Es normal que en coyunturas tan críticas como la que sufrimos actividades como la minería sean valoradas como un lugar al que siempre se puede llegar para paliar la grave falta de recursos que enfrenta el gobierno.
El servicio del endeudamiento externo; el mantenimiento de los costosos programas sociales que siguen salvando la gobernabilidad; la reducción del PIB que pone en jaque las recaudaciones tributarias, el empleo y los ingresos de las familias y empresas, y la colosal deuda cuasi fiscal del Banco Central (pérdidas anuales sin considerar la revaluación de activos y pasivos), obligan al gobierno a poner a prueba su ingenio político y financiero.
El anunciado adelanto de impuestos corrientes de la Barrick por un monto no confirmado de manera definitiva ascendente a 95 millones de USD (unos 5.56 mil millones de pesos) y los anticipos de impuestos del sector financiero por 20 mil millones, se inscriben en este esfuerzo de afanosa búsqueda de ingresos para paliar las perentorias necesidades del presente.
Una fórmula que permitiría al gobierno recibir en parte lo que ya no recibiría por los impuestos que fueron cargados en la primera versión del proyecto de presupuesto del año próximo, desestimados por el presidente Abinader.
Para el pueblo será siempre más aceptable que el gobierno reciba el pago por adelantado de las obligaciones que tienen terceros frente a él (impuestos), que gravar con nuevos descuentos sus ya reducidos ingresos.
En cuanto al adelanto de impuestos por la minería (en este caso se trata exclusivamente del oro), creemos válida la siguiente reflexión.
Este sector no debe verse solamente como una fuente de ingresos siempre posible para el gobierno, ya sea por razones de sus aprietos financieros coyunturales, ya por la vigencia de precios excepcionalmente favorables de los minerales en los mercados internacionales.
La minería nacional, metálica y no metálica, como lo hemos sostenido en decenas de artículos desde esta columna, puede convertirse realmente en uno de los principales pivotes del desarrollo económico dominicano, siempre que la voluntad política superior tenga la determinación de nadar contra la corriente de ciertos intereses, así como el imprescindible olfato estratégico respecto a varios frentes de actuación.
Uno de ellos es la normatividad. No es posible que a estas alturas estemos discutiendo la pertinencia jurídica y desarrollista de una ley que tiene de vigencia casi cincuenta años. ¿Es este realmente el instrumento jurídico idóneo para impulsar el desarrollo minero integral desde perspectivas estatales visionarias?
Al margen de que ella no aborda con la necesaria suficiencia conceptual ámbitos temáticos clave para el desarrollo sostenible del sector, contiene un régimen fiscal obsoleto que soporta la inequidad distributiva de la renta minera global en perjuicio del Estado dominicano.
Pocos entendidos negarían que asuntos relacionados con disposiciones sustantivas, reservas estratégicas, régimen de otorgamiento de derechos y reglas de concesiones, autorizaciones y licencias (incluidos los agregados y la minería marina), recursos minerales no autorizados, minerales extraídos y no vendidos, áreas y vigencias permitidas, recursos minerales estratégicos, derechos y obligaciones, servidumbres y expropiación, y planes de cierre y pos cierre, entre otros, son cuestiones ineludibles en una legislación minera moderna.
Todo ello junto a la comprensión del hecho de que la minería no solo es metálica, sino también no metálica. Y el área de trabajo no metálico encierra un enorme potencial de ingresos para el gobierno, siempre que decidamos organizarlo y reglamentarlo debidamente.
En el tratamiento de todos estos temas debe primar no solo el interés privado, que sería descabellado no tomar en cuenta, sino también los intereses legítimos del Estado siempre dentro de una estrategia de desarrollo sistémica y sostenible de la nación.
Olvidamos que todos estos asuntos fueron debidamente abordados en el Proyecto de Ley de la Minería Nacional. En su proceso de elaboración vivimos junto a otros colegas una experiencia profesional fascinante. Un antecedente que tiene detrás un trabajo intenso de investigación, largas y aleccionadoras reflexiones, y loables esfuerzos documentados de socialización e inclusión ciudadana.
Si respetamos el principio de la continuidad del Estado, prometido desde los primeros días de la presente administración, mal haríamos en desestimar esta loable referencia legislativa, hoy dormida en el regazo del Congreso Nacional.
Lamentablemente, el gobierno anterior hizo más caso a los ruidos mediáticos generados por los defensores del viejo orden, que a la inaplazable necesidad de reconstrucción normativa e institucional de uno de los sectores más importantes de la economía nacional.
Abrigamos la esperanza de que el presidente Abinader retome este asunto tan crucial para el futuro del país, aun en medio de todos los desafíos complejos que enfrenta.