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Gregor MacGregor fue una persona con una vida interesante. MacGregor nació escocés y murió siendo prócer y “comandante distinguido” de la Independencia Venezolana. Pero también fue un criminal financiero, que ejecutó uno de los fraudes más notorios de la historia.
Para realizar su fraude, Gregor MacGregor se inventó un país: Poyais. MacGregor se autoproclamó “cacique” o príncipe de Poyais, una colonia ubicada en Centroamérica (en territorio que hoy ocupa Honduras). El fraude consistía en vender bonos soberanos de Poyais a inversores en Francia e Inglaterra.
Según MacGregor, Poyais era un territorio rico en recursos naturales. En 1822, cuando en Santo Domingo iniciaba la ocupación haitiana, MacGregor colocó bonos por GBP 200,000 a una tasa de 6%. Según la calculadora de inflación del Banco de Inglaterra esto equivaldría a GBP 24.1 millones hoy día – aproximadamente DOP 1,644 millones. Pero MacGregor colocó muchos bonos más durante su vida.
Como reseña el semanario The Economist, la gente no sólo invirtió en los bonos de la colonia inexistente – sino que muchos se animaron para mudarse allí para ocupar tierras y ponerlas a producir. Era como una especie de proyecto turístico llave en mano salvo que todo era una farsa. Poyais no existía. Macgregor no era cacique y los papeles que había vendido no valían nada. Con este fraude mucha gente perdió su inversión – y hasta la vida. La promesa de una vida paradisíaca resultó ser una travesía llena de infortunio en una selva centroamericana.
Eventualmente, la gente dejó de creerle a MacGregor, y él tuvo que huir a otros litorales. MacGregor eventualmente se reivindicó. Luchó a favor de la independencia venezolana, convirtiéndose en un prócer. Murió años más tarde en Caracas, pensionado y sepultado con honores militares.
Pero el fraude de MacGregor toca una fibra económica muy específica. En materia de bonos – que no son más un tipo de pagaré vendido a gran escala, hay oportunidades para engañar a la gente. Esto ocurre porque la empresa o el país que emite los bonos maneja más información sobre su situación financiera y su capacidad de repago que quienes compran los valores.
Los economistas llaman este un problema de información asimétrica o imperfecta. A pesar del nombre curioso, lo que esto significa es que muchas veces las partes en una interacción o intercambio económico no manejan los mismos niveles de información. Por tanto, operan desde cierta desigualdad. Esto puede crear incentivos para que una parte saque ventaja de otra, y está asociado con otros problemas derivados de conducta indeseada (riesgo moral –– o moral hazard, selección adversa y los llamados costos de agencia).
En la República Dominicana tenemos una recientemente relanzada Ley del Mercado de Valores núm. 249-17. Pero ya desde mayo de 2000 teníamos un marco regulador del mercado de valores, que sentó las bases para el crecimiento y desarrollo del mercado de valores dominicano.
Los problemas de información no ocurren solamente en los mercados de bonos o valores negociables. De hecho, el Nobel economista que primero describió este problema sistemáticamente, George Akerlof, utiliza el ejemplo de la venta de carros usados (o “limones” como le dicen en EE.UU.), para explicarlo.
La información asimétrica puede ocurrir en muchas interacciones económicas – recordando que las interacciones económicas no siempre tienen que ver con dinero – sino más bien con el intercambio, la elección y la toma de decisiones.
Por ejemplo, los abogados manejan más información y conocimientos jurídicos que sus clientes. Los mecánicos pueden cobrar más por trabajos de reparación sencillos, porque conocen mejor un auto que muchos clientes. Quien vende un carro usado sabe mucho más que el comprador sobre el historial de choques y mantenimiento. Todos estos son casos donde existe información imperfecta.
La información asimétrica es un problema económico que a veces impide que los mercados funcionen óptimamente. En algunos casos, la corrección de estos fallos del mercado podría justificar – pero no necesariamente ordenar – intervenciones reguladoras del Estado. Esto porque el Estado no siempre tiene información de mejor calidad, y, por ende, las intervenciones regulatorias pueden surtir efectos indeseados y contrarios a lo que se buscaba lograr. En otras palabras, el Estado y los reguladores también pueden verse afectados por la información imperfecta.
