El proceso de reforma de la Ley 147-02 que rige el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres, y que se encuentra en consulta en este momento, no es nada nuevo. Es una iniciativa que viene desde el pasado gobierno. No es un plan iniciado en el gobierno actual, ni es un anteproyecto de los congresistas del partido en el poder.
La idea de cambiar y mejorar la ley 147-02 es una discusión de más de ocho años. La idea tuvo su génesis en el gobierno del PLD, y desde entonces han participado en la discusión decenas de instituciones de la sociedad civil, agencias de desarrollo, cooperación internacional, expertos en la materia, instituciones del mismo sistema, líderes comunitarios y académicos.
En este momento el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) está realizando una nueva consulta a los sectores del área, con el propósito de seguir avanzando. Se trata de continuar la ruta de hacer realidad el anhelo de un conjunto de instituciones que entienden que hay que dar un salto en ese campo para bien de la población y el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres.
Entiendo que el MEPyD retoma un tema de hace unos años atrás, pero lo hace con una visión estratégica del gobierno del cambio. Enfocada desde los marcos de desarrollo globales: Sendai, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de París, entre otros memorándums de entendimiento que procuran un mayor conocimiento del riesgo, del reordenamiento territorial adecuado, de las comunidades resilientes y la preparación para una respuesta anticipada enfocada al territorio. Igual observan la inclusión de nuevos términos para el instrumento guía en esta materia.
La consulta “Hacia una reforma del marco legal e institucional de la gestión del riesgo de desastres de RD”, como se le ha nombrado, no busca hacer desaparecer a ningún actor ni entidad del sistema. La iniciativa aspira a unificar lo que tenemos y darle un toque de actualización, y se hace en la lógica de reconocer que la dinámica de los riesgos de desastres es cada vez más amenazante y demandan de una mejor capacidad y una mayor entrega de los actores de gobierno, privado, sociedad civil y cooperación.
Se trata