El primer decenio del siglo se caracterizó por la grave crisis económica originada principalmente por el disparo de los precios del petróleo, que se acercaron a las cifras sin precedentes de 150 dólares el barril, así como la especulación en la bolsa de valores y corredores de fondos al ofertar materias primas inexistentes.
A estos factores se sumaron como elementos adversos que afectaron de manera significativa el suministro y los precios de los alimentos, sobre todo para los países en vías de desarrollo, y baja capacidad productiva, las grandes importaciones de granos por parte de China con la finalidad de completar sus reservas estratégicas, así como el alza desmedida en los precios de los comodities.
Fue debido a estas circunstancias y con la finalidad de conjurar una hambruna a nivel mundial que la FAO convocó de urgencia a una cumbre de Seguridad Alimentaria que tuvo lugar en Roma en Junio del 2008.
En el evento, después de analizar las diversas causas de la crisis y su impacto sobre la producción de alimentos, el organismo mundial urgió a los países participantes a incrementar su producción agropecuaria a fin de elevar sus niveles de autosuficiencia alimentaria.
Pocos días más tarde, y acogiendo las recomendaciones del organismo mundial, el Gobierno dominicano, mediante el decreto 243-08, creó el Consejo para la Seguridad Alimentaria.
A partir de entonces, gracias a la tenacidad y disposición de nuestros productores agrícolas, la asistencia técnica, la adopción de métodos más avanzados de cultivos, el uso de fertilizantes químicos y orgánicos y protectantes agrícolas de última generación, que permitieron incrementar los rendimientos y la calidad de las cosechas, y no obstante las dificultades provocadas por la presión de los progresivos desmontes arancelarios establecidos en el DR-CAFTA, los prolongados períodos de sequía seguidos de otros de intensas lluvias e inundaciones y las importaciones innecesarias autorizadas para favorecer determinados intereses particulares, el sector agropecuario inició un período de sostenido crecimiento anual.
De este modo, en años posteriores y recientes, la agropecuaria dominicana estuvo en capacidad de autoabastecer el 85% de los renglones que componen la canasta básica alimentaria del pueblo dominicano. Adicionalmente, aumentar de manera sostenida y diversa la exportación de productos del agro y consiguiente generación de divisas, contribuir al desarrollo de la agroindustria y suplir los requerimientos del pujante sector turístico, hasta alcanzar una cifra cercana a los 28 mil millones de pesos anuales.
Cifras ofrecidas por el entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez, a finales del pasado gobierno y ante el comienzo de la pandemia de la covid-19, permiten tener una idea del alcance de la producción agropecuaria. Para entonces, el sector agropecuario estaba produciendo 976 millones de libras mensuales de alimentos. Entre estos, más de 80 millones de libras de pollo, 8 millones diarios de huevos, la totalidad del consumo de arroz, el 86% de carne de cerdo, así como habichuelas, yuca, plátanos y otros frutos menores en cantidad suficiente, para satisfacer los requerimientos del mercado.
No obstante, el impacto negativo provocado por la pandemia que ha afectado a todos los sectores económicos, la producción del agro se ha mantenido de tal modo que no se han registrado escaseces en la dieta alimentaria nacional.
El sector agropecuario genera y ahorra divisas, provee cientos de miles de empleos y constituye un factor de suma importancia en la dinámica social, fuerza productiva y económica de numerosos comunidades, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus pobladores, al margen de los grandes centros urbanos, donde se concentra la mayor parte de los emporios industriales, comerciales y financieros, así como el pujante sector de la construcción.
De ahí que no pueden pasarse por alto las justificadas quejas por parte de los productores del fértil valle de Constanza por los permisos otorgados para la importación de papas, cebollas y zanahorias, así como productores de leche de Yásica Arriba por la baja significativa inesperada y sin previo aviso del precio de la misma. De igual modo, las reiteradas denuncias de APROLECHE, por la importación de leche en polvo.
Otorgar permisos, generar facilidades para las importaciones en no pocos casos con fines de lucro, constituyen remedios artificiales y a corto plazo y contrastan con las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo BID, al señalar que “Los países de la región, deben adoptar medidas que aumenten la liquidez de los productores, para que mantengan sus actividades productivas y no se generen disrupciones en la oferta de alimentos, con especial atención a pequeños y medianos productores, mantengan el acceso a servicios de transporte a precios razonables para garantizar que no hayan disrupciones en la distribución de alimentos y mantengan e incrementen la demanda de alimentos”, para concluir afirmando “Sólo de esta forma podremos proteger a los campesinos quienes producen nuestros alimentos y que son los guardianes de nuestra seguridad alimentaria.”
A su vez, el Banco Mundial advierte que “La inversión pública y las políticas focalizadas en agilizar la recuperación de los sectores industrial y agropecuario serán cruciales para recuperar el crecimiento y revertir el aumento en la tasa de pobreza”, y más adelante, ante el hecho de que la mayor parte del empleo sigue siendo informal, recomienda “Para volver a un crecimiento intensivo en puestos de trabajo y que favorezca los pobres la RD debe fortalecer los encadenamientos productivos entre empresas locales y exportadoras, reducir los costos administrativos de la burocracia, mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y ampliar el acceso al crédito. La rapidez y efectividad con la que el gobierno
interiorice estas reformas, determinarán el impacto a largo plazo de la pandemia sobre la pobreza, el empleo y el crecimiento económico”.
Más que autorizar importaciones, lo que requieren, no solo la agropecuaria, sino la industria y demás sectores productivos nacionales, el gozar de la protección y colaboración del sector oficial, cuyo aporte resulta indispensable para mantener la sostenibilidad y el crecimiento de la economía del país, tal como han venido poniendo en práctica la Junta Monetaria y el Banco Central, con las oportunas medidas de liberar parte del exceso de liquidez de la banca comercial, para ampliar y facilitar el crédito a los sectores productivos, lo que permite proyectar el crecimiento de la economía nacional en un 5.5%, superior al 4.7 estimado para la región, a pesar del impacto de la pandemia.
Hoy más que nunca, frente al reto que implica la lucha por superar los efectos adversos del Covid-19, se impone incentivar la producción nacional y las exportaciones en todas las áreas para fortalecer sus infraestructuras y así, preservar, recobrar, generar empleos para seguir contribuyendo como hasta ahora al crecimiento económico y desarrollo social del país, tal como ponen en evidencia los estudios y datos ofrecidos por el Banco Central.
(Para la elaboración de este artículo, contribuyó con el aporte de valiosos datos el reconocido experto agrícola Ing. Manuel González Tejera)