La información imperfecta es una de las razones por las cuales en los principales países del mundo se regulan las ofertas de valores negociables al público. Es decir, la venta de acciones, bonos y toda una amplia gama de valores que existen hoy día. El objetivo es proteger a los inversores, dotarlos de información suficiente, veraz y oportuna para que puedan realizar sus inversiones dentro de un mercado organizado, efectivo y transparente.
La regulación del mercado de valores busca disuadir que actores inescrupulosos – como MacGregor – salgan a vender papelitos adivinadores o aceite de culebra, al menos sin que tengan que registrarse con un regulador para divulgar un montón de información que permita suplir las carencias de la asimetría informativa. Esta información es escrutada por los llamados “porteros” o gate-keepers, que incluyen las firmas de auditoría externa y las calificadoras de riesgos.
En la República Dominicana tenemos una recientemente relanzada Ley del Mercado de Valores núm. 249-17. Pero ya desde mayo de 2000 teníamos un marco regulador del mercado de valores, que sentó las bases para el crecimiento y desarrollo del mercado de valores dominicano.
Sin embargo, la tecnología también ha traído sus retos.
El desarrollo de la tecnología de cadena de bloques y la proliferación de las monedas virtuales o criptomonedas ha puesto a prueba el dominio regulatorio de los supervisores de valores de todo el mundo.
Originalmente, el enfoque estaba sobre las primeras criptomonedas que se volvieron extremadamente populares producto de un vertiginoso aumento de precio. Como, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum.
Estas criptomonedas comenzaron tratando de imitar el dinero – tratando de replicar las características esenciales del dinero: servir como medio de pago, como unidad contable y como mecanismo para preservar valor.
Sin embargo, pronto se convirtieron en productos o commodities transables. Aumentando el dolor de cabeza de los supervisores.
El Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Valores (SIV) reaccionaron, y en junio de 2017 publicaron un comunicado advirtiendo sobre el uso de las principales criptomonedas en la República Dominicana. Esta columna reseñó esta situación. No obstante, la SIV nunca ha tocado la dimensión de las emisiones de monedas virtuales como activo – lo cual es distinto a su uso como medio de pagos.
La caja de pandora global ya está abierta. Muchas firmas emergentes (startups) se percataron de que cualquiera podía emitir su propia criptomoneda por la Web, y ofrecerla al mundo a través de ofertas públicas de monedas virtuales – o initial coin offerings – ICOs, como se conocen en inglés.
Para emitir estas fichas (tokens) no hay que tener una firma registrada con un regulador, ni estados auditados, ni pagarles comisiones jugosas a abogados y puestos de bolsa (bancos de inversión). No hay que salir con un sombrero a recolectar dinero de inversores perspicaces que querrán un pedazo del negocio a cambio. No hay que bregar con pagos de dividendos o de intereses, ni adherirse a las normas contables internacionales.
Así surge el más reciente reto regulatorio: con un nuevo tipo de activo financiero tecnológico que muchos todavía no entienden bien, que se ofrece a través de las redes y se puede dirigir al público en cualquier parte del mundo – y una modalidad que cualquiera tiene a su disposición con tan solo pulsar un botón, alcanzando a cientos de miles de potenciales inversores…
Por supuesto, el fenómeno de las ICO es sumamente interesante y mantiene ocupado a los principales reguladores del mundo. Ciertamente, existen negocios legítimos que van a utilizar las ICO para levantar capital. Aun teniendo las mejores intenciones, los fracasos serán inevitables. Esto dará lugar a potenciales reclamos y litigios.
Pero quizás lo más interesante es que cualquier puede tratar de ser como Gregor MacGregor e inventarse su propio Poyais.
En una próxima entrega analizaré si la nueva Ley del Mercado de Valores – que se aprobó recientemente – contempla medidas para encarar los retos que presentan las ICO.