En la primera parte de este artículo, nos referíamos a la figura existente en Canadá, del “inmigrante de estatus legal precario” que no es más que aquel inmigrante sin documentos legales. Como es sabido por muchos, Canadá dispensa un trato muy distinto a los inmigrantes ilegales que, por ejemplo, Los Estados Unidos, o muchos de los países de Europa; de ahí que exista toda una cronología de hechos en los que los inmigrantes y refugiados han tenido gran participación en el desarrollo que exhibe esta gran nación.
Sin embargo, aún así, Canadá no representa la gloria para los inmigrantes ilegales y aquellos que llegan allí en busca de ser asumidos como refugiados, en razón de que, aún tengan hijos, cuenten con algún trabajo, o perciban algunos emolumentos resultado de su inserción laboral, deja mucho que desear la diferencia que existe entre estos y quienes cuentan con documentos, pues en otras palabras según lo investigado por Leonora Chapman, periodista en Radio Canadá Internacional, legalmente los indocumentados “no existen”; y en cuanto a los refugiados, se estima que de las solicitudes de asilo examinadas por las autoridades, un 50% de estas serían aceptadas, según la misma fuente. De todas formas el mundo ha visto como este país se ha diferenciado de la mayoría de otros Estados poderosos “abriendo las puertas” con limitaciones, a inmigrantes y refugiados, incluyendo los de procedencia musulmana.
En España no se ha cejado en aumentar los recursos destinados a controlar los flujos migratorios desde que en 1990 se instalaran las primeras vallas fronterizas en Ceuta y Melilla.
En todas partes del mundo se está poniendo control a la inmigración ilegal, y se trata por todos los medios, cuando no de eliminarla, reducirla a su mínima expresión. Como muestra de la preocupación que representa la inmigración ilegal para los países europeos, basta recordar la forma suplicante en que el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en plena crisis representada por el desembarco del año pasado en Grecia, de inmigrantes y refugiados; se expresaba diciendo: “Quiero hacer un llamamiento a todos los potenciales inmigrantes ilegales económicos; seas de donde seas, no vengas a Europa”.
Poniendo como fundamento la migración y el terrorismo, Francia, Austria, Alemania, Dinamarca y Noruega, según el Periódico El País, están pidiendo a la Unión Europea más tiempo y margen de control de las fronteras interiores del espacio Schengen (territorio de circulación libre de pasaportes), algo que representa uno de los mejores evaluados y preciados símbolos de la integración europea. Estos países han generalizado los controles en sus pasos fronterizos, y recordemos que el pasado año los veintiocho países de la UE dieron un ultimátum de tres meses a Grecia para que procediera a redoblar sus controles fronterizos, debido a las “graves deficiencias” detectadas por la Comisión Europea en los pasos fronterizos del país helénico con Turquía.
Algunos países han llegado a contemplar el uso de fuerza militar para ponerle un valladar al flujo migratorio. Otros han comenzado a levantar muros; como muestra se puede mencionar a Hungría, que imita al Presidente estadounidense Donald Trump pidiendo (por no decir: exigiendo) a la Unión Europea (UE), que pague la mitad del costo del muro, lo que representa unos 400 millones de euros. El descontento se ha generalizado y los ciudadanos hacen exigencias a los gobiernos europeos, de arreciar los controles migratorios, y estos a su vez hacen lo mismo hacia la UE. A estas demandas ya se han sumado Alemania y otras naciones como Italia en donde las protestas de multitudes encabezadas por algunos alcaldes ya pretenden tomar los controles en sus manos. Esto es una ínfima parte del panorama actual de las migraciones de indocumentados, que tiene también una importante arista humanitaria que los países deben cumplir y con lo que nosotros nos mostramos de acuerdo y abogamos por ello.
Estamos hablando de países grandes y desarrollados, para los cuales representa mucho unas decenas o cientos de miles de inmigrantes indocumentados, imaginemos lo que significa más de un millón de inmigrantes haitianos (y los que siguen entrando sin ningún control), en nuestra media isla de sólo 48 mil kilómetros cuadrados, en términos de las necesidades de salud, educación, vivienda, y un largo etcétera. Allí se preocupan y emprenden acciones para cuidar sus fronteras de la inmigración ilegal; aquí no existe la voluntad política de hacerlo, y peor aún se percibe una gran falta de interés de las autoridades de enfrentar el fenómeno.
En esta isla que habitamos dominicanos y haitianos, el problema ha llegado a ser de proporciones extraordinarias (lo que se ignora en la mayor parte de la Comunidad Internacional), producto de la irresponsabilidad de los gobiernos de ambos países; por un lado, el de la República Dominicana por no hacer lo necesario para poner control sobre el flujo de inmigrantes procedentes del lado haitiano de la frontera; y por otro, el Gobierno de Haití, que no sólo se hace de la vista gorda, dejando de hacer lo necesario para controlar la salida de sus nacionales hacia nuestro país, a los que no documenta, sino que alienta y fomenta esta migración.
El problema se ha desbordado y el Gobierno no dice nada al respecto, incluso se percibe que hay temor de las propias autoridades de accionar exigiendo el cumplimiento de la ley a los inmigrantes haitianos. La presencia de los haitianos indocumentados es masiva en cualquier parte a que usted se mueva, principalmente en las más pobladas ciudades de la República Dominicana, con todos los problemas que acarrea, como son los de insalubridad, hacinamiento, aumento descontrolado del gasto público ocasionado por el incremento extremado de la población en muy poco tiempo, entre muchos más; sin hablar de la exagerada sustitución de la mano de obra nacional.
Nos preguntamos ¿cuando entenderá el Gobierno, la extrema urgencia que reviste el problema?, ¿cuando se abocará a buscarle una solución real?, ¿cuando entenderá que la patria está en peligro?