Estudios del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), en torno al encauzamiento de la Justicia Dominicana, como instrumento del desarrollo de nuestra nación, arrojan que sus diversos problemas ameritan de nuevos enfoques y de otros actores.
Marco que aconseja, teniendo por fundamento, que se trata de una problemática nacional muy compleja y difícil, requeridora de la mayor proporción de mentalidades enriquecedoras y visionarias que detenta República Dominicana, las cuales no están concentradas exclusivamente en la capital del país.
Lo que asume, partiendo del criterio de que las principales debilidades que estacan nuestros estamentos judiciales, afectan por igual a todas las comunidades que integran el territorio nacional, conllevando sus causas y consecuencias, que a las mismas se les otorgue un rol activo en su seguimiento, además, en la obtención de las fórmulas que procuren sus reales correctivos.
Realidad ésta, que conforme a su visión, guía a aceptar en su mayor plenitud, que quienes conforman el poder judicial, jueces, fiscales y su demás integrantes, son entes que forman parte de sus comunidades y sus padecimientos, por tanto, en ellos debe descansar la mayor responsabilidad de la implementación y ejecución de sus cambios y transformaciones, dadas las tareas sociales que les corresponden en pro de una mejor sociedad dominicana.
Iniciativas sugeridas por el CRD:
En este sentido, el CRD en sus estudios, es del parecer, que la erradicación de los preocupantes grados de fragilidad que evidencia el Poder Judicial, necesita la intervención de los principales actores del sistema, que son los jueces y fiscales, en razón de que quienes conocen a perfección sus males junto a sus remedios, son éstos y el personal que les sirve de apoyo, en sus muy delicadas labores sociales y jurisdiccionales.
Visualizado al respecto, que existiendo hacia lo interno de nuestra justicia, muchos jueces dotados de la capacidad y liderazgo, que exige la conducción de sus políticas y la dirección de sus dependencias administrativas y gerenciales, sería una forma de proceder sabia e inteligente su uso intensivo, para cumplir las necesidades actuales y futuras de nuestra población.
Como ejemplo de lo citado, dimensiona las cualidades talentosas de los magistrados Guillermina Marizàn Santana, Arelis Ricout, Aníbal Medrano, Nancy Salcedo, Ramón Horacio González, Francisco Pérez Lora, Alba Collado Halls y Julio César Canò, las cuales al igual que las de otros más, el país puede aprovechar, para conducir con diafanidad la dirección de las políticas y los adecuados controles éticos y administrativos que exige nuestro sistema judicial.
Objetivo que plantea llevarlo al efecto, a través de iniciativas legislativas destinadas a modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial y las reglas que lo rigen, en virtud, de que el actual sistema, no ha resultado el más favorable, en los sanos objetivos que tuvo el legislador, para la descentralización y la democratización del Poder Judicial, como para su saneamiento.
A cuyas iniciativas legales adiciona como de alta prioridad, dar paso a normas jurídicas, que posibiliten descentralizar las funciones y poderes que tiene el referido consejo, creando un órgano de control y supervisión, que a su vez funja como jurisdicción disciplinaria y de seguimiento ético, conformado por jueces de reconocida solvencia moral y antigua trayectoria en la carrera judicial y administrativa.
Para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) la etapa de vida democrática en que vivimos y el correcto rumbo que nos exige el mundo moderno, impone a todas nuestras instituciones, sin excepción, aunar esfuerzos y voluntades para solidificar el Poder Judicial, a fin de hacer de él, unas de las principales columnas del desarrollo nacional, así como también, de la edificación de entornos sociales que reivindiquen la paz, la seguridad ciudadana y el bienestar social.