Los gobiernos municipales juegan un papel de gran importancia en lo referente a la seguridad y movilidad vial, recordando que los ayuntamientos como representantes de la municipalidad son las entidades públicas mas cercanas a la población y es por ello que en muchos países del mundo, las leyes y regulaciones que norman los ayuntamientos, consignan una altísima participación y responsabilidades de los mismos en la competencia que regula la seguridad y movilidad de los ciudadanos en sus actividades diarias.
Tomando en cuenta los limitados recursos económicos de que disponen la mayoría de los ayuntamientos de Latinoamérica y el Caribe, el BID elaboró el documento piloto “Guía de intervenciones de bajo costo y alto impacto para mejorar la seguridad vial en ciudades mexicanas”, la cual tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de capacidades de los gobiernos municipales en materia de infraestructura segura a nivel urbano y cuenta con tres objetivos particulares:
- Presentar a autoridades municipales aspectos clave de las políticas de seguridad vial en entornos urbanos y evidencia sobre la necesidad de invertir y desarrollar acciones integrales.
- Ofrecer un modelo de intervenciones a la infraestructura vial de bajo costo y alto impacto, basadas en inspecciones de seguridad vial, medidas correctivas y una evaluación de las mismas.
- Promover la coordinación entre dependencias municipales y entre los tres órdenes de gobierno, facilitando el uso de la información de seguridad vial existente.
Esta guía está dirigida a la realización de intervenciones a la infraestructura vial, identificándose los aspectos que hacen inseguras las calles para todos sus usuarios, es decir, automovilistas, peatones, ciclistas y motocicletas. De esta manera se identifican los lugares que requieren intervención, se aplica el análisis de seguridad vial con respecto a la infraestructura, se diseñan las medidas a aplicar; finalmente se implementan las soluciones o medidas correctivas y es sumamente importante realizar las evaluaciones y seguimiento de tal manera que podamos evaluar el impacto de las medidas aplicadas.
Tal como indica la guía, esta puede perfectamente aplicarse en cualquier país de Latinoamérica y el Caribe para mejorar la seguridad vial, atendiendo a las características propias de cada uno.
En la República Dominicana, la seguridad y movilidad vial está compartida entre el INTRANT, DIGESET y los propios ayuntamientos y ello determina en gran medida que nuestras calles sean inseguras y que estén muy lejos de lo que podrían considerarse índices de movilidad adecuados.
Por un lado, la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, dispone que los ayuntamientos tienen a su cargo el “Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales” y en este mismo sentido la ley que crea el INTRANT (63-17), establece que esta institución “diseñará y establecerá las políticas públicas nacionales de la movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Los ayuntamientos ejecutarán las actividades sectoriales en su demarcación territorial” y finalmente la DIGESET (creada por la misma ley 63-07), a través de “Sus agentes serán responsables de
viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el control y vigilancia en las vías públicas, y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos”.
Como se aprecia, por la disgregación de estas responsabilidades, resultan prácticamente inaplicables, en de cada una de estas entidades y al final del camino, los ayuntamientos tienen muy poca incidencia en lo referente a la seguridad y movilidad vial. Se podría indicar que la participación de la municipalidad es prácticamente nula, lo que añadido al hecho de la poca atención que los gobiernos de turno le dan a tan importante aspecto determina que cada día vayamos retrocediendo y soportando las terribles situaciones que nos presenta el desorden total existente en nuestras vías.
Ante este escenario, parecería conveniente mencionar el caso de la ciudad de Santa Cruz De La Sierra, en Bolivia, ciudad con mas de 2.3 millones de habitantes y un indicador municipal de desarrollo sostenible elevado de 64.1, en donde se promulgó la “ley Autonómica Municipal General de Movilidad Urbana, Integral, Sostenible y Segura”, que otorga y centraliza en la Municipalidad el control prácticamente absoluto de todo lo relativo a la movilidad y seguridad vial de la citada ciudad.
Para empezar a buscar soluciones a este terrible mal, parecería conveniente que el estado dominicano realice un análisis integral que permita visualizar la reestructuración necesaria que requiere el sector.
Con esto no queremos decir que la solución sería centralizar en las municipalidades, por lo menos de las grandes urbes del país, todo lo relativo a la movilidad y seguridad vial, pero de lo que estamos seguros es que como está estructurado el sector actualmente, o como se está administrando, no se vislumbra un buen final.
La municipalidad actual de la Republica Dominicana, adolece de innumerables deficiencias de orden operacional, administrativo y financiero por lo que, si eventualmente esta pudiese ser una vía de solución a la situación planteada, habría que realizar una labor y reestructuración profunda en las municipalidades de las grandes urbes.