Elías Wessin Chávez, ex administrador de Bienes Nacionales, se prepara  a continuar  defendiéndose,  en el  proceso que   se le sigue por alegada malversación de  157 millones de pesos.

Mientras  el ex director de la  Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y hoy senador  Félix Bautista, afirma que  las entidades que le acusan  de gastos extrapresupuestarios y retención de impuestos por RD$ 883 millones durante el 2008, “manipulan y distorsionan una auditoria  de la Cámara de Cuentas, interpretando a su antojo los datos  de ese experticio”.

Quedando archivada y congelada en el tiempo,  la denuncia que interpuso el ex fiscal Guillermo Moreno y  presidente  de Alianza País contra el ex presidente  Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE),  por la acusación de corrupción y lavado de activos.

Todas estas son noticias de un mismo día,  29 de mayo del 2013.

Aires de corrupción  parecen  soplar, impregnándolo  todo de impunidad,  minimizado, cual tornado,   actos y  escándalos   recurrentes, por los cuales nunca nadie ha  pagado.

Hechos a los cuales nos  somete la clase política, algo a lo que no sé si nos hemos acostumbrado, por la naturalidad y  descaro con que se manejan  los temas.

Entre acuerdos, préstamos y contratos  hechos y desechos de minas y carreteras.

Uno de los pocos inculpados “se indigna”,   dispuesto a “acudir donde sea a defender  honra  e  integridad personal” (el senador Bautista).

Mientras, Yeni Berenice Reynoso, la Fiscal del Distrito Nacional, en un intento de explicar  el auto que sustenta  su decisión de  archivar el expediente del ex presidente Fernández, nos recuerda desde  un canal de televisión que “ siempre la corrupción administrativa tiene un elemento político” que “la ética y la moral  no entran  en lo jurídico”,  aclarando  que  “a la luz de lo que dice el Código Procesal  Penal hay conductas de esas que son delito en otros países” pero no aquí, donde “ tenemos muchas leyes…” que no se aplican.

Se pregunta la magistrada fiscal si  “¿tenemos las leyes que debemos tener?” pues  “el Ministerio Publico no cuenta con normas para perseguir la corrupción“.

Como conclusión, parece que no tenemos nada, ni para llevar  a las puertas de los tribunales   a los  corruptos, que  están y estarán de  pláceme en los  días por venir.

¿Y  es esta   la  realidad en la cual vivimos, o    es esto   apenas una interpretación  de la realidad que en el fondo oculta lo que realmente existe?