Todo aquello que pueda servir como medio subsistencia, será tarde o temprano explotado por el hombre, especialmente en países donde la pobreza campea a sus anchas.
Es el caso de la llamada minería artesanal y en pequeña escala (MAPE). A falta de otras opciones laborales y muchas veces siguiendo el legado de generaciones, los mineros artesanales y pequeños se dedican a la extracción y venta de una amplia gama de minerales, en la que en muchos casos predomina el oro, uno de los metales nobles de mayor connotación comercial desde los tiempos de la colonia ((ver: Moya Pons, Frank. El Oro en la historia dominicana. Santo Domingo, 2016).
También destaca en los últimos decenios la extracción de gemas y piedras preciosas, tales como larimar, que es una pectolita del grupo de los silicatos; ámbar, que es más bien un compendio orgánico y no un mineral propiamente dicho; diamantes, zafiros y granates, plata, zinc, carbón y diversos materiales de construcción, todos ellos de relativo fácil procesamiento, transportación y comercialización.
Se estima que en todo el mundo la minería en pequeña escala ocupa cerca de 13 millones de personas en forma directa, principalmente en los países en desarrollo, afectando los medios de subsistencia de otros 80–100 millones. En el caso de nuestro país, no se dispone de una caracterización socioeconómica detallada de estas unidades.
Muchos son los factores que explican la división del trabajo entre la minería de gran escala y la minería artesanal y pequeña. Los beneficios de la mecanización, el acceso al financiamiento, las economías de escala y las mismas características de las vetas -extensas y uniformes, escarpadas o en declive, cuerpos mineralizados irregulares- son algunos de los factores que inciden de manera determinante.
La minería de subsistencia, aun estando organizada en cooperativas o bajo otras formas representativas, no tiene la manera de costear estudios de exploración o geológicos y enfrenta serias restricciones a la hora de emprender explotaciones subterráneas; por otro lado, cuando se trata de depósitos aluviales en ríos y arroyos, ella suele utilizar instrumentos de trabajo harto rudimentarios, como picos, palas, canaletas y bateas simples.
Diversos estudios establecen diferencias entre la minería artesanal y la de pequeña escala. La primera, la artesanal, puede involucrar solamente a personas o familias y se realiza en forma exclusivamente manual, careciendo en general de los derechos de concesión y de cualquier otro permiso de autoridad competente; la segunda, siendo más difundida, evidencia un mayor nivel de mecanización y sus actores ostentan con frecuencia títulos de propiedad de los terrenos, o simplemente realizan sus labores en las tierras en las que han vivido siempre, pero en muchos casos careciendo del derecho de propiedad sobre las áreas en explotación.
Con toda certeza, y dada la experiencia acumulada en la región, la mayor población de mineros informales e ilegales pertenece al universo de los mineros artesanales, mientras que un mayor nivel de formalidad y legalidad corresponde a la minería en pequeña escala.
En el caso de nuestro país, la informalidad de este segmento extractivo se ha generalizado porque desde el final de dictadura de Trujillo la determinación política de desarrollarlo estuvo prácticamente ausente. Puede afirmarse que nunca se intentó inducir ordenamiento alguno, no se diagnosticaron convenientemente las necesidades de su desarrollo y mucho menos fluyeron los recursos necesarios en función de un plan integral de apoyo técnico y estrategias de formalización.
Todo ello a pesar de que, como fuera constatado en la 1ª Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas en Santiago de Chile (1996), la actividad involucra aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales. Esta conferencia acordó encuadrar el tratamiento de la pequeña minería dentro de la urgente necesidad de modernizar la institucionalidad minera, adoptando medidas para el reforzamiento de las políticas y acciones tendentes a intensificar la exploración y explotación de los recursos minerales, al mismo tiempo que, mediante la cooperación continental, se reforzaran las instituciones vinculadas al sector.
Fueron aprobados otros lineamientos, tales como mejorar las relaciones entre los organismos encargados de la administración de las concesiones mineras, desarrollando la cooperación entre agencias gubernamentales, e implementando programas de capacitación e investigación geológica minera con la ayuda de empresas, organismos especializados y el Estado (ver: Chaparro Ávila, Eduardo. La pequeña minería y los nuevos desafíos de la gestión pública. CEPAL, Santiago de Chile, 2004).
Esta visión, por el solo hecho de enfocarse en la modernización de la institucionalidad y el reforzamiento del conocimiento minero, es de por sí un avance considerable. Como resultado de estos primeros pasos en el nivel político, se organizaron una serie de talleres regionales, iniciados en Caracas en el primer año de la presente centuria; estos ejercicios hicieron énfasis en varios aspectos del subsector, en primer término, en el de la titulación y la adopción de medidas orientadas a racionalizar, simplificar y facilitar el acceso a la formalidad, que es lo mismo que decir a la legalidad y/o economía formal. Todo ello sin perder de vista el tema de la fiscalidad, que sabemos es un elemento que aterroriza a quienes por decenios han vivido sin pensar -y muchas veces sin poder-ser sujetos de tributación.