Justicia y bien común

Mi reflexión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano

Por Juan Tómas Taveras

La sentencia del Tribunal Constitucional número TC-0168-13, del 23 de septiembre de 2013, que dispone que los hijos de extranjeros sin residencia legal permanente nacidos en territorio dominicano, no son titulares de la nacionalidad dominicana. Al mismo tiempo, ordena a la Junta Central Electoral proceder a la regularización mediante auditorías de los registros de actos del estado civil desde 1929 hasta 2007, estableciendo la implementación de  libros de registro especiales de nacimientos de extranjeros.

Dicha sentencia busca sentar un precedente al retrotraer la ley, poniendo en entre dicho el principio de no retroactividad de la ley que dicta el artículo 110 de nuestra Constitución, en relación al acuerdo fronterizo domínico haitiano de 1929 iniciado por Horacio Vásquez y ratificado entre los presidentes Stenio Vincent de Haití y Rafael Leónidas Trujillo, dominicano en 1936, violación de dicho tratado que dio lugar a la matanza del 1937.

Mi opinión sobre el debate y controversias que ha generado dicha sentencia en cuanto a la concesión  de nacionalidad dominicana y que su aplicación compete en su mayoría a los descendientes o inmigrantes haitianos, es la siguiente: considero que para que una persona sea signataria de derechos debe tener una identidad y residir o estar en tránsito de manera legal, nadie en la ilegalidad o sin identidad es ente de derecho, “no nace una legalidad de la ilegalidad” es el principio de legalidad, voluntad de la ley y su jurisdicción se sobrepone a la voluntad y ambiciones de las personas. Por esta razón es obligatorio y correcto que se auditen todos los habitantes sin papeles o indocumentados que se encuentren en la República Dominicana sin importar su descendencia u origen de Estado o país.

Nuestras autoridades han sido irresponsables e incapaces de cumplir con la organización avanzada de nuestra sociedad como Estado moderno, de lo cual muchos gobernantes alardean con demagogia y mentiras, pues eso es una aspiración por concretarse aún.

En tal sentido no sabemos a ciencia cierta cuantos habitantes residen en el territorio dominicano, lo que ha provocado que hoy día existan dos problemas: una invasión pacífica de haitianos y descendientes sin ninguna documentación y una gran cantidad de delincuentes internacionales procedentes de las mafias más peligrosas del mundo, que operan en nuestro país y que constituyen una amenaza transnacional.

No se ha considerado en los debates un punto importante, y es el hecho de que independientemente de la condición humana que debemos respetar y proteger por encima de todas las cosas, debemos estar claros que las sociedades se fundamentan en su constitución, las leyes y demás reglamentos que dan lugar al Estado de Derecho, y que las denomina como sociedad organizada y civilizada.

Aclarado esto, todos los habitantes residentes en el territorio dominicano debemos cumplir con esas normativas citadas. Y todo aquel que no esté debidamente regularizado o legalizado en el país, está amenazando o desafiando nuestro Estado de Derecho y la seguridad en general. Lo planteado no quiere decir que le quitemos la nacionalidad al que le corresponda (por la circunstancia que sea). Pero sí es obligatorio que se respete la legalidad de cada habitante y nuestra jurisprudencia.

¿Qué nos hace entes de derecho? Es toda persona que tiene un documento de identidad: un acta de nacimiento, un pasaporte, una cédula, un contrato de trabajo (...). A millones les hace falta, y hay que resolverlo. Cada habitante establecido en República Dominicana necesita una identidad, una nacionalidad, un documento que lo certifique como ciudadano de aquí o de allá. Tenemos millones de ilegales en la República Dominicana sin regularizar, y eso es una amenaza a la soberanía, al Estado de Derecho como dije antes, a nuestra condición de sociedad organizada o al orden social mismo.

Dejemos de lado el racismo, el antihaitianismo, las controversias y enfoquemos en el problema. El problema real son los tantos indocumentados haitianos que residen en la República Dominicana, y a esto podemos sumarle los delincuentes internacionales, no haitianos necesariamente, que amenazan la paz y nuestra seguridad nacional.

Una sentencia contraria al espíritu del artículo 18 de nuestra actual Constitución  política crearía el precedente para la unificación de derecho de la naciones que conformamos la isla, Haití y República Dominicana, que de ninguna debemos aceptar.

Apoyo “la sentencia del Tribunal Constitucional número TC-0168-13”, y apoyo la decisión del gobierno de acatar dicha sentencia del alto tribunal constitucional, así como su compromiso con respecto de la creación del Consejo Nacional de Migración, que en un plazo no mayor de 60 días, deberá elaborar el Plan de Regularización de Extranjeros, además del informe correspondiente a la Junta Central Electoral (JCE), que deberá entregar en 30 días.

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