Introducción:
En sus conceptos y estrategias en torno a una correcta sustentación de la promoción del desarrollo humano y de la paz social en nuestra nación y otros países del mundo, el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), es del criterio y convicción, que no es lo mismo vivir la democracia, que vivir en democracia.
Esto así, al entender que el primer escenario surge, cuando otorgamos nuestra representación y capacidad de decisión al elegido. El segundo, cuando participamos en la toma de esas decisiones de tal forma que da apertura a una tercera vía, que se manifiesta cuando interiorizamos sus valores y los compartimos en el día a día con los demás en búsqueda del bien común, dando paso a la democracia de la cotidianidad.
Por tanto, es de su apreciación, que la madurez democrática no ocurre de un momento para otro, sino que es un proceso que requiere de tiempo y voluntad ciudadana, y en ocasiones, de acontecimientos desencadenantes.
Al efecto, tomando de centro de acción lo expuesto, mediante este trabajo se recoge los lineamientos concebidos por el CRD sobre el tema en cuestión, pro una mejor República Dominicana, los cuales son:
Acontecimientos transcendentes en dichos cometidos:
En su óptica, para el organismo de desarrollo que agrupa las provincias de la Región Nordeste y el Cibao Central, en lo referente a una correcta implementación de los propósitos señalados, estima que en República Dominicana un acontecimiento trascendental lo constituyó la reforma Integral de nuestra Carta Magna realizada en el 2010.
Transcendencia que contempla, en razón de que esta nueva constitución dejó establecido criterios claros e inobjetables al concepto de la nacionalidad dominicana, consagró el principio de Estado democrático y social de Derecho como norma de convivencia pacífica y civilizada; y estableció nuevas garantías al pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
Asimismo, ya que además de consolidar los derechos clásicos, incorporó derechos de segunda y tercera generación, como son los derechos económicos y sociales; los derechos culturales y deportivos; así como los derechos colectivos y difusos, de protección al medio ambiente y al patrimonio histórico y urbanístico”.
Viendo pues que se dimensionó la iniciativa legislativa popular; al promover la equidad de género; creando las figuras del referéndum y el plebiscito; el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional”.
Al respecto, estima que no hay dudas de que la Constitución del 2010 produjo un salto cualitativo en nuestro accionar democrático al conceder al ciudadano, además de la establecida representación, la participación en las deliberaciones legislativas. Por igual, sentó las bases para el surgimiento de una nueva ciudadanía democrática, con un doble propósito: la introducción de nuevos conceptos y la voluntad de practicarla en su cotidianidad para la consecución del bien común.
Argumentos de la razón práctica que ayudan a la integración de nuevos conceptos.
Para el CRD alcanzar el bien común, no bastan ya los principios clásicos de la democracia representativa y participativa como lo son la división de los poderes del estado, la alternancia en el poder de las autoridades, las consultas periódicas a la ciudadanía en procesos electorales y la radicación de la soberanía en el pueblo.
Ve que se necesita más que eso, se requiere diseñar e introducir nuevos conceptos que aseguren una democracia con calidad mediante la exigencia de la transparencia.
Resalta, que una administración transparente permite a los ciudadanos conocer la actuación de sus gobernantes y pedir explicaciones sobre la gestión de lo público, siendo sin lugar a dudas la transparencia, la mejor herramienta en la lucha contra la corrupción y para fortaleza institucional del Estado y de todas las instituciones de nuestra nación.
Por tanto, considera como columnas esenciales las siguientes:
Rendición de cuentas. Esta norma que los anglosajones denominan accountability, obliga a los que gobiernan a explicar con detalle en qué gastan los fondos públicos. Pero además, permite a los ciudadanos exigir responsabilidades a los malos gestores y a los que prevarican o malgastan el dinero de todos. La ley de transparencia debe imponer este principio en la actuación de toda la administración.
Una justicia eficiente, fuerte e independiente. Al desearse un poder judicial fuerte y bien consolidado, el país debe encaminarse a garantizar los niveles que mejoren y aseguren una mejor calidad de vida en favor de los jueces y miembros del ministerio público junto a su familia, además al personal de soporte a los mismos, por medio de un régimen de seguridad social y condiciones salariales adecuadas e idóneas, a fin que se les faciliten trabajar fuera de todos tipos de agobios y dependencias en su sagrada misión.
También, de primordial importancia, una reforma constitucional para otorgar total independencia del poder Ejecutivo a la Procuraduría General de la República dentro de sus facultades legales y gerenciales, así como, para establecer un sistema diferente para la escogencia de los jueces de carrera como miembros de las Altas Corte, además para garantizar su independencia respecto a sectores políticos y grupos de intereses.
Asimismo, corresponde dar paso a un sistema que cambie la actuar forma de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, así como también, propulsar nuevos órganos que tenga a su cargo los juicios y vigilancia disciplinarias de los integrantes de los órganos del tren judicial.
Un Gobierno abierto y participativo:
La tecnología actual ya permite la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Y si no, que se lo pregunten a los islandeses, que acaban de aprobar una constitución debatida en Internet y redactada por el pueblo. Adicionalmente, las grandes cuestiones que afecten a la mayoría de los ciudadanos deben someterse a referéndum por lo que esta figura constitucional al igual que el plebiscito debe definirse por leyes especiales.
Una administración pública funcional profesional:
Los cargos de hasta Director General deberían nombrarse por un sistema de meritocracia, garantizando la calidad de la gestión pública. Se evitarían así los nombramientos y ceses partidistas, y se pondría coto al nepotismo imperante.
Una ley de partidos transparente:
Los partidos políticos deben ser ejemplos en la demostración de la transparencia en materia de financiación y empleo de los abundantes recursos que tienen asignados. Por otra parte, y de forma paradójica, la democracia interna en los partidos es débil y frágil. Los militantes deberían ser capaces de elegir a sus líderes mediante sistemas de primarias, evitando así las oligarquías en los partidos.
Una regulación de la actividad de lobby:
Los grupos de presión a favor de determinados intereses deben atenerse a unas reglas de conducta claras haciendo públicos sus objetivos y destinatarios de su actividad. Especialmente en nuestro país donde existen estrechas influencias entre las entidades financieras, iglesias y partidos políticos.
Acciones colectivas recomendadas por el CRD:
En la implementación de dichos objetivos, el CRD estima necesaria la configuración de un sentido fuerte de ciudadanía, en virtud de que la fortaleza de toda sociedad se mide por el vigor de la acción ciudadana. Esta es la forma que mejor expresa la voluntad y capacidad de determinar el destino de la nación.
Considera saludable tomar en cuenta, que la democracia se construye mediante el diálogo y la concertación social, necesitando ellla del espacio público para florecer. Haciéndose necesario la conformación del llamado “poder comunicativo” que favorece un diálogo sin violencia o coacción hasta lograr un objetivo común, asi como también lograr el establecimiento de una política deliberativa que enarbole un patriotismo constitucional donde la participación ciudadana actúe para el bien común
Agrega, que es obligatorio construir la cultura democrática del día a día, en razón que no hay democracia posible sin un respeto profundo hacia el otro, y sin una preocupación y compromiso cotidiano.
Aprecia obligatorio entender, que para conducir correctamente la convivencia democrática, es esencial diseñar estrategias educativas para transformar las conductas egocéntricas, en otra diámetralmente opuesta destinada a la consecución del bien común, como algo que es mandatorio para uno de los ciudadanos y las instituciones.
Tomando de columnas los conceptos ante enfocados, para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), la democracia así entendida, implica transitar desde las concepciones tradicionales de una democracia gobernada a una democracia gobernante, como plena garantía para satisfacer las necesidades humanas y preservar los derechos económicos, políticos y sociales de todas las personas, además, para propulsar que el Estado y todas las instituciones del país cumplan con sus importantes roles en pro de la solidez institucional y el establecimiento de una sociedad sustentada en sus mejores valores.