Mucho se comenta y se publica en la República Dominicana sobre una serie de problemáticas que nos agobian. Nos hemos vuelto expertos en estudiar la corrupción gubernamental, la falta de transparencia de las instituciones, la carencia de seguridad jurídica, la ausencia de seguridad ciudadana, el déficit fiscal, la inmigración ilegal y así las cosas, en cada uno de nosotros hay un pequeño analista sobre cada uno de estos asuntos.
Sin embargo, en nuestro afán por llevarnos el lauro de ser el descubridor de la solución a estos problemas, nos hemos olvidado de una grave dificultad que pende sobre nosotros y que, al no darle importancia, se ha vuelto una retranca a nuestro desarrollo humano y económico. Pasamos por alto la alta cantidad de accidentes de tránsito que se producen a diario en nuestras carreteras, avenidas y calles.
El más reciente “Reporte sobre el Estatus Global de la Seguridad Vial”, emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) resulta sumamente vergonzoso para el país. Dicho estudio nos posiciona en segundo lugar en el renglón de más muertes por accidentes de tránsito o, lo que es lo mismo, somos la segunda nación más insegura del planeta para conducir por las vías públicas.
De acuerdo al reporte de la OMS, los accidentes de tránsito le causan al país pérdidas económicas equivalentes al 0.32 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). Son cifras sumamente conservadoras, si tomamos en cuenta que las compañías de seguros pagan anualmente más de mil millones de pesos en indemnizaciones a víctimas de accidentes de tránsito, por lo que, en realidad, la nación pierde anualmente más de un 2.5 por ciento de su PIB a causa de estos eventos. Poniéndolo en un contexto más trágico, las pérdidas ascienden a más del 60 por ciento del gasto estatal en educación.
Asimismo, resulta lamentable saber que este alto porcentaje de nuestro PIB no compensa en términos económicos a las víctimas de los accidentes o a sus familiares. Esa es la intención del pago de las indemnizaciones, sin embargo, estas cifras son absorbidas por entidades organizadas, compuestas de abogados, policías, médicos, enfermeras, personal clínico y “buscones” que pululan alrededor de los hospitales y destacamentos policiales.
Estos grupos, muy parecidos a las mafias criminales, actúan desprovistos de toda sensibilidad humana. Se acercan a las víctimas o a sus familiares, les entregan una magra suma de dinero a cambio de su firma en un poder que le otorga a determinadas oficinas de abogados amplios poderes de representación en el proceso legal que se inicia a poco tiempo de acontecido el accidente.
Poco importa que la falta en el evento haya sido de la víctima. El desarrollo de esta figura jurídica por parte de nuestra jurisprudencia ha sido muy pobre. En consecuencia, los tribunales sólo evalúan los daños sufridos por las víctimas, sin inquirir en las causas del accidente, para imponer indemnizaciones millonarias en perjuicio de las aseguradoras.
Fuera tranquilizante saber que estos dineros favorecen a las víctimas. Desafortunadamente, todos los pagos emitidos por las aseguradoras son recibidos por sus abogados y en múltiples casos, por no decir la mayoría, las víctimas o sus familiares no reciben nada. La consecuencia ha sido la formación de una pequeña élite de oficinas de abogados, dedicadas única y exclusivamente a acosar a las compañías de seguros y a ordeñarlas económicamente.
Esto ha sido posible gracias a una legislación de tránsito de vehículos de motor totalmente anacrónica, ausencia de capacidad investigativa del Ministerio Público y pobre razonamiento jurídico de los tribunales. La combinación de estos factores ha dejado a las compañías de seguros totalmente desprotegidas y amenaza con llevarlas a la quiebra en un futuro, lo cual sería muy perjudicial para el país, si tomamos en cuenta los aportes de este sector a la economía.
Un dato interesante es que el 58 por ciento de los accidentes de tránsito involucran motoristas. Una mayoría conduce por nuestras calles en franca violación a la ley, desprovista del casco protector y llevando a veces hasta tres pasajeros, situaciones que no previenen en nada potenciales accidentes.
La ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor debe reformarse, a los fines de que el concepto de falta de la víctima sea redefinido. Un nuevo concepto de falta de la víctima no le otorgaría indemnizaciones a aquellos accidentados por su propia imprudencia o negligencia al conducir, como sucede en países desarrollados. Además, debe crearse un Ministerio Público especializado en accidentes de tránsito, dotado de capacidad investigativa y de recursos para determinar la veracidad de los accidentes. Sólo accidentes que hayan realmente acontecido y que la investigación pruebe que no hayan sido ocasionados por la falta de la víctima pueden presentarse por ante los tribunales especializados de tránsito.
Por último, la Suprema Corte de Justicia debe hacer valer su autoridad, sea a través de la jurisprudencia, sea por medio a una resolución, obligando a los tribunales inferiores a respetar el Artículo 50 del Código Procesal Penal, el cual consagra el principio de “lo penal mantiene lo civil en estado”. Esto implica que la víctima que desee llevar su caso por ante los tribunales civiles, debe obligársele a esperar el término del proceso penal previo al conocimiento del caso por el tribunal civil. Asimismo, se debe exhortar a los jueces civiles a que antes de destaparse con la fijación de indemnizaciones alegres, deben esperar la conclusión del proceso penal.
Estas son sólo algunas ideas tendentes a llamar la atención sobre la necesidad de reformar la ley de tránsito de vehículos de motor y proteger a un sector, como el asegurador, cuya debacle a quien más va a perjudicar es a la economía nacional, gracias a que su descalabro está favoreciendo a una serie de grupos organizados. Una tarea más para una gestión gubernamental que ha prometido corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho.