincuencia, de los que deben proteger la seguridad pública. El escándalo de la DICAN es apenas la punta del iceberg.
La situación cambiaria se complica por la demanda de dólares para pagarle a los generadores de electricidad y a contratistas extranjeros que trabajan en la instalación de las dos plantas de carbón. Para contrarrestar el efecto de las alzas cambiarias, el Banco Central tomó varias medidas para desmonetizar la economía, mientras la inflación registra por cuarto mes consecutivo cifras negativas. La deflación puede convertir la medicina monetarista en un mal mucho peor.
A todo esto, se suma la maldita reelección y las denuncias de Quirino contra Leonel Fernández que a nadie debe sorprender. Y ambas cosas están relacionadas, porque a los dominicanos ya es difícil cogerlos de pendejo. Hay un ambiente de incertidumbre sobre el futuro político de la Nación, porque al margen del supuesto apoyo mayoritario de la población para modificar la carta magna, la reelección le traerá graves consecuencias a este país, como ha sucedido en años anteriores, comenzando por el desfalco de las arcas públicas para promover la candidatura de Medina.
Finalmente, las autoridades deberían abrir una investigación sobre las denuncias publicadas en los medios internacionales de que varios dominicanos, entre otros miles de extranjeros, tienen cuentas secretas en el Banco HSBC que podrían provenir de la evasión fiscal, el tráfico de drogas y el lavado de activos. Ya hay países como Ecuador, que promulgaron una ley y crearon una comisión para investigar esa denuncia y proceder judicialmente contra sus ciudadanos, con cuentas personales o a través empresas off shore, si se demuestra la procedencia ilícita de sus fortunas.
Lo mismo debe hacerse con las denuncias de Quirino Ernesto Paulino sobre las personas que habrían recibido dinero del narcotráfico, donde hay involucrados políticos, empresarios y militares. No es abrir una investigación para defender a alguien, llámese Leonel o San Leonel, sino para aclarar este grave hecho que empaña la imagen del país, del gobierno y de su clase dirigente.