La noticia fundamental que envía al país la elección del nuevo Tribunal Superior Electoral es que el presidente Danilo Medina no usó su mayoría 6 a 2 en el Consejo Nacional de la Magistratura para construir consenso político y social, demandado por la sociedad y los partidos de oposición.
Con esa mayoría de más de un 80% al Presidente le habría sido manejable liderar la construcción de ese consenso, sobre todo luego de que el PRM decidió no repetir esa Ley del Embudo que era la fórmula del reparto de las cortes.
Medina prefirió el disenso, imponiendo jueces a los que se les pueden monitorear acciones controversiales en favor del PLD, que son cooptados desde otros partidos, o asimilados a esa maquinaria de clientela política en que ha convertido el estado.
Esta vez el gobierno tuvo el cuidado de no elegir a miembros del Comité Central o directivos de partidos aliados, pero parte esencial de los escogidos, como afirmaron Ignacio Paliza y Josefa Castillo, responden a los intereses del PLD.
El elegido juez presidente Román Andrés Jáquez Liranzo era el suplente del saliente presidente del TSE, Mariano Rodríguez, puesto allí para resolver si el titular fallaba en el algo del esquema montado.
Jáquez Liranzo es un producto neto del proceso de politización introducido por el PLD en el sistema judicial.
Santiago Salvador Sosa Castillo, era el presidente de la Junta Electoral del DN, cuando en las pasadas elecciones los candidatos a senadores Vinicio Castillo de la FNP, Alberto Atallah del PRM, Aura Celeste Fernández, de Alianza País, y Carlos de Peña, APD, acusaron a esa junta de perpetrar un “fraude vulgar” en el cómputo de las boletas senatoriales.
Cristian Perdomo Hernández era secretaria, es decir, la funcionaria que manejaba toda la documentación de la Junta Municipal Electoral de Santo Domingo Este, a la que en los pasados comicios Manuel Jiménez y Dío Astacio, candidatos a alcalde del Frente Amplio y del PQDC, acusaron de múltiples irregularidades en beneficio del candidato del PLD.