Nuevamente la prensa responsable ha reiterado la existencia de una poderosa red de falsificadores de medicinas, fenómeno recurrente que demuestra “la incapacidad del Estado a través de sus instituciones sanitarias, policiales y judiciales para frenar este comercio ilegal”. Minerva Isa, en un reportaje investigativo para el Periódico HOY, califica de “asesinos silenciosos” a los medicamentos falsos que son vendidos públicamente, aprovechando la “debilidad y lagunas del sistema de salud”.
No es la primera vez que se publican valientes reportajes sobre el tema. Cada cierto tiempo la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) denuncia el tráfico y comercio de medicamentos falsos y adulterados, sin que las autoridades den al traste con esta práctica nociva a la salud, especialmente de los más pobres. Y es que es un negocio multimillonario, de larga data, “con posibilidad de adquirir tecnología de última generación, comprar conciencias y ganar complicidad e impunidad”.
Está claro que se trata de una red mundial, con tentáculos incluso en los países más desarrollados. Sin embargo, en estas naciones la vigilancia es muy estrecha, la tolerancia es mínima y las multas suelen ser millonarias. En el Mensaje 014 del 20 de noviembre del 2013, señalé que el año pasado las autoridades norteamericanas multaron con 2,200 millones de dólares a la gigantesca empresa farmacéutica Johnson & Johnson “por comercializar tres medicamentos para usos no autorizados”.
Pero en los países del tercer mundo es donde estos comerciantes inescrupulosos operan con mayor libertad, contando con autoridades corruptas e instituciones débiles, que sólo actúan coyunturalmente frente a denuncias de sectores afectados y de medios de comunicación más independientes. En ningún caso llegan a acusar, ni mucho menos a sancionar, a los verdaderos responsables.
“Medicinas” con serias complicaciones en la salud
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una parte de la población mundial es víctima permanente de serias complicaciones de salud al consumir medicamentos con poca concentración del principio activo, vencidos, y/o al ingerir pastillas absolutamente inocuas, que elevan el riesgo de mortalidad. De ahí el calificativo de “asesinos silenciosos”.
El caso dominicano es uno de los más graves y preocupantes, ya que este negocio ilícito se realiza a la luz del día y en ciudades y puntos de venta de todos conocidos, sin que las autoridades sanitarias responsables hayan realizado lo suficiente para erradicarlo y proteger a la población.
Cuando aumentan las denuncias, la reacción oficial se limita a operativos lo suficientemente superficiales para que, una o dos semanas después, el negocio resplandezca con más vigor e impunidad aún. Ojalá, esta vez, se haga “lo que nunca se ha hecho”.