Es asombroso que antes de los cien (100) días de Gobierno, la Ministra de Educación, incremente su salario de manera desproporcionada y sin obedecer a una política general de salario en la administración pública dominicana, profundizando las incongruencias existentes que se encuentran, en que para un mismo cargo de Ministro existen diferentes retribuciones en términos de salarios y beneficios adicionales, no es posible esta distorsión en el Estado,  no puede existir la discrecionalidad y la falta de racionalidad a la hora de la fijación de los salarios.

Esta decisión se convierte en una prueba indiscutible de la falta de equidad  en las remuneraciones de los servidores públicos y de manera particular en el sector educación, donde por décadas los/as maestros/as son empobrecido con bajos salarios y se le sigue subiendo el sueldo a los que ganan mucho, así lo creemos todos los que pagamos impuestos y sufrimos las consecuencias de la desequilibrada distribución de los recursos en el país.

Ver cuadro a continuación tomado del Informe de Disparidad Salarial, elaborado por Participacion Ciudadana.

Estas informaciones no incluyen otros privilegios como: gasto de representación, dietas, viáticos, combustible, telefonía, trasportación, seguridad, entre otros.

La Ley de Función Pública 41-08, con respecto a la política salarial establece, que la  “la Secretaria (Ministerio) de Estado de Administración Pública diseñará las propuestas de políticas salariales del sector público y las elevará a través del Presidente de la República al Consejo de Gobierno para su consideración”.

En ese sentido  el Presidente de la República, el Ministerio de Estado de Administración Pública deben elaborar el sistema salarial y los respectivos análisis de salarios, de conformidad con la ley, así como la reglamentación complementaria.

Pero esa ley y su reglamento aun no existe en nuestro país, no obstante encontrarse en el Congreso Nacional un proyecto de ley para regularizar la  materia y que desafortunadamente los legisladores todavía no convierten en Ley.

El Presidente Danilo Medina Sànchez, firmó el 7 de mayo del año en curso, junto a la Dra. Margarina Cedeño, el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, con el cual asumían el compromiso de: “Tomar todas las medidas y acciones que permitan un ordenamiento salarial en las instituciones del Estado, unificando y transparentando toda remuneración directa o indirecta recibida por el funcionario público, así como creando un sistema remunerativo que asegure la compensación en base al merito y característica de la prestación del servicio”.

La sociedad dominicana lo que esta demandando y necesita es establecer políticas, normas y pautas que se cumplan e implementen para definir la retribución adecuada de todos los cargos del sector público, centralizado, descentralizado o autónomo, incluyendo los de altos mando como los de Presidente y Vicepresidente de la República y Ministros/as

En ese sentido, lo que no queremos y objetamos rotundamente es la disposición de incremento salarial en un caso particular y aislado, como el aumento de las remuneraciones de la Ministra de Educación, considerando la inexistencia de un sistema de valoración de cargos, acorde con una real política salarial, que establezca de manera precisa y clara, la escala de salario en la Administración Pública.

El Reglamento de la de Evaluación del Desempeño y Promoción de los Servidores y Funcionarios de la Administración Publica (No. 525-09), establece el principio de la equidad retributiva, principio olímpicamente violentado en el Ministerio de Educación.

En la República Dominicana debemos desterrar la práctica común en nuestras instituciones que los/as incumbentes fijen sus salarios y el de sus empleados/as atendiendo a relaciones políticas, familiares, de amistad y otros criterios subjetivos, violándose las relaciones de jerarquía, responsabilidades, capacidad, desempeño y antigüedad, tomo en función a sus interés particulares.

Por eso la importancia de la aprobación de una Ley Marco sobre Regulación Salarial para la Administración Pública Dominicana que permita  la corrección de las distorsiones existentes, reducción de la brecha, proporcionando  mecanismos y procedimientos coherentes, apegados a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

La falta de una política pública que regule los salarios provoca que las instituciones que administran recursos públicos fijen sus salarios de manera discrecional e irracional, es decir, sin atender a los principios de la administración pública.

De continuar este desorden salarial, será imposible  contar con una administración pública eficiente y eficaz, dotada de un personal calificado, en condiciones de poder responder a las metas y objetivos de la administración pública.

Debe quedar prohibido que de manera unilateral, como en el caso señalado, cualquier institución que maneje recursos públicos, establezca normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incúmbete de manera desorbitante y discrecional, porque las decisiones relativas a la administración de los salarios deberán adoptarse en general, con arreglo a criterios coherentes, gerenciales basados en el merito y capacidad de las personas y no de manera discrecional, unilateral y sin tomar en cuanta a todas las funciones y cargos de una entidad.

Es necesario que el Congreso Nacional adopte las  medidas tendentes a revertir esta situación y es fundamental promulgar una Ley que regule los salarios del sector público, así como los Reglamentos que permitan la aplicación efectiva de la misma, además que la misma se implemente, cumpla y se respecte.

Somos consciente que frente a las violaciones sistemáticas del cumplimiento de las leyes, esta seria respetada si descansa en la conciencia y el reclamo de los propios funcionarios públicos y de la ciudadanía en general.