La conducta del actual gobierno en todas sus dependencias tiene matices muy típicos de un perfil dictatorial, abusivo e intolerante. Aunque parezca increíble, el presente artículo contiene una carta dirigida al Ministro de Energía y Minas, a propósito de las últimas declaraciones de ese Ministerio, carta que no pueden publicar, los que la redactaron, por temor a represalias que perjudiquen sus intereses, hasta ese extremo hemos llegado en este país. Por mi identidad con todo el contenido, paso a publicarla inextensa con todo sentido de responsabilidad y compromiso con el desarrollo de una minería responsable.
Señor Ministro Isa Conde, usted podrá tener las mejores intenciones, pero nos parece que está siendo mal asesorado.
En declaraciones aparecidas en periódicos de circulación nacional el día 7 de mayo recién pasado, usted, sobre el sector minero nacional que usted dirige, se refirió como “retrógradas, fieras (“solo las fieras sacan sus garras”) trogloditas, capitalistas salvajes y arcaicos”, epítetos estos que no le lucen a una persona de su edad y posición y que con ellos usted se descalifica, de manera objetiva y por principios, para dirigir al sector que así acusa.
Es sumamente difícil anotar una carrera y mucho menos ganar un juego con el manager en contra en los niveles en que usted se manifiesta.
Un miembro de su equipo, en artículo publicado en Acento.com.do, el día 9 de este mes de mayo, va más lejos en las acusaciones, refiriéndose a la ley minera vigente dice, Citamos: Es esta vieja ley, precisamente, la que garantiza la continuidad infinita de determinados procesos espurios que alimentan grandes cuentas y que durante cinco décadas han ido de la mano de la permisividad, incondicionalidad, silencio cómplice y venalidad de los reguladores., fin de la cita.
“Esta afirmación amerita aclaración y presentación de pruebas porque define una relación delictiva entre actores del sector privado y del Estado”.
En realidad, La minería ha sido por muchos años un importante puntal de la economía y desarrollo nacional y ahora lo será más aun, al ser el turismo y las remesas gravemente disminuidas debido a la pandemia. Usted mismo así lo reconoce.
El Sector Minero Nacional, representando por sus reales actores, ha reconocido la necesidad de actualizar la ley minera vigente, No 146, del año 1971, de hecho, desde 1996 ha realizado grandes esfuerzos en ese sentido, coordinados originalmente por la entonces oficina para la modernización del Estado, con varios anteproyectos producidos en diferentes etapas, pero sin resultados positivos por falta de voluntad política.
El anteproyecto original para una nueva ley Minera Nacional, redactado por actores nuevos, sin vivencias en este sector, miembros del Ministerio que usted dirige, apoyados en leyes extranjeras, sin tomar en cuenta la ley minera vigente y mucho menos un diagnostico sectorial, que es lo primero que debió haberse hecho, nos colocó en una posición internacional difícil como país minero y no se necesitó mucho tiempo para recibir efectos altamente negativos, muchos que aún persisten.
Dicho Señor, en el artículo antes referido, sobre este proceso dice lo siguiente. Citamos: Sentimos que ha molestado mucho que unos “imberbes” en conocimientos mineros y geológicos en general, hayan podido formular un verdadero y robusto código minero que ya hace unos meses conoce el Congreso Nacional., termina la cita.
“Dudamos realmente que unos imberbes en conocimientos mineros y geológicos hayan podido formular un verdadero y robusto código minero, nadie está capacitado para hacer bien lo que no conoce y creemos inadecuado y carente de la precisa valoración, que unos imberbes hayan sido seleccionados por usted para dotar al país de tan importante ley”.
Sin embargo, el sector minero nacional comparte los principales objetivos establecidos en el anteproyecto de ley presentado por usted al congreso nacional, sabemos que se debe actualizar el valor a pagar por concepto de patente minera (que no es lo mismo que alquiler de las tierras mineras, como informó otro de sus colaboradores en un Programa de televisión reciente) por ello, antes de la creación del Ministerio de Energía y Minas, la Cámara Minera y Petrolera Dominicana acordó con la Entonces Secretaria de Industria y Comercio y La Dirección General de Minería, mediante resolución, que el sector minero pagara a Minería un aporte económico por cada trámite que realice en el proceso de solicitudes mineras, por ello, en la actualidad Minería y el Ministerio reciben pagos del sector minero por cada actividad que realicen en el proceso de otorgamiento de una solicitud, esto sin estar contemplado en la ley.
También el sector minero metálico paga La Regalía Minera, equivalente al 5% del valor de venta FOB Republica Dominicana. Este valor es mayor que el que establece el anteproyecto, también, toda la producción minera, metálica y no metálica paga el Impuesto sobre la Renta que establece el Código Tributario, igual a lo establecido en el citado anteproyecto y paga adicionalmente el 5% de los beneficios anuales del proyecto a los municipios donde se realizan las actividades mineras, según lo establecido en la ley Ambiental No. 64-00.
Estamos seguros que todos los proyectos mineros metálicos en producción en la actualidad, pagan al Estado, a los municipios y en aportes sociales a las comunidades vecinas al proyecto, por encima del 40% de sus beneficios netos, como aspira el Ministerio de Energía y Minas. Lo que desmiente su criterio de la ley del embudo.
Entonces, Señor Ministro, no es momento de empujar de manera forzosa y con argumentos falsos, insultantes e incompletos, la aprobación de una nueva ley minera nacional, por lo que le sugiero que nos aboquemos a la modernización de la ley minera vigente, con aspiraciones razonables y objetivas del Estado dominicano y con la incorporación de los elementos nuevos que la doten de sostenibilidad económica, social y ambiental para que sea favorable al desarrollo de nuestro país y que sea competitiva en el mundo minero actual.
Con enfrentamientos altisonantes no avanza un país, el sector minero nacional, representado por sus principales actores privados y públicos, debe asumir de manera franca y abierta la necesidad que tenemos de modernizar y fortalecer nuestra legislación minera, orientados a potencializar los beneficios derivados de esta importante industria, con responsabilidad ambiental y social, asegurando la participación de las comunidades en una justa distribución de dichos beneficios y manteniendo las zonas minadas en condiciones económicamente aprovechables para las futuras generaciones.
Aquí termina la carta y en particular, nada más que agregar, por lo menos en esta entrega.