Con motivo de la crisis sanitaria que afecta a todos los países del mundo se hace evidente el respaldo sin restricciones al sector salud, como primera línea de defensa para combatir el lamentable evento que nos afecta. Por lo tanto, es necesario e inaplazable diseñar y desarrollar la estrategia más adecuada para garantizar la protección física, social y económica de la población.
En este sentido hemos observado como las diversas naciones del mundo hacen ingentes esfuerzos para aplicar políticas efectivas para enfrentar las trágicas consecuencias de este fenómeno inesperado, que demanda en el aspecto económico la implementación de políticas tendentes a la protección de la economía pública y privada, mediante el aporte de importantes capitales para el sostenimiento de la operatividad de los sectores productivos, la conservación del trabajo y como paliativo social.
Las autoridades gubernamentales del país están adoptando una serie de medidas desde el punto de vista sanitario, económico y social, destinando como respaldo de sus iniciativas importantes y cuantiosas sumas de dinero.
Dentro de los más importantes programas puestos en marcha, están la adopción de las medidas de respaldo económico por parte del gobierno, identificados con por la resolución dictada por la Junta Monetaria del Banco Central y las tomadas por el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE). En ambas iniciativas se evidencia el objetivo de la administración estatal de la salvaguarda de la economía a través de la protección de las unidades de producción que interactúan en la misma, y a la vez la protección del trabajo como base fundamental de la producción y creación de riquezas.
Dentro de esta estructura funcional de la economía dominicana se pone de manifiesto el surgimiento de un sector económico de singular importancia, no solo por su naturaleza, sino por su crecimiento sostenido estadísticamente comprobado a través del tiempo; nos referimos al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, denominadas MiPymes. Solo ese sector ha aportado a la economía dominicana, a través de los periodos fiscales comprendidos entre el 2015 al 2018 los siguientes resultados:[1]
Si bien es cierto que es relevante el aporte tributario de este pujante sector de la economía, liderado en su mayoría por mujeres, otro de sus más importantes aportes es desde el punto de vista social, consistente en la creación de empleos, en la mayoría de los casos no especializados, ya que muchas de ellas realizan actividades de servicios o producción de naturaleza artesanal.
Las MIPYMES, como consecuencias de sus importantes aportes, tanto económicos como sociales, se han ganado el derecho de ser protegidas por el Poder Ejecutivo al tomar las medidas económicas y sociales anunciadas que permitan su subsistencia, razón por la cual y en mérito de las circunstancias que han dado origen a la crisis y su proyección en el tiempo, se hace inaplazable que las medidas ya adoptadas y que puedan serlo en el futuro, permitan para garantía del bien común, que estas entidades gocen de mayor flexibilidad y benevolencia, toda vez que en muchos de los casos las medidas ya aprobadas y puestas en práctica tienden a prorrogar en el tiempo satisfacciones de obligaciones tributarias y financieras aparentemente bajo la inteligencia de que al término de la crisis generada por el COVID-19, estarán en condiciones de retornar su operatividad y rentabilidad, como si la misma no hubiese existido, siendo este, a nuestro entender, un razonamiento errado, ya que es prácticamente de difícil realidad.