"Sólo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al pueblo informado." Con el acuerdo arribado el pasado 8 de mayo, hemos ganado solo una batalla, la lucha debe continuar hasta revisar, trasparentar y legitimar cada contrato oneroso firmado por nuestro Estado.
Reconocemos como bueno y válido la conquista del pueblo y el gobierno de tumbarles el pulso a la minera Barrick Gold y a todos los interesados en protegerla, al lograrse un acuerdo preliminar para modificar el contrato especial vigente para arrendamiento de los derechos mineros, el cual aumenta considerablemente los beneficios económicos.
Por tal motivo felicitamos al pueblo dominicano y al presidente Danilo Medina, al mismo tiempo invitar a nuestro mandatario a que tome como ejemplo este triunfo, el cual deja evidenciado que cuando se tiene el apoyo del pueblo se gana legitimidad y poder absoluto, independientemente de la posición de desventaja del gobierno frente a los demás poderes del Estado y los fácticos. Ya que éstos están más comprometidos con el ex presidente Leonel Fernández, principal culpable (…).
A pesar del poder de los detractores, lo más importante demostrado en este caso, es que un pueblo unido sigue siendo el arma más poderosa y temida en toda organización social, por lo que el presidente Medina debe continuar considerando su compromiso con los mejores intereses de su pueblo.
En tal sentido quiero llamar la atención con algunos considerandos en cuanto a esta negociación:
No se resaltó en el memorándum de entendimiento lo relacionado al tratamiento de los pasivos ambientales; así como reducir los privilegios que se otorgan a esta empresa.
Entendemos que el principal objetivo a considerar para el gobierno era el aumentar la cifra de los beneficios económicos, pero no menos relevante debe ser la protección ambiental y el respeto a nuestras Constitución y otras leyes, las cuales han quedado entre dicho frente a los ejecutivos de esta transnacional.
El gobierno no debe dar fe sobre la Barrick Gold, cito fragmento del acuerdo: “Da cuenta, además de la seriedad y responsabilidad de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation”.
Pues, si ponemos en contra peso los daños ya causados por el inicio de estas explotaciones mineras y los que faltan por ocasionarse al término de la vida útil de la mina, serán incalculables e irreversibles los daños a nuestro medio ambiente, en los que se incluyen varios ríos, la presa de Hatillo, la fauna y las personas que viven en esa zona, que ya se les ha alterado su modus vivendi y hasta ahora no han recibido ninguna compensación.
Como aspiración ideal me inclinaría por ninguna explotación minera en el país, pero siendo realista en este contexto de una economía en recesión, tenemos que entender que es necesaria la explotación minera responsable, estableciendo el menor daño posible a nuestro medio ambiente.
Creo que debemos imitar más a los presidentes de Ecuador y Bolivia en cuanto a los logros alcanzados frente a las mineras, a la protección de sus recursos naturales y también con la defensa a sus soberanías.
Reiteramos nuestro beneplácito al acuerdo anunciado, pero insistimos en que debemos mantenernos vigilantes, no podemos confiarnos de una empresa que ya ha mostrado evidencia de estafa en cada uno de los embarques hasta ahora realizados, además de violar constantemente la Constitución y la ley de medio ambiente, 64-00.
Por último, recomendamos establecer, basados en estudios de factibilidad y avalados por criterios científicos, todos los cálculos relacionados al costo de producción de cada mineral que sea explotado por la minera, especialmente el oro, la plata y el platino. Así mismo hacerlo con la sazonada inversión de tantas cifras mágicas, que invitan a la duda. Por ende, esta empresa debe ser auditada permanentemente, lo que no debe faltar en el acuerdo final.
Nuestro estado de derechos es tal como lo define Wenceslao Vega en su libro Historia del Derecho Dominicano: “El derecho, como superestructura impuesta por la clase que detenta el poder, sirve solo a los intereses de esa clase, por más democrática y humanitaria que parezca la legislación. Cuando la Ley claramente tiende asegurar esos intereses, su letra es obedecida por los encargados de aplicarla, pero cuando ella perjudica el dominio de esa clase, sus jueces y gobernantes se encargan de tergiversarla o tomarla en letra muerta”.