Una vez más aparecen en el escenario público los debates sobre el uso y la ocupación del territorio, en la cual se desatacan los conflictos permanentes por la autorización de cierto tipo de actividades y su compatibilidad con otras funciones con alto nivel de rechazo por parte de ciertos sectores en la Republica Dominicana.
En esta oportunidad el escenario que da origen a los debates se localiza en la provincia de Pedernales, la cual registra la menor cantidad de población a nivel provincial de todo el país (31,587 Habs.), representando a penas un 0.33% del total de habitantes (ONE 2010); sin embargo la superficie de la provincia (2,080.50 Kms²) ocupa el séptimo lugar dentro de las unidades político-administrativas de mayor extensión territorial del país, situando la demarcación con una densidad baja de 15.18 Habs./Km². A pesar de los bajos niveles registrados en términos demográficos, la dimensión del área en cuestión impacta tanto en el desarrollo social, ambiental y económico de toda la región y repercute en los indicadores de todo el país, por lo tanto las decisiones sobre el uso del territorio y la validación de las actividades que allí se realicen es trascendental para el desarrollo sostenible de la Republica Dominicana.
Dentro de un territorio en donde se destaca un impresionante sistema natural de áreas protegidas compuesto por la Sierra de Bahoruco, el Parque Jaragua y el Parque del Este, flanqueado por una extensa costa de belleza singular se localizan una serie de industrias extractivas las cuales buscan ser sustituidas por otro tipo de actividades que generen un menor impacto para la sostenibilidad del medio ambiente y al mismo tiempo puedan catalizar una nueva generación de progreso social y económico para una de las zonas con la mayor tasa de pobreza general multidimensional (74.6 %).
Para estos fines es importante que la Republica Dominicana cuente con un marco normativo claro que determine las reglas para el uso del suelo y la ocupación del territorio, de manera que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático, tal y como lo señala la Carta Magna. Sin este marco normativo los esfuerzos que se realicen en este y cualquier punto de la geografía nacional, correrían el peligro de convertirse en iniciativas sectoriales que en principio no tomen en cuentan las potencialidades y limitaciones del territorio, ni las capacidades, expectativas y aspiraciones de la población, beneficiando solo un segmento de la población y dejando las posibilidades de progreso en pocas manos.
De igual manera la ausencia de reglas claras no envía un mensaje de seguridad a las presentes y futuras inversiones, ya que las decisiones no reposarían en la institucionalidad y seguirían en manos de la discrecionalidad del funcionario de turno.
Por lo tanto el escenario evidencia que el Estado es responsable de conducir el proceso de desarrollo que Pedernales y toda la región necesitan, integrando instrumentos de planificación y gestión participativa, de manera que las propuestas estén sustentadas en la base del interés general sobre el interés particular o sectorial.