“He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”- Charles de Gaulle.
El mimetismo es una habilidad extraordinaria y, en muchos casos, mortalmente convincente para algunos animales (cuando es agresivo). Esta destreza física, que combina apariencia física, colores, inmovilidad mágica y velocidades de misiles hipersónicos, de acuerdo con la RAE, es la propiedad que poseen algunos animales y plantas de asemejarse a otros de su entorno (mimetizarse). La habilidad se pone en acción para sobrevivir, ya sea pasando desapercibido para los depredadores o el peligro inminente o para devorar en fracciones de segundos a las impróvidas e incautas presas.
En estos tiempos el mimetismo es una fantástica habilidad de muchos políticos. Una que sirve para proteger de una manera imperceptible para la mayoría sus provocadores privilegios en países que, como el nuestro, evidencia muchas carencias materiales y espirituales, además de dolorosas fallas institucionales. En este caso, el mimetismo se refiere a la tercera definición dada por la RAE: adopción como propios de los comportamientos y opiniones ajenos.
En el caso de nuestros distinguidos senadores, advertimos un mimetismo de gran calidad y efectividad. Están de acuerdo con terminar con sus irritantes prerrogativas y al mismo tiempo proponen (mimetizándose) una especie de transacción imposible: que sean eliminados todos o casi todos los incentivos tributarios establecidos en unos 22 dispositivos legales vigentes.
Es así como adoptan como propia la determinación de cientos de miles de ciudadanos que aspiran a que sean revisados de manera competente e imparcial las exenciones, deducciones, créditos, tasas reducidas y diferimientos, entre otros instrumentos de relevancia que integran el llamado gasto tributario gubernamental.
¡Pretenden ponerse del lado de estos ciudadanos conscientes al hacer mucho ruido con un proyecto de ley que eliminaría, sin discriminación analítica alguna, todos los incentivos vigentes en la economía nacional!
“O el mantenimiento de nuestros privilegios o el diluvio” (ver: El Dinero, sección Opiniones, 4 de noviembre 2021) -es el cínico y desconcertante mensaje implícito en el proyecto de ley avanzado por un grupo de congresistas.
Pretende ser la máxima expresión de solidaridad con los ciudadanos conscientes. Pero es solo una aparente actitud revolucionaria que esconde el hecho de que el barrilito, las exoneraciones y otros privilegios excepcionales (seguridad, viáticos, choferes, etc.), no sean finalmente suprimidos, allanando posiblemente el camino a un comportamiento moral del Congreso Nacional realmente comprometido con los intereses y las necesidades de los electores.
Aquí hay de todo: egocentrismo desafiante, odiosa preeminencia de los intereses personales, irresponsabilidad frente a los electores, demagogia politiquera, mala actuación y falsa moral. Es el mimetismo político congresual del siglo XXI.
El proyecto de marras es una manera aviesamente ingeniosa de marcar ventajas en un posible proceso de negociación con el gobierno y la sociedad ante la creciente exigencia de que la representatividad política de la nación debe ser ejemplo de austeridad, sacrificio, probidad y sensatez.
Poco importa saber que una sustantiva proporción del gasto tributario está enfocado en exoneraciones que benefician al consumidor final o al contribuyente individual, no a los empresarios favorecidos en su tiempo con la famosa Ley 299 sobre Protección e Incentivo Industrial (23 de abril de 1968).
Más concretamente: el ITBIS exonerado a las personas físicas representa un gasto tributario en el deficitario presupuesto de 2022 de 162 mil millones de pesos, cantidad que compone el 56.5% del gasto tributario proyectado para ese mismo año, estimado en 285.7 mil millones.
¿Cómo demostrar que este impresionante monto de exoneraciones llega a los bolsillos de los empresarios, que ni siquiera a las empresas? Además, supongamos que hagamos caso a las pretensiones falsamente solidarias de los senadores y reduzcamos el gasto tributario a la mitad. ¿Quién garantiza que tal osada medida incremente los ingresos del gobierno en la misma o semejante proporción? ¿Sería lo mismo que reducir la tasa máxima del ITBIS de 18 a 16%? En este último caso se afectarían hacia abajo las recaudaciones en la misma proporción.
Si ese proyecto se llegara a aprobar seguramente que estaríamos bajo los efectos devastadores de briosos ciclones económicos. Como sabemos, estos fenómenos naturales afectan siempre y de manera invariable a los más vulnerables, es decir, a los supuestos defendidos de los senadores.
¿Eliminar los incentivos actuales a las zonas francas no significaría en algún grado la destrucción de empleos y la reducción de las recaudaciones en divisas que mantienen hasta ahora altas las reservas y garantizan la estabilidad cambiaria?
¿No impactaría negativamente tal medida los índices de clima empresarial, de confianza industrial y de actividades manufactureras? ¿Qué sería más racional la eliminación o la revisión de los beneficios de las ZFI expresados en exoneraciones de los impuestos sobre la renta, bienes inmuebles por 10 años, exportación o reexportación de producto, remesas al extranjero y patentes municipales por 10 años? ¿Cómo demostrar que desmantelar el trato tributario especial de este importante sector redundaría en un incremento de las recaudaciones o en una reducción del enorme déficit fiscal acumulado?
El mismo razonamiento es válido para la propuesta de eliminación de las exoneraciones a los combustibles. ¿Cuál sería su impacto en las tarifas eléctricas hoy incrementadas silenciosamente para salvar a las EDES de sus consabidas y viejas deficiencias operativas y administrativas? ¿No sería mejor determinar qué es lo que realmente se hace con los combustibles exonerados?
Habría que ver también en detalle los impactos del mimetismo congresual en el turismo; el cambio de la matriz energética; gastos educativos de los muchachos que no estudian en los colegios bilingües de alta gama; industria textil amenazada por la competencia desde Asia; incipiente (y todavía muy mala) producción cinematográfica; minería (con ingresos esperados de una sola empresa de más de 17 mil millones este año) y sobre los tímidos y aislados intentos de poner en marcha un modelo económico nuevo firmemente fundamentado en la producción de conocimientos útiles (innovación) y no la competitividad espuria que conviene a unos pocos grupos familiares.