“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”-Albert Einstein.

En esta semana que termina el gobierno anunció un apoyo a las Mipymes por un valor de 4.1 mil millones de pesos. Este esfuerzo financiero, que ocurre, según cifras oficiales, en el terreno de un significativo crecimiento del número de infectados y fallecidos por causa de la covid-19 –paradójicamente luego de hacer más severo el toque de queda-, se inscribe en el interés declarado por el MICM de cerrar o paliar las brechas de capital de trabajo y fortalecer la asociatividad de estas peculiares y muy numerosas unidades productivas.

Las fuentes de financiamiento serían la Fundación Banreservas (1000 millones), el Banco Agrícola (600 millones), con sus tasas preferenciales para cooperativas, y la Banca Solidaria que aportaría la mayor cantidad de los recursos: 2.5 mil millones de pesos, con tasas por debajo de un 10%.

No es la primera vez que el gobierno dominicano canaliza a favor de las Mipymes cuantiosos recursos. Parecería que esta vez (por lo menos para las 233.5 mil unidades registradas como formales con un volumen de empleos ascendente a 643 mil), el gasto se justifica por las dificultades que enfrentan desde el mes de marzo del año pasado, cuando nos dimos cuenta que el virus SARS-CoV-2 había arribado inadvertidamente al país, iniciándose entonces el programa de contención que se mantiene vigente hasta este momento.

Pero con pandemia y sin pandemia los problemas de estas empresas siguen siendo los mismos y no creemos que se haya avanzado mucho y de manera efectiva en su solución, a pesar de las enormes cantidades de recursos engullidas por ellas durante los últimos treinta años.

Como en otros países de insuficiente y deformado desarrollo económico, las Mipymes carecen en general de personal adecuado en calidad y también de capacitación para la internalización e incursión en mercados exigentes o en grandes cadenas de valor como proveedoras. En la mayoría de los casos necesitan información para localizar o analizar mercados o identificar oportunidades de negocios en el extranjero. En términos gerenciales, no disponen de tiempo para abordar los temas relativamente complejos de la internacionalización, resultando que sus habilidades para contactar clientes ultramarinos son prácticamente nulas.

En general –sin mencionar las microempresas-, las pymes desconocen los intrincados procedimientos de exportación y papelería; no tienen las capacidades ni la ayuda de un sistema nacional de innovación robusto para desarrollar nuevos productos o mejorar sustantivamente los que producen; son renuentes a la incorporación de prácticas empresariales extranjeras exitosas; por último, entre otros muchos cuellos de botella, carecen de una cultura de cumplimiento de normas, especificaciones y requerimientos de producto, sistemas y procesos para la exportación, al mismo tiempo que desconocen a estas alturas la enorme importancia de las mediciones trazables.

Obviamente, tal y como se declara, sufren de una crónica escasez de capital de trabajo que hace difícil la concreción de sus estrategias de permanencia en los propios mercados y en los de exportación.

Si no apuntamos a la solución de estos problemas, cuya acción podría transformar a las pequeñas y medianas empresas en la avanzada de la economía nacional en la nueva división internacional del trabajo ahora reconfigurada por las TIC y los grandes progresos científicos y técnicos, todo esfuerzo de apoyo financiero a ellas, con pandemia y sin pandemia, equivaldría a echar miles de millones en saco roto. Lo que es peor, tomando en cuenta los usos alternativos de esos recursos (problemas de fondo) enumerados más arriba.

¿Qué hacer? Siendo la ayuda para capital de trabajo y asociatividad de carácter recurrente y, evidentemente, inútil en cuanto a resultados tangibles respecto al fortalecimiento de la capacidad competitiva y éxito de alguna estrategia de exportación coherente y deliberada, creemos llegado el momento de revalorizar profundamente el tratamiento gubernamental a las Mipymes.

Tanto dinero no debería fluir sin que precisemos los grandes espacios de actuación posibles, objetivos estratégicos, definición de resultados e impactos, indicadores de seguimiento y plan de acción enlazado con la política industrial del país, que es en todos los países adelantados la rectora en esta materia.

El enfoque de cadena de valor, que actualmente se ensaya sabiamente en un proyecto de la AIRD-MICM para el desarrollo sistémico del prometedor sector cosméticos (cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea), es un buen ejemplo de la ruta correcta que merece nuestro reconocimiento.