Max Henríquez Ureña organiza en su libro Los Yanquis en Santo Domingo (op. cit.), la travesía política del país a partir de la primera ocupación norteamericana en 1916 y en base al conflicto creado por los grupos de oposición que abrazaban las tácticas de levantamientos rurales y urbanos. El llamado hecho por el ejército norteamericano restringe las acciones subversivas de caudillos locales, pero a la vez impide las acciones de las alianzas políticas entre los partidos y grupos dominantes del momento:
“El artículo 49 de la Constitución dominicana establece que cuando ocurra el caso de incapacidad, renuncia, destitución o muerte del Presidente de la República, el congreso, por medio de una ley, designará la persona que haya de desempeñar la presidencia hasta que cese la incapacidad o se elija un nuevo presidente. (No existe el cargo de Vicepresidente.). El Congreso dominicano se dispuso a cumplir inmediatamente ese mandato constitucional; pero el curso de los acontecimientos que se desarrollaron después, y la actitud de los representantes, tanto diplomáticos como militares, de los Estados Unidos en Santo Domingo, contribuyeron a retardar dos meses y medio la elección. Mientras tanto, el Consejo de Secretarios de Estado del Presidente Jimenes, aunque reducido en número, continuaba actuando en el desempeño de las funciones de la Administración. Invitados los secretarios de Estado por los jefes de la revolución a que entraran a la ciudad capital a desempeñar sus funciones hasta que el Congreso eligiera un nuevo Presidente, dichos funcionarios, Sres. Federico Pichardo, Jaime Mota, José Manuel Jimenes y Bernardo Pichardo, se negaron a ello, manifestando al ministro Russell que en la capital imperaba una situación revolucionaria, y que en esa forma, los actos que emanaren de la función que ellos desempeñaban “no jefes de las fuerzas rebeldes de la ciudad”. Y agregaban: “Estamos todos dispuestos a realizar esfuerzos por que desaparezca tal estado de anormalidad; pero, desde luego, sin que entrabe nuestra función como continuadores del poder ejecutivo o con daño de nuestras personas.” Los jefes revolucionarios Desiderio Arias y Mauricio y Cesáreo Jiménez, en comunicación dirigida al ministro Russell el mismo día en que fue recibida la anterior manifestación, entre otros extremos, declararon lo siguiente:
“Hay un punto sobre el cual nos permitimos llamar la atención de V. E., y es el que se refiere al desconocimiento de la Constitución en que incurren los firmantes de la carta al afirmar que son “los continuadores del poder ejecutivo”. Nuestra Constitución es clara y terminante a este respecto. El poder ejecutivo, dice, reside en el Presidente de la República, y no atribuye a los secretarios de Estado, en caso de ocurrir la acefalia de ese poder, sino la facultad de convocar el Congreso cuando no se halle reunido ese alto cuerpo. Fuera de esa facultad no tienen otra los secretarios de Estado: cualquier acto emanado de ellos es completamente nulo, porque deriva de una autoridad usurpada, y la Constitución declara, enérgica y expresamente, que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son complemente ineficaces.” (Las comunicaciones cruzadas con este motivo fueron publicadas en el Listín Diario, de Santo Domingo, de fecha 9 de mayo de 1916)
El día 11 de mayo se reunió la Cámara de Diputados para conocer en primera lectura el proyecto de ley de designación presidencial. El momento no era propio para que cada partido tratara de obtener ventajas de la situación y presentara un candidato propio. La gravedad de las circunstancias exigía que no se pensara en hombre de partido. En la primera votación pudo apreciarse que la Cámara se inclinaría en definitiva a uno de estos dos candidatos: el Dr. Federico Henríquez y Carvajal, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, y que no pertenecía a ningún partido político, y el Dr. Ramón Báez, que había desempeñado la presidencia provisional de la República, al amparo del “Plan Wilson”, por voto unánime de todos los jefes de partido. El Dr. Federico Henríquez y Carvajal es hermano del doctor Francisco Henríquez y Carvajal, que más tarde resultó electo Presidente.
Pendiente de solución el problema de la designación presidencial, pues la ley debía sufrir previamente tres lecturas en cada una de las Cámaras legislativas, el ministro Russell y el contraalmirante Caperton dirigieron a los jefes rebeldes la siguiente comunicación, dándoles aviso de que las tropas americanas ocuparían militarmente la capital el día 15 de mayo:
Santo Domingo, mayo 13 de 1916.
Generales Desiderio Arias, Mauricio Jiménez y Cesáreo Jiménez.
Señores:
En vista de que las fuerzas armadas rebeldes contra las autoridades constituidas del Gobierno de la República Dominicana ocupan todas las posiciones militares de la ciudad de Santo Domingo, y por modio de la fuerza impedirán a los representantes del poder ejecutivo constitucional de la República Dominicana entrar a la ciudad con garantías para tomar posesión de sus respectivas carteras; y en vista de que todos los esfuerzos realizados para conseguir un arreglo amigable con los que tienen el control del poder militar en la ciudad han sido infructuosos; y en vista de la política públicamente anunciada de los Estados Unidos de América, de mantener por la fuerza si se hace necesario las actuales autoridades constituidas de la República, los abajo firmados por la presente les intiman el desarme de las fuerzas militares que actualmente hay en la ciudad de Santo Domingo, la evacuación de todas las posiciones fortificadas que existen dentro de la ciudad y la entrega a la custodia de las fuerzas de los Estados Unidos de América de todas las armas y las municiones que haya en la ciudad; y los hacemos a todos y a cada uno de ustedes responsables de las consecuencias que puedan resultar de una negativa a cumplir los términos de esta comunicación.
“Lo que en esta comunicación se pide deber ser cumplido antes de las seis a. m. del día 14 de mayo de 1916, y debe ser indicado izando banderas blancas en la torre de la Fortaleza y del Palacio Municipal y en las demás posiciones fortificadas de la ciudad, en forma claramente visible desde el mar y desde los campamentos extramuros de la ciudad; y pedimos formalmente por la presente que, en caso de que no se proceda al desarme indicado, ustedes notifiquen a la población civil, dominicana y extranjera, que debe abandonar la ciudad dentro del día 15 de mayo de 1916, se empleará la fuerza para desarmar a las fuerzas rebeldes que hay en la ciudad de Santo Domingo y para sostener EL Gobierno constitucional.
Los no combatientes deben salir de la ciudad por la avenida Bolívar (camino de Santa Ana), hasta el punto en que empalma con la carretera del Oeste, o más allá.
Los no combatientes que salgan de la ciudad por la vía acuática deben mantenerse fuera de la línea de fuego de los vapores de guerra americanos.
Una copia de esta comunicación ha sido entregada a los representantes de las naciones extranjeras y al presidente del Ayuntamiento.
William. W. Russell.
Ministro Americano.
- B. Caperton
Contraalmirante de la Armada americana.
El presidente del Ayuntamiento, Lcdo. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, al dar a conocer esta proclama al pueblo lanzó una alocución, en la cual hacía saber que el ministro Russell, el contraalmirante Caperton y los comandantes de las fuerzas militares y navales situadas en los alrededores de Santo Domingo le habían declarado que las tropas, americanas no realizarían ningún acto hostil si no se las atacaba, y que el ministro había agregado “que el objeto de entrar esa fuerza era para garantizar la libre elección por las Cámaras del nuevo Presidente de la República”.
Esta última manifestación fue confirmada por la comunicación que el ministro Russell y el contraalmirante Caperton dirigieron el 15 de mayo, horas después de realizada la ocupación, a los presidentes de una y otra Cámara legislativa, y que, copiada textualmente, dice así:
Santo Domingo, 16 de junio de 1916.
A sus Excelencias M. F. Cabral, presidente del Senado, y Luis Bernard, presidente de la Cámara de Diputados.
Santo Domingo.
Señores:
Esta ciudad ha sido ocupada militarmente por las fuerzas norteamericanas.
Al tomar esta decisión tenemos el sincero propósito de garantizar una libre e imparcial actuación de las Cámaras para la elección del nuevo Presidente de la República.
Debido a la situación anormal que de momento crean las presentes circunstancias, suplicamos a ustedes no convocar a sesión por dos o tres días, hasta que la ciudad recobre su aspecto normal.
Somos de ustedes s. s.,
William. W. Russell.
Ministro Americano.
- B. Caperton
Contraalmirante de la Armada americana.
Toda la secuencia documental anterior, construye y a la vez arroja datos sobre una formación político-social y económica dominicana, reconocida por sus imágenes y cuerpos instruccionales e ideológicos. Los accidentes e incidentes que revela, en tiempo y en espacio, la documentabilidad presentada por Max Henríquez Ureña y Melvin M. Knight en sus respectivas obras, orientan y describen el mundo que prevaleció como narrativa gubernamental y política en las dos primeras décadas del siglo XX en la República Dominicana.
Tanto la ocupación norteamericana como la pseudo-revolución de forma y la ingobernabilidad como figura y acción que vivió la República Dominicana entre 1916 y 1924, generaron los males que más tarde iba a padecer el país producto de sus contradictorias estrategias de solución política y estatal. La confusión que generó el acuerdo, en proceso, entre 1924, año de la desocupación del país, y 1930, año de la ascensión al poder del General Rafael L. Trujillo Molina, ha hecho que hasta hoy dicha filosofía de la historia política dominicana haya propiciado un marco ideológico marcado por el autoritarismo gubernamental y estatal que tuvo como resultado una dictadura feroz de 31 años en el país.
El concepto de poder, ligado a orden, ciudadanía, sujeto público, espacio privado y democracia, ha generado y a la vez construido marcos económico-políticos e ideológicos atravesados por acciones basadas y llevadas a cabo por grupos dominantes e incidentes en la estructura misma de representación social; siendo así que los estudios históricos y socioculturales del país no han podido aun desmantelar las mallas políticas, económicas y culturales que trascienden el tipo de gobernabilidad o gubernamentalidad que favorezca los difíciles equilibrios que se necesitan en el presente sociopolítico dominicano.
De ahí la importancia de los nuevos aportes que, desde el punto de vista de cierta historiografía crítica, se han hecho presentes y han facilitado una nueva analítica de la historia social y cultural dominicana. Lo que en el caso de Max Henríquez Ureña y Melvin M. Knight se deja leer como textualidad implícita son los complementos y suplementos que se expresan como fantasmas históricos y cuerpos narrativos que forman parte del universo político y sociocultural de la República Dominicana en el siglo XX.
En este sentido, la lectura de Los yanquis en Santo Domingo y de Los americanos en Santo Domingo, remite a una misma historia manipulada, “arreglada”, adaptada y aún reconocida como línea y contexto de explicación. La historia y sus diversos modos de narración, reconocimiento y adecuación revela sus estados de fuerza e instrucción, particularizados en una formación estatal cuyo condicionante es la acción vinculante de sus imágenes y discursos instruccionales, en cuyas cardinales se presentifican los tonos, pulsos y ritmos de la historia dominicana de nuestros días.