“El analfabeto político es tan animal
que se enorgullece e hincha el pecho
al decir que odia la política.
No sabe el imbécil que
de su ignorancia política proviene
la prostituta, el menor abandonado,
el asaltador, y el peor de los bandidos,
que es el político aprovechador,
embaucador y corrompido,
lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.”
Bertolt Brecht
Ni la sorpresa ni la ignorancia están ausentes cuando, a propósito de los acontecimientos recientes, se afirma que con la elección de la nueva Junta Central Electoral (JCE) “triunfó la institucionalidad”. Vale recordar que la institucionalidad son las ideas, los valores, las normas, las leyes y prácticas que constituyen y explican los comportamientos de quienes forman parte de una sociedad. Independientemente del rango de autoridad que exhiban, de todos se espera un cumplimiento estricto más allá de su filiación política. Y el hecho de que su cumplimiento sea obligatorio no solo le da estabilidad a los sistemas, sino que provoca en los ciudadanos certidumbres. Dicho con mejores palabras: la institucionalidad permite prever lo que va ocurrir.
Las afirmaciones públicas del presidente de la Comisión de senadores constituyen el mejor exponente de que “triunfó la institucionalidad”: “La Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno determinó que Eddy Olivares no debería ser miembro de la Junta por la vinculación política con el partido”. Otro tanto podemos asumir a partir de las declaraciones del ex presidente de la JCE, Roberto Rosario, cuando hizo pública la forma de escogencia que la institucionalidad anuncia: “A Román se lo propusieron a Abinader personas vinculadas a sectores de la iglesia y del empresariado. Abinader le comenta a Leonel que esos sectores le habían propuesto a esa persona y él le dice que no tiene inconveniente. Usted puede escribirlo que es así".
Entonces, ¿se fortaleció la institucionalidad? ¿Cuál institucionalidad? Claramente la que salió fortalecida fue la institucionalidad trujillista-balagueriana, algo más colorida ahora que la reproducen funcionarios elegidos en una contienda electoral. Pero la institucionalidad democrática en la que hay separación de los poderes, en la que se respeta la Constitución respecto del mandato imperativo salió bastante maltrecha. Y aunque se trate de un aspecto mucho más estético que político, no olvidemos que en la institucionalidad democrática no se pone en escena la farsa a la que se prestaron los miembros de la comisión “evaluadora” y a la que obligaron a todos los postulantes. Por favor, tampoco olvidemos que se impuso, nueva vez, la voluntad del jefe.
Si se quería determinar la independencia de Eddy Olivares era muy fácil. Bastaba con comprobar cuántas de las resoluciones de la JCE aprobadas por Olivares fueron luego declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. O podían hacer el ejercicio inverso: ¿cuántas resoluciones que tuvieron un voto disidente del magistrado Olivares fueron declaradas inconstitucionales?
Pero lo que se buscaba era otra cosa. Y es que la alianza de empresarios y sectores de la iglesia ha sido el sostén de la falta de institucionalidad democrática. Históricamente, mientras la jerarquía de la Iglesia puede aferrarse a la Carta Pastoral de enero de 1961, los empresarios apuestan a que los dominicanos olviden el Golpe de Estado a Juan Bosch. Juntos -iglesia, empresarios y cívicos- están en deuda, todavía, por 1963.
Mientras, muchos bien intencionados, que hasta fueron consagrados en la Plaza de La Bandera, se creyeron el cuento de los independientes. Lo que ocurrió en realidad es que los ruidos mediáticos fueron tomados por un tipo de ejemplar social y político a los que en la edad de oro griega llamaban idiotas (ιδιωτης idiotes): los que no se ocupaban de los asuntos públicos, sino de sus intereses particulares.
Ese mismo comportamiento es el que nos quiere llevar también a ver como absolutamente previsible lo que ocurre con la designación de los diputados remplazantes del PRM. Todavía falta uno por designar totalmente fuera de plazo constitucional nada más y nada menos que por la Cámara de Diputados.
Y qué decir de esa misma Cámara que, en otra clara manifestación de la fortaleza institucional trujillista-balagueriana donde las leyes y la Constitución no importan, están esperando aún la voluntad del jefe para proceder con la elección de las ternas para la Defensoría del Pueblo. Con total desparpajo, en un acto inaudito reñido con la constitución y la ley, anuncian que decidieron reabrir inscripciones para la selección de candidatos a esa alta investidura. A nadie sorprendería que tal anuncio esté seguramente motivado por la aparición de algún independiente de vocación tardía. Lo más alarmante del asunto es que hasta la propia Suprema Corte de Justicia está faltando a la Constitución en este caso pues todos los plazos para elegir el Defensor o Defensora del Pueblo están vencidos. Parecieran todos haber olvidado lo que la Constitución manda: “Vencidos los plazos sin que la Cámara de Diputados hubiere escogido y presentado las ternas, las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Si es el Senado el que no efectuare la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá́ de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados.”
Como ven, el régimen político y su consecuente institucionalidad inaugurada en agosto de 1966 es diariamente fortalecida. No es posible olvidar que el Dr. Castaños Guzmán fue nombrado presidente de la JCE sin haber participado en el proceso al que convocó el presidente del senado de ese tiempo. Pero más grave aún, pues está claramente normado en la Constitución, la actual Defensora del Pueblo tampoco cumplió con las exigencias del “pedazo de papel” cuando fue seleccionada.