El pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó una iniciativa de gobierno para reconocer a nivel constitucional el matrimonio igualitario. Y cuando hablamos de un reconocimiento del matrimonio igualitario, estamos hablando que personas del mismo sexo pueden acceder al matrimonio sin ninguna traba y discriminación en México. Hablamos también que el matrimonio entre personas homosexuales estará recogido, reconocido y garantizado en la Constitución y en el Código Civil del país. A groso modo hablar de esta reforma, que dicho sea de paso no ha sido impulsada por el poder ejecutivo como se nos hace creer, sino por una fuerte y valiente comunidad LGBTI y una importante sociedad civil, que han peleado y enfrentado los poderes políticos y fácticos en aras de conquistar derechos de las personas homosexuales. Reconocer el matrimonio igualitario, es respetar y garantizar los derechos civiles de toda la comunidad y de parejas del mismos sexo que han sido históricamente discriminadas. Significará visibilizar el legítimo derecho que tienen las personas del mismo sexo a contraer matrimonio en los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa “propuesta” por Peña Nieto definitivamente es positiva para sociedad mexicana en su conjunto, y especialmente para la comunidad LGBTI. Sin embargo, nos da la oportunidad de reflexionar en la clase de Estado en que vivimos. En un Estado social, democrático y de derecho como se dice ser el mexicano, no es deseable que se tenga que someter a votación el hecho de garantizar o no los derechos humanos de un grupo vulnerable y sistemáticamente discriminado, que es ya de por si una obligación constitucional del Estado. Un real Estado que se fundamenta en el derecho, en la igualdad, la libertad y la no discriminación de sus ciudadanos y ciudadanas no tendría que someter a votación las libertades fundamentales que poseen las personas, en este caso las que no posee un grupo. Los derechos no se someten a aprobación, los derechos se conquistan y se arrebatan. Y muchos dirán que en una democracia republicana federal como la mexicana, los temas populares se llevan al congreso y a las cámaras y se votan, pero eso sería posible en un Estado donde sus representantes políticos sean imparciales de pasiones religiosas, no sean conservadores y rancios moralistas, porque siendo México un Estado laico podemos ver en el Congreso de la Unión como hoy en día se siguen utilizando argumentos religiosos (católicos) para defender o confrontar causas sociales. Un ejemplo de eso es la reciente aprobación de la ley antiaborto en el estado de Veracruz. Cuando en teoría y deber, la religión aquí nada tiene que opinar. Es de temer, dejar temas tan fundamentales en mentes tan minúsculas y cerradas de políticos conservadores.
En el 2015 la Suprema Corte de Justicia de México emitió un criterio que considera inconstitucional aquellas normas y leyes estatales que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, y este criterio al ser emitido por la Suprema Corte tiene un carácter obligatorio en toda la nación. Sin embargo este criterio de la Suprema Corte tan sólo alcanzó a ser una “tesis jurisprudencial”, eso quiere decir que los diferentes estados de la República pueden seguir aplicando sus leyes retrógradas e inconstitucionales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que para que personas homosexuales fuera de la Ciudad de México o de los demás 8 estados que reconocen el matrimonio igualitario, puedan casarse deben de ampararse ante un tribunal y esperar la autorización. Esto significa que en México existen ciudadanos de primera y otros de segunda, por no decir de quinta y cuarta, si incluimos a otros grupos vulnerables. Las parejas del mismo sexo no pasan el proceso habitual que una pareja heterosexual; sino que están se ven obligadas a vivir un proceso jurídico largo y desgastante psicológica y económicamente. Ya que estas deben de imponer una demanda ante un tribunal y esperar que este le “permiso” para que puedan contraer matrimonio. Ahora resulta que pedimos permiso para ejercer nuestros derechos…Cuando el acceso al matrimonio es un derecho que no debe de pasar por ningún proceso engorroso de autorización y debe de ser garantizado a toda y todo ciudadano mexicano y mexicana, a la luz del artículo primero constitucional, que establece el principio internacionalmente reconocido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de “No Discriminación”. Y al hacer que personas tengan que pasar primero por un proceso jurídico antes de casarse y otras no, se viola el principio de no discriminación y se viola en consecuencia el primero constitucional. La propia Constitución del país establece que nadie debe de ser discriminando por orientación sexual, étnica, ideología política, condición social, sexo u religión. Frente a la propia Carta Magna de México y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuyo contenido tienen el mismo rango constitucional observando el principio de convencionalidad reconocido en la Reforma del 2011, afirmamos que el matrimonio igualitario es un derecho humano que toda persona debe acceder sin ser sujeto a ninguna clase de discriminación por orientación sexual, religión, ideología política, condición física, sexo, género, color de piel u origen étnico etc.
A pesar de que en México se han dado ciertos avances en términos de matrimonio entre personas del mismo sexo, aún no son suficientes. Porque de los más de 120 millones de mexicanos y mexicanas que hay en México según el Censo del INEGI del 2010, tan sólo 30 millones viven en entidades federativas donde el matrimonio igualitario está reconocido. Sólo 9 estados reconocen el derecho humano que tienen las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, sólo la Ciudad de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Quintana Roo, Morelos, Coahuila, Campeche y Nayarit el matrimonio homosexual es una realidad accesible para aquellas y aquellos ciudadanos que deciden libremente casarse. Ahora, si bien es cierto de que el hecho que Peña Nieto haya propuesto una reforma para que se reconozca a nivel nacional el matrimonio igualitario es una iniciativa positiva, no es menos cierto, que el matrimonio igualitario y la conquista de derechos de para la comunidad LGBTI no se la debemos a él. Ya que el matrimonio igualitario no ha sido un tema prioritario e importante para los gobiernos mexicanos. Ha sido la sociedad civil que durante muchos años ha estado empujando este tema. En el 2010 la Suprema Corte se refirió al matrimonio igualitario en el Distrito Federal como un tema de derechos humanos, y posteriormente en este mismo año tres parejas de Oaxaca se ampararon en la justicia para contraer matrimonio. El 2010 fue el año donde el arrebatamiento de derechos y en especial el matrimonio igualitario empezaron a ser una realidad tangible para las parejas del mismo sexo, no seis años después. El matrimonio igualitario ha sido un logro de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, ha sido un triunfo de la sociedad civil organizada quien se ha organizado lo suficiente para hacer valer los derechos de la comunidad LGBTI a través de la incidencia pública y un buen uso de los recursos de la vía legal.
Con amparo o sin amparo, el matrimonio igualitario es una realidad en México, parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, en algunos estados ya lo reconocen, pero en los que no, interponiendo un amparo las parejas del mismo sexo pueden ya alcanzar el derecho humano que les corresponde por ser personas y vivir en un “Estado de derecho”.
El matrimonio igualitario en México es un ejemplo de que es posible el progreso social a través de la participación activa de la ciudadanía. La sociedad civil organizada en México es la que ha conquistado y articulado avances significativos en materia de derechos humanos para la comunidad LGBTI. Muchas personas defensoras de derechos humanos han perdido sus vidas en el proceso de arrebatamiento y enfrentamiento contra las élites y grupos conservadores que ostentan el poder hegemónicamente, de tal forma que perpetúan el odio, la discriminación e impunidad en México. Gracias a esta ciudadanía valiente, contestataria y no genuflexiva ante el poder, podemos decir que aunque a medio término, contamos con matrimonio igualitario.