Los profesores de la Universidad de Chicago Raghuram Rajan y Luigi Zingales publicaron hace ya casi veinte años un libro titulado “Salvar al Capitalismo de los Capitalistas”. En el capítulo XIII argumentan que, “en una economía de mercado, los participantes anónimos determinan los precios, estos a su vez determinan qué se produce y a quién se premia”. Según los autores, este milagroso evento ocurre cuando la mano invisible sustituye a los burócratas y políticos en todas las decisiones que le corresponden al mercado.
Luego de esta contundente afirmación, Rajan y Zingales reconocen de inmediato que “el mercado no puede florecer sin la mano visible del gobierno”, de quien necesita el establecimiento y el mantenimiento de la infraestructura para que los participantes en el mercado sean capaces de ejercer con confianza sus actividades productivas. Obviamente, la infraestructura a la que hacen referencia son aquellas instituciones (leyes, decretos, reglamentos) que sirven de marco para organizar la producción y el intercambio en una economía capitalista. Justamente, en este ámbito es que generalmente aparecen las contradicciones que impiden al mercado avanzar en la obtención del bienestar general.
Aparentemente, la presente administración del Gobierno ha tratado de evitar las contradicciones entre sus burócratas y la mano “invisible” que dirige al mercado, evitando de esta manera que aparezcan contradicciones entre la burocracia estatal, ahora bajo la dirección empresarial, porque el interés de quienes diseñan las políticas coincide con los intereses de quienes las ponen en marcha.
Ante la nueva burocracia empresarial, existen incógnitas que se relacionan con el bienestar de la población en general que es necesario detallar. Si los empresarios aseguran contractualmente sus beneficios, sería importante saber cuáles mecanismos dispondría la burocracia-empresarial para evitar que se firmen contratos bajo la figura de asociaciones público-privadas (APP) que no perjudiquen al erario; tal y como ha ocurrido con la Carretera Santo Domingo-Samaná o mejor conocida como el peaje sombra, o de la planta de tratamiento de agua residuales de la Zurza, que originalmente costaría US$64.35 millones y que terminó costando US$110 millones. ¿Existen mecanismos que permitan al público conocer el costo final de la Planta Termo-eléctrica de Punta Catalina (PTC) en el que participaron varias empresas privadas dominicanas?
De la misma manera, ¿es posible garantizar que no se firme otro contrato con el estado dominicano como el de Barrickgold-PVDC que está opuesto totalmente al interés nacional? ¿Se tiene alguna idea de cómo el fideicomiso de RD-Vial ha incrementado el endeudamiento del sector público dominicano y en cuánto compromete la salud financiera del Banco de Reservas? Estos datos debieron formar parte de la rendición de cuentas del 27 de febrero pasado, sobre todo porque el presidente sabe que la información es esencial para el funcionamiento competitivo de los mercados.
Por lo que se puede intuir, que la presente administración del gobierno ha dado continuidad a la agenda económico-empresarial que siguieron los gobiernos del PLD, solo que ahora las decisiones de política económica, en algunos sectores (financiero, electricidad y salud) están en manos de representantes del gremio empresarial. Todo esto constituye un contra sentido, ya que las políticas públicas diseñadas por el gobierno persiguen normalmente el bienestar de la población; empero las políticas públicas planteadas por el sector privado que en el gobierno persiguen beneficio empresarial. Este hecho cuestiona seriamente que las instituciones funcionen para el fortalecimiento de la democracia; por el contrario, pareciera que contribuyen al incremento de la desigualdad, la concentración del ingreso y la pobreza de los dominicanos.
Esta definición de las políticas públicas es estrictamente consistente con su estrategia de inversión pública. El gobierno pretende que la inversión pública descanse en el mecanismo de asociaciones público-privadas (Ley No. 47-20), administradas por fideicomisos (Ley No. 189-11). Ambos mecanismos tienen una reputación cuestionable en varios países y, especialmente, en aquellos que presentan debilidades institucionales como es el caso de la República Dominicana. En América Latina y algunos países de Europa, los resultados han sido falta de transparencia, elevación de los costos de los servicios que proveen las APP y el incremento de la deuda pública, (Asociación Público-Privada en América Latina: Aprendiendo de la Experiencia, Banco de Desarrollo de América Latina, 2015; Regulando los Vehículos Financieros de los Gobiernos Locales y las APPs, FMI, 2016; Akitobi, Hemming y Schwartz, 2007).
Los empresarios criollos que abogan por los contratos APP entienden éstos como un negocio privado ajeno a la rendición de cuentas a las instituciones correspondientes del sector público y por tanto, no entienden que deben transparentar los préstamos que obtienen con la garantía del estado, reportar a la oficina de presupuesto y/o al ministerio de hacienda los gastos corrientes y de capital, entre otras operaciones. Además, los fideicomisarios que administrarán los contratos APP, que generalmente actúan bajo la tutela de bancos comerciales, operan estrictamente bajo el ámbito privado y que, por tal razón, no tienen la obligación de transparentar sus operaciones al ministerio correspondiente. No existen mecanismos en la actualidad para que las APP operen evitando estos riesgos, que se convertirían más tarde en riesgos fiscales.
El gobierno debe apoyar la lucha contra la corrupción. Por eso es preciso crear mecanismos que contribuyan con la transparencia en el uso de los fondos públicos y ésta es una responsabilidad del ejecutivo, lo que contribuiría sensiblemente con el trabajo del ministerio público. El nombramiento de una procuraduría independiente concomitantemente con un poder ejecutivo independizado de la lucha contra la corrupción no garantiza que el sistema judicial funcione. Aún tiene tiempo presidente.