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“Esta desorganización (de la minería artesanal y en pequeña escala, js) pone en peligro la vida de los pequeños mineros y se presta a una intermediación especulativa, que beneficia solamente a una minoría, sin agregar valor de calidad en el proceso de transformación y en la comercialización de los productos”-Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas.
El pasado martes 19 de junio pasado tuvimos el honor de asistir a un encuentro “casi informal” con genuinos representantes de la minería artesanal y en pequeña escala (conocida como MAPE), subsector importante para cientos de familias dominicanas, organizado por el ministerio de Energía y Minas. “Casi informal” porque fue un diálogo abierto, cara a cara, directo y franco, carente por completo de la innecesaria fastuosidad hotelera que generalmente acompaña este tipo de actividades; sí, allí no advertimos ningún detalle que nos recordara el derroche y estuvieron ausentes los largos discursos, comúnmente altisonantes y recurrentes, que suelen tener la virtud de encender los ánimos de los presentes momentáneamente, pero que con frecuencia inadmisible nos dejan esperando años por resultados de desarrollo significativos.
Obviamente, por tratarse de un coloquio hubo una exposición preliminar, breve, pronunciada en lenguaje llano y directo, por parte del ministro Isa Conde. Allí se congregaron para oír y hacer preguntas al ministro más de 100 humildes representantes e inversionistas de la MAPE de la Cumbre de Santiago, Puerto Plata, Hato Mayor, Barahona y otras zonas del país.
El objetivo cardinal fue ofrecer explicaciones y contundentes argumentos sobre las ventajas de la transición escalonada de la MAPE a la formalización y legalidad, al mismo tiempo que entender los beneficios que ese proceso tiene para su fortalecimiento organizativo y sostenibilidad económica y ambiental, asunto que, a juzgar por las múltiples intervenciones, a los mineros presentes pareció interesarle de manera muy especial.
El ministro Isa Conde fue certero al expresar que, aunque esta es una actividad generadora de riquezas, la desorganización del sector no permite que quienes trabajan en las minas obtengan suficientes beneficios de sus productos, de manera particular del ámbar y el larimar, por lo que desde su llegada al ministerio está enfocado en transformar la pequeña minería. Una evidencia contundente de esa determinación es la formulación y puesta en funcionamiento del programa simplificado de formalización del ministerio que permitirá al subsector tener acceso a financiamiento blando, capacitación y entrenamientos técnicos puntuales, servicios de salud e incluso a programas de ayuda focalizados, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo sustentable de la actividad.
En el mundo de la MAPE abunda la minería ilegal, esto es, aquella ejercida por persona, natural o jurídica, usando equipo y maquinaria que no corresponden a las características de la actividad, o sin cumplir con las exigencias de la normatividad vigente (disposiciones administrativas, técnicas, sociales y ambientales) que la rige, o que, en muchos casos, se realiza en zonas en las que está prohibido su ejercicio (parques nacionales o zonas reservadas). En todo caso, los actores más comunes son los mineros informales, es decir, los que actúan igualmente al margen de las normas correspondientes y usan equipos y maquinarias inadecuadas, pero que, a diferencia de los primeros, desarrollan actividades de extracción y beneficio en zonas no prohibidas para la actividad minera.
Cabe destacar que siguen siendo informales los que hayan iniciado un proceso de formalización, y lo seguirán siendo hasta cumplir todos los requerimientos administrativos, técnicos, sociales y ambientales establecidos. En uno y otro caso, las condiciones de trabajo son paupérrimas, los niveles de ingresos bajos y el cumplimiento de los requisitos básicos de salud y seguridad en el trabajo son sencillamente inaceptables.
La ayuda del Estado, bajo diferentes modalidades (asistencia técnica y financiera, capacitación, seguridad ocupacional, implementación de buenas prácticas mineras, etc.) es realmente necesaria, por lo menos en una primera etapa; sin embargo, el gran valor que el Estado puede aportar al subsector, además de la formulación y administración de las políticas que reclame su desarrollo sustentable, es la formalización, lo cual significa su entrada al mundo de la legalidad o de la economía reglada o formal de estas unidades productivas, lo cual permitiría la reducción al mínimo de los abusos de la intermediación indiscriminada, el escaso o nulo nivel de agregación de valor in situ a los productos extraídos y el acceso a programas de ayuda y financiamiento.
Partiendo de esta convicción, el ministerio de Energía y Minas pone el énfasis en la conquista de la legalidad gradual, en la educación, la asistencia técnica permanente y el diálogo abierto y franco. Y, a todas luces, no se quedó en las palabras, ya que formuló, implementa y está mejorando lo que sus autoridades han denominado proceso de formalización simplificado, mediante el cual se establecen y administran los requisitos, plazos y procedimientos para que el sujeto de formalización- persona natural, persona jurídica o grupo de personas organizadas- pueda cumplir con la legislación vigente y entrar al mundo de la economía formal o reglada.