Justicia y bien común

Mi reflexión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano II

Por Juan Tómas Taveras

En la primera parte de mi reflexión manifestábamos nuestro apoyo al Gobierno dominicano por su respaldo a la sentencia del Tribunal Constitucional número TC-0168-13, del 23 de septiembre de 2013, pero debido a la complejidad y controversias generadas por esta decisión nos sentimos motivados a ampliar las argumentaciones y hacer algunas recomendaciones que creo relevantes en cuanto al tema.

Nuestras autoridades, especialmente el presidente Danilo Medina, como responsable de la política exterior de la república, debe aprovechar la gran capacidad y recursos de comunicación del Estado, para convocar a todos nuestros diplomáticos y prepararlos para defender dicha sentencia No.TC-0168-13. Del mismo modo hacer una campaña estratégica a nivel mundial en voz de nuestros mejores expertos constitucionalistas, para concienciar a la comunidad nacional e internacional, y de esta forma desenmascarar a los oportunistas e irresponsables detrás de las controversias y manipulaciones con dicha sentencia

Por otra parte cuando todos los extranjeros, especialmente los descendientes haitianos  e incluso los dominicanos estén auditados, documentados o legalizados sus estatus o nacionalidades, tendrán las facultades de empoderarse y reclamar derechos, así también evitar de ser explotados, maltratados e impedir toda clase de discriminación; por ende mayor posibilidad de defensa en cualquier circunstancia que pueda afectarles. En fin, se le hará más difícil aprovecharse a los abusadores y violadores de derechos de esa debilidad de estar indocumentados o ilegales y que los hace vulnerables.

El derecho surge como guía para organizar las sociedades y los estados que nacen de ellas. Las constituciones y las  leyes son el fundamento de ese derecho que a su vez establecen el estado derecho. E independientemente del desacuerdo que tengamos con ese estado de cosas que nos convierte en cada país o Estado, en  nuestro caso que seamos República Dominicana, debemos someternos a ello.

No llego a comprender, cómo entonces y el porqué tantas personas se organizan para defender intereses contrario a la dominicanidad y a nuestro estado de derecho. Reconozco la importancia de la condición humana, pero en igualdad de condiciones, partiendo de lo humano mismo, ningún grupo minoritario y en muchas ocasiones con estatus de ilegalidad puede o debe sobreponerse a los intereses de las mayorías, eso es contrario a la esencia de las democracias y al artículo siete de nuestra Constitución: “Estado Social y Democrático de Derecho”.

Debemos estar claros que el Estado haitiano a negado casi en su historia completa asumir su responsabilidad de organizar e identificar su sociedad, ellos son los que han permitido que la mayoría de sus ciudadanos se sientan apátridas en su mismo territorio y sin ninguna garantía de derechos, por eso emigran a otras naciones, siendo la más fácil República Dominicana. Pero esto no nos obliga de ninguna manera, a cargar con extranjeros ilegales, muchos apátrida y otros delincuentes internacionales, situación que agrava nuestros conflictos sociales.

Esta situación de inmigración ilegal, afecta todos los derechos de los dominicanos y resulta una gran carga al presupuesto anual de la nación. El derecho internacional faculta a República Dominicana, la libre determinación de su Estado para toda situación, como la que nos ocupa con el tema. Cabe decir “A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar” Este problema es fruto de irresponsabilidad del Estado haitiano y de la comunidad internacional, son ellos quienes deben asumirlo.

Los confundidos y los oportunistas de estos temas, deben preguntarse lo siguiente:

¿Qué pasa con los recursos económicos y otros rublos que son donados como ayuda al pueblo haitiano?

¿Quiénes roban y corrompen estos recursos en Haití?

¿Cuánto de estos recursos van a manos de los políticos, diplomáticos haitianos y a las más de tres mil Ongs establecidas en Haití?

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