Hace unos años, cuando me solicitaban mi opinión sobre la necesidad de una reforma tributaria, contestaba que estaba opuesto a ella, porque lo que había que hacer primero era controlar el gasto público superfluo e innecesario que nos estaba ahogando. Me refería a un dispendio generalizado y a una corrupción galopante. Algunos ejemplos: todos los funcionarios con yipetas de altísimo costo pagadas por el Estado; senadores con automóviles cuyo costo superaban los US$200,000 dólares comprados con fondos públicos; presidentes de la República viajando constantemente al extranjero en aviones fletados más propios de príncipes árabes; numerosas embajadas con gastos millonarios abiertas en países que en nada contribuyen a nuestro desarrollo; festines de funcionarios con tarjetas de crédito pagadas por el gobierno; misiones diplomáticas en organismos internacionales con más embajadores que los países más ricos del mundo; una práctica generalizada de sobrevaluar las obras públicas; existencia de una nominilla parasitaria de miles de personas; legisladores recibiendo ingresos por barrilitos y otras fuentes algo nunca vistos aún en países desarrollados; queridas y familiares de funcionarios en altísimos puestos públicos con sueldos de lujo; miles de militares al servicio de particulares pagados por los contribuyentes; periodistas bocinas recibiendo millonarias sumas mensuales sólo para confundir a la opinión pública; gastos en publicidad del Estado totalmente excesivos e injustificados y mil otros casos, pues la lista del dispendio de los recursos públicos era infinita e igualmente bochornosa.
Por otra parte, algunos me decían que si bien todo este dispendio en los gastos era cierto, también había que admitir que la carga tributaria era muy baja y de ninguna forma podía alcanzar para cubrir las necesidades del Estado. A ellos les respondía que el problema no era que las tasas tributarias eran bajas en nuestro país, sino que una inmensa parte de la población no cumplen con sus obligaciones fiscales. Les citaba a numerosos funcionarios que recibían ingresos que no reportaban; a una amplia gama de negocios informales que no declaraban beneficios ni llevan contabilidad organizada; a miles de personas amparadas bajo los “agentes de retención” que no declaraban la mayoría de sus otros ingresos; a cientos de empresas y personas amparadas por “exenciones fiscales” que no se justificaban; a personas que no declaraban rentas personales , teniendo yates y otros artículos de extremo lujo; a negocios bien establecidos y en constante crecimiento cuya vertiginosa expansión no se corresponde con las beneficios que declaraban; y aquí también, la lista era todavía mucho más larga.
Afortunadamente el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader está haciendo esfuerzos para reducir todos esos gastos públicos innecesarios y así se han ido mostrando sus resultados, aunque todavía queda mucha tela por donde cortar. Pienso que quizás será necesario que los creadores de opinión pública y las instituciones que existen para estos fines, aumenten sus presiones a las nuevas autoridades para que sean aún más exigente con estos recortes de gastos. Así se podría contribuir a crear condiciones socio políticas adecuadas que ayuden a nuestro presidente en esta necesaria tarea. En cuanto a las evasiones tributarias, ya estamos comenzando a ver señales de mejoría tanto en la DGII, como en la DGA que esperamos sigan fortaleciéndose.
Pero la realidad es que nuestras tradicionalmente deficitarias cuentas públicas se han visto agravadas sensiblemente en el último año por tres elementos básicos: a) el constante aumento del pago por concepto de la creciente deuda pública (tanto interna, como externa); b) por la disminución de los ingresos fiscales debido a la caída de la actividad económica que ha provocado la pandemia, y c) por el compromiso fiscal que ha venido a representar el 4% para la educación. A estas tres partidas se le ha agregado más recientemente el aumento del gasto en el sector salud, el incremento a personas y a las empresas para poder atender los efectos del COVD 19 y los subsidios públicos a personas recientemente desempleadas por los efectos de la pandemia.
Para poder entender la extremadamente difícil situación fiscal que enfrenta nuestro país, basta con observar detenidamente las siguientes cifras: Primero, para este nuevo año 2021, se estima que los ingresos totales que recibirá el Gobierno por la aplicación de todos los impuestos existentes tan sólo alcanzará la suma de RD$623 mil millones. Algunos incluso consideran estas proyecciones como optimistas pues la pandemia parece incontrolable en el ámbito mundial.
Por otra parte, estos ingresos tributarios por la suma de RD$623 mil millones tan sólo alcanzarán en este año 2021 para cubrir tres compromisos ineludibles: primero, RD$331 mil millones que tendremos que pagar de intereses y capital por concepto de la deuda pública tanto interna como externa, lo que es una directa consecuencia de un endeudamiento irresponsable de los gobiernos anteriores en momentos que la economía mundial se encontraba en auge. Segundo, RD$195 mil millones para cubrir el compromiso del 4% para la educación escolar, lo que representa una pesada pero importante carga para las finanzas públicas. Finalmente también será ineludible dedicar al menos unos RS$107 mil millones para cubrir los gastos de salud, que se han visto incrementados recientemente por la pandemia.
En otras palabras, la totalidad de los ingresos por concepto de la aplicación de todos los impuestos existentes, tan sólo alcanzarán en este año 2021 para cubrir las tres partidas antes señaladas. Es decir, todos los demás gastos del Gobierno ( justicia, fuerzas armadas, policía nacional, obras públicas, ayuntamientos, cámaras legislativas, educación superior, agricultura, el servicio exterior y el funcionamiento del Estado en general) tendrán que ser cubiertos por ingresos de tesorería, pero sobre todo con endeudamiento tanto interno como externo. Bastaría con señalar que para este año el Gobierno tiene proyectado endeudarse en otros RS$292 mil millones, lo que elevará aún más nuestra deuda pública y con ello se hará aún más difícil la situación fiscal futura.
Esta cruda e ineludible realidad nos demuestra con clara evidencia que será imposible evitar una reforma fiscal en este año, pues como vamos es imposible de sostener nuestra economía a mediano plazo. Pero el mensaje que queremos señalar es que esa reforma fiscal tendrá que ser enfocada en sus dos vertientes, es decir, la del gasto y la de los ingresos. De ahí que será necesario que el Gobierno reduzca aún más los gastos innecesarios y sea mucho más riguroso en sus prioridades inmediatas. Esa es la primera de las grandes transformaciones que tiene por delante el Gobierno del presidente Abinader, es decir, tendrá que comportarse como el país pobre que somos el cual atraviesa por un momento de emergencia. Pero por otra parte, la ciudadanía tiene que entender que será inevitable un aumento sustancial de los ingresos fiscales, lo que tendrá que hacerse lesionando lo menos posible a los que ya no tienen más capacidad de pagar nuevos tributos. Esto nos indica que necesariamente tendremos que ser un país más equitativo, más justo. Esta es la segunda gran tarea que tendrá que enfrentar nuestro presidente.
En conclusión, Ha llegado el período de las grandes reformas y todos tenemos que estar preparados para hacer los sacrificios que la misma requiere, pues si en algo debemos estar completamente seguros, es que no es posible seguir comportándonos igual que en el pasado, pues sería entonces la propia economía la que a través de sus reglas ineludibles, nos imponga el necesario ajuste, lo que también está demostrado que si elegimos esta vía, el ajuste sería aún más severo y socialmente más injusto.