Actualmente en América Latina presenciamos un escenario de limitadas capacidades institucionales para responder a los masivos flujos migratorios intrarregionales no tradicionales. Las soluciones ofrecidas por los distintos países, plasmadas en sus políticas migratorias, legales y administrativas, no son eficaces. Los marcos normativos vigentes ponen en evidencia que la regulación de las migraciones en la actualidad sobrepasa la antigua dicotomía entre los derechos humanos o la seguridad nacional.
Desde una perspectiva histórica, en la región han sido frecuentes los debates entre fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados, organismos internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil sobre el enfoque con el que se deben regular las migraciones. En no pocas ocasiones las dictaduras militares latinoamericanas establecieron estrategias que acentuaron la seguridad de las fronteras, la protección del territorio nacional frente individuos provenientes de países de la región considerados peligrosos o invasores. En otros casos más recientes, bajo el mandato de gobiernos de izquierda, se ha buscado respetar ante todo la condición de persona de los migrantes garantizando sus derechos humanos y desarrollando estrategias que les permitan integrarse en las sociedades de acogida.
Sin embargo, las recientes migraciones intrarregionales en America Latina protagonizadas por un lado por el éxodo de personas venezolanas no solo a los países suramericanos limítrofes como Colombia, sino también Perú, Ecuador, Panamá, Chile, y Argentina; el incremento de los flujos de personas nicaragüenses a Costa Rica y las múltiples caravanas de migrantes hondureños y del triángulo norte de Centroamérica que atraviesan México, o asentándose en este, para llegar a los Estados Unidos, indican que las respuestas tradicionales a la gobernanza de los flujos migratorios basadas en derechos humanos o en seguridad nacional no son suficientes para atender las necesidades de las personas migrantes o garantizar una efectiva protección de las fronteras.
México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos han anunciado nuevos planes para enfrentar las crisis humanitarias que provocan los flujos migratorios masivos. Chile recientemente ha modificado su Ley de migraciones haciendo énfasis en una migración segura, ordenada y regular cónsone, al menos en su dialéctica, con el Pacto Mundial promovido en el ámbito de las Naciones Unidas, del cual República Dominicana no es parte. Una estrategia es común en muchas de estas iniciativas. Se trata de limitar las migraciones irregulares a través de la cooperación para disminuir los factores de expulsión de migrantes. Es decir, las situaciones por las cuales las personas buscan salir de sus países de origen. En esta tesitura el enfoque de derechos humanos busca limitar el poder no solo de los Estados de acogida sino también en los países emisores.
Una mirada a los flujos actuales evidencia que la debilidad institucionalidad y su impacto en el libre goce de los derechos humanos, no solo en los países de acogida sino también en los países emisores es la génesis de este escenario de crisis en el movimiento de personas a través de las fronteras. Se precisa pues en nuestro ámbito regional aunar esfuerzos comunes no solo desde los distintos mecanismos de integración regional como MERCOSUR o el SICA que han lanzado pautas en este sentido sino también a una escala continental que promueva la reforma del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos hacia un sistema más activo que trabaje con los Estados en la prevención de crisis y el fortalecimiento institucional que se ubican en los cimientos de la crisis migratoria intrarregional actual.