Las elecciones se aproximan y en esa misma medida se presentan una serie de situaciones sorprendentes para la ciudadanía de a pie. Como nunca antes, se han manifestado las ambiciones por el poder de tantos precandidatos. Son unas elecciones bastante complejas, pues se elegirán el mismo día a presidente y vicepresidente, senadores, senadoras y diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas y vice-alcaldes, así como a regidores, regidoras y sus suplentes.
El país se encuentra sumergido en una crisis institucional, económica y política. La credibilidad en las entidades de justicia, policial, municipal, congresual y electoral está en su peor momento. Las grandes inversiones en educación no han traído la calidad esperada. Junto a todo esto ha aumentado la inseguridad ciudadana y los apagones en los sectores más marginados. También se ha reducido el servicio de agua potable y ha empeorado el servicio de salud.
Por otro lado, se ha deteriorado el avance logrado en la democracia, en lo relativo al derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Ahora las cúpulas de los partidos se han encargado de decidir quiénes deben ser las y los candidatos, sin importar si tienen o no hoja de vida social y si cuenta con una ética para el cargo.
Todo esto ha traído un transfuguismo, donde se pone de manifiesto, primero la rebeldía, amenazas, agresiones y muertes, ante las decisiones autoritarias de la dirección del partido y por otro lado el interés personal por encima de los intereses de la sociedad en general.
En toda esta situación se observa la compra y venta de dirigente, así como las negociaciones y nombramientos en puestos públicos. En otras palabras, el uso abusivo de los recursos públicos, que se suman a las inversiones electoreras privadas y a los fondos de fuentes desconocidas.
Muchos líderes hablan de los cambios que requiere el país y el municipio, también de los planes y proyectos de gobiernos para que la gente viva mejor. Sin embargo, son expresiones que ya nadie cree.
En el paquete de aspirantes, muchos han decidido reelegirse en los puestos donde están actualmente, sin haber cumplido con los compromisos y promesas de la campaña anterior y sin tener ningún logro para exhibir. Más bien, solo se comenta de malas prácticas, alejamiento de la población, malversación de los recursos públicos y en bastantes casos enriquecimiento con fondos públicos.
Mientras los aspirantes, candidatos y partidos acaparan los medios y la atención pública con sus manifestaciones, pronunciamientos, dádivas, compra de conciencia y transfuguismo, la población se mantiene pasiva y confundida.
Algunos candidatos y aspirantes quieren ahora, aprovechar el tiempo perdido. Comienzan a hacer pobres reparaciones de calles, reparaciones de viviendas, canalización de cañadas y actividades clientelares con la facilitación de recursos a sus seguidoras y seguidores para mantenerlos activos.
Pero los problemas fundamentales se mantienen en un proceso de franco deterioro: menos agua, menos electricidad, calles y carreteras en peores condiciones, más escuelas, pero débil calidad de la educación; más recursos en el presupuesto nacional y municipal pero menos obras y realizaciones. Por poner un ejemplo. El ayuntamiento de Haina ha recibido en los últimos 15 años más de mil ochocientos millones (1,800,000,000). De éstos debieron invertirse en obras de inversión social, aproximadamente ochocientos millones (800,000,000). Pero la gente se pregunta dónde se han invertido cien millones (100,000,000) en estos últimos 15 años.
Ante todo esto muchas de las organizaciones de la sociedad civil, religiosas y empresariales, a nivel nacional y municipal, se mantienen con un silencio, que más que pasividad, parecer ser complicidad.
Los grandes despliegues publicitarios de las y los aspirantes, sus grandes inversiones, la demostrada capacidad de algunos para hacer fraudes, no ofrecen mucha esperanza para la población.
Se hace necesario que las personas e instituciones comprometidas con la causas del bien común (religiosas, políticas, deportivas, comunitarias, profesionales, etc.), que están interesadas en un cambio positivo de la realidad, que mejore las condiciones del país y del municipio, inicien o fortalezcan una práctica de vigilancia permanente de las gestiones públicas, de reconocimiento a las buenas prácticas y de denuncias de las prácticas irregulares. Todo esto debe incluir la elaboración y presentación de propuestas que contribuyan con un proyecto de vida digna, en una mejor sociedad.