Mi entrega de ayer sobre Petrocaribe ha generado variadas opiniones, las cuales indican que el programa no es bien visto por políticos y profesionales, por entender que el programa de financiamiento venezolano sólo ha beneficiado al gobierno. Un reputado economista me escribió que difiere de mis puntos de vista sobre las consecuencias negativas de una eventual renuncia del gobierno a la compra financiada de petróleo y sus derivados al país suramericano, por dos razones fundamentales.
Primero no cree mi predicción de que los precios internos subirían “puesto que, a pesar de que Refinería no paga el total de la factura”, los consumidores compran la gasolina al precio spot, como si no existiese el acuerdo. “¿Acaso cuando llenamos el tanque el bombero nos financia la gasolina a 20 años a un 3% de interés? Lo que sucede es que el gobierno en vez de enviar la parte del dinero que pagamos en la bomba gasolinera que corresponde a Venezuela, se queda con él para usos que no están bien claros”.
El lector admite que si eliminamos Petrocaribe, como afirmara en mi artículo anterior, las finanzas públicas se verían afectadas, ya que el gobierno no dispondría de 700 millones de dólares anuales para gastar, por lo que se vería obligado a reducir el gasto, subir impuestos, o adquirir nuevos endeudamientos. Pero concluye diciendo: “particularmente preferiría que el gobierno financiara esa falta de recursos con nuevo endeudamiento pues el proceso sería más transparente. En la actualidad, Petrocaribe ofrece al gobierno un sistema de endeudamiento no transparente del cual tengo dudas si es aprobado por el Congreso (a pesar de que la partida de Petrocaribe aparece en el Presupuesto) como los endeudamientos comunes”.
Obviamente, el manejo del programa venezolano es otra muestra fehaciente del poder discrecional y la falta de transparencia en el ámbito gubernamental.