Gran parte de la sociedad dominicana recuerda la dictadura de Trujillo como un periodo aterrador. Sistemáticamente se vulneraban los derechos humanos de los ciudadanos y disidentes. El “Jefe” ejercía cualquier capricho, quebrantando derechos tan importantes como la integridad de la persona. Este tipo de atrocidades cometidas contra el pueblo dominicano no desaparecieron con la caída de Rafael Leónidas Trujillo ¿Entonces, cómo es que la mayoría sólo se acuerda de las violaciones cometidas en esta etapa?

En primer lugar, la forma de transición condiciona las políticas de verdad y justicia que se tomen, siendo este un elemento importante para determinar porqué recordamos tanto los crímenes del trujillismo en comparación con los cometidos bajo el poder de Balaguer.

En el caso de la dictadura de Trujillo, la élite de dicho régimen quedó debilitada, a diferencia de lo que sucedió cuando Balaguer dejó de ser Presidente. Son casos distintos por el tipo de ruptura que hubo con la autoridad anterior. A Trujillo se le ajustició, a Balaguer no. No obstante, en los 12 años de Balaguer se cometieron todo tipo de crímenes contra los habitantes de la República.

Según Alexandra Barahona hay legados autoritarios a largo plazo donde puede que “la nueva elite no vea la necesidad de reparaciones, de investigación y de justicia respecto al pasado e incluso se oponga a tales políticas porque está aliada formal o informalmente con fuerzas militares o con otros cuerpos represivos”. En lo que respecta a Balaguer, los sectores que fueron cómplices en los 12 años, conservaron y mantienen gran poderío económico en el país. Por lo que evidentemente no les conviene que se haga justicia.

Otro factor determinante es el rol que juega el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en las políticas de memoria histórica. A pesar de que hasta ahora los gobiernos no han hecho lo necesario para reivindicar los derechos humanos vulnerados bajo el mando de Balaguer, se presenta una gran oportunidad.

Con sentencia de 27 de febrero de 2012 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reivindicaron internacionalmente los derechos de Narciso González Medina. El profesor universitario, desapareció el 26 de mayo de 1994, horas después de proponer en la UASD la resistencia al fraude electoral que favoreció al ex presidente Joaquín Balaguer.

Aún no se tiene conocimiento de su destino ya que no se han llevado a cabo investigaciones diligentes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables e imponer las sanciones que corresponderían.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que el Estado dominicano es responsable por la desaparición forzada de Narciso González Medina y que por lo tanto debe continuar y realizar las investigaciones necesarias, en un plazo  razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables.

En lo que respecta al derecho a la memoria histórica, la parte de la sentencia que interesa es la que se refiere a las medidas de conmemoración y homenaje a la víctima. Establece que el Estado debe recuperar la memoria de Narciso González Medina por lo que le ordena a colocar una placa conmemorativa en el ya existente Centro Cultural Narciso González. Con la placa se hará más accesible al público el conocimiento de los hechos del caso. Asimismo, la sentencia establece que es importante despertar la conciencia pública para evitar la repetición de casos como esté.

Otra medida de reparación que se ordena es la de producir un documental sobre la vida de Narciso González Medina y que se proyecte en un canal estatal de difusión nacional además de en un acto público en Santo Domingo.

Lo que busca la sentencia de la Corte Interamericana es que se recuerde a Narciso González y los hechos de su desaparición, reivindicando a su vez su dignidad. Además, la sentencia específica que “estas iniciativas son significativas tanto para la preservación de la memoria y satisfacción de las víctimas, como para la recuperación y restablecimiento de la memoria histórica en una sociedad democrática”.

Es importante mencionar la expresión: el pueblo que olvida su pasado, esta condenado a repetirlo. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad, saber las violaciones que cometieron los gobiernos sub siguientes a la era de Trujillo. De esta manera, un pueblo que conoce, tiene mas posibilidades de enfrentar las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.

En conclusión, como indicó José Saramago, “hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”.