De un tirón, el ministro de Interior y Policía y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul, ha emitido en el solemne Día de la Restauración (16 de agosto) dos declaraciones tan estrambóticas como subestimadoras del sentido común del dominicano, que califican como la disparatada del año.
Una, sobre el allanamiento a la barbería de Villa Vásquez; otra, sobre la violación del Acuerdo de Juan Dolio, durante la sesión inaugural de la legislatura en el Congreso.
Porque la pequeña empresa del municipio del extremo noroeste del país tiene aire acondicionado, cámaras de vigilancia y otras comodidades, el opaco funcionario ha insinuado que es hechura del narcotráfico. Ha ironizado la supuesta contradicción de una peluquería con esos lujos en un pueblo pequeño (de la frontera), y con dejos de cinismo ha invitado a esperar los resultados finales de la investigación.
Y, sin inmutarse, lo ha hecho en medio del escándalo nacional provocado por la incursión allí de agentes antidrogas y la procuradora fiscal, ahora en prisión preventiva para fines de conocimiento de coerción este lunes 19 de agosto y luego sometidos a la Justicia por asociarse para “sembrar” estupefacientes y extorsionar a ciudadanos.
En cuanto a la transgresión de la alternabilidad entre danilistas y leonelistas en la presidencia de la Cámara de Diputados, en tono sarcástico la ha justificado en el subterfugio no vinculante de que no puede haber acuerdo luego que el presidente del PLD y precandidato presidencial Leonel Fernández se presentara al Congreso con “una turba” a protestar contra la pretensión de reformar por segunda vez consecutiva la Constitución con el objetivo de repostular al presidente Danilo Medina.
Desaguisados de ese tamaño solo serían entendibles en un individuo que, por alguna razón personal, haya perdido el control de sus emociones. O que sufra de un envalentonamiento parido por el uso largo e incontrolado de los espacios de poder. Reprochable comoquiera, vista su investidura en el Estado y en el PLD.
OFRECER PERDÓN
Si la peluquería en cuestión opera como punto de venta de drogas es por negligencia de autoridades como Fadul, que nunca se sabe si hablan en serio o en broma y, sin embargo, cuentan con un exceso de indulgencia mediática.
No es delito dudar acerca de la transparencia de un negocio de cualquier tipo, incluidos centros de estudios, clínicas, grandes edificios, orquestas, medios de comunicación. El gobierno mundial del narco lo permea todo con su fardo de violencia y veneno para el cerebro de la juventud: desde un colmado de barrio y el más intrascendente cuartucho, hasta los dealers, la industria de la construcción y el turismo. Como dice el pueblo, “lo que está a la vista no necesita espejuelos”.
Pero parece que son selectivas las investigaciones sobre tráfico de drogas prohibidas (Ley 50 de 1988). Hay muchos ojos para escrutar y perseguir la parte menos importante del problema: el microtráfico. Mismo que crece al socaire de la pobreza abonada por el abandono oficial y empresarial de las comunidades.
Muchos ojos para usar la droga como chantaje y extorsión en contra de personas que no ejecuten su misma música política, económica, social. Y miopía progresiva para lo macro.
Sin pensarlo dos veces, Fadul debería ofrecer perdón al país por una declaración inoportuna que solo contribuye a tapar más las causas del crecimiento del narco y a enturbiar la reputación del Gobierno donde ocupa cargos de primera línea desde 1996 (primero los tres cuatrienios de Leonel Fernández y, ahora, dos de Danilo Medina).
Como funcionario, no le corresponde excitarse y perder el juicio cada vez que ve una cámara y un micrófono de un medio de comunicación. Tampoco hacer comedia.
Su responsabilidad es resolver agarrado de la ciencia; no insinuar, ni amenazar, ni lucir un hazmerreír que aporte insumos al sensacionalismo periodístico, aunque enorgullezca a sus amigos.
EL OTRO DETALLE
Igual de irracional ha sido su abordaje en torno a la ruptura en el Congreso con la alternabilidad en los mandos de la CD, establecida en el 4 del acuerdo de 15 puntos rubricado el 28 de mayo de 2015, tras la reunión del 19 de ese mes en la comunidad turística oriental de Juan Dolio, donde la mayoría del CP impuso la decisión de reformar la Constitución para habilitar al presidente Medina.
Conforme lo pactado, en 2016 fungió como presidenta, Lucía Medina (danilista); 2017, Rubén Maldonado (leonelista); 2018, Radhamés Camacho (danilista). Desde el 16 de agosto de 2019 le correspondería a Demóstenes Martínez (leonelista), pero la palabra empeñada y legalizada ha sido abortada al reinstalar a Camacho, con el apoyo de los danilistas y 34 del principal partido de oposición, PRM, entre otros.
La decisión de alto costo político para el partido y el gobierno ha sido justificada en el rechazo de Fernández a una nueva reforma constitucional en este momento.
El expresidente ha planteado el consenso para lograr una reforma integral que incluiría la habilitación, prohibida por el artículo 124 y vigésima disposición transitoria.
El intento sostenido por la reforma, patrocinado por funcionarios palaciegos, parte del CP y grandes empresarios, chocó de frente con múltiples factores adversos, internos y externos, que obligaron a Medina a desistir mediante un discurso radiotelevisado la noche del 22 julio.
Pese a ello, Fadul y otros CP, todos con prominencia fabricada durante los cinco gobiernos del PLD, han preferido desmarcarse y ver al árbol como si fuera el bosque. Y llamando turbero al presidente de su partido, mismo que en sus años de mandatario los instaló en los ministerios, han optado por el incumplimiento de la palabra empeñada y el descalabro del partido fundado por Juan Bosch en 1973.
Otra vez, ante la creciente pérdida de autoridad moral frente a las bases, el poderoso CP ha respondido con una testaruda ausencia de autocrítica y humildad. No se sabe hasta cuándo; sí se sabe que, a más tardanza, más monstruosa la catástrofe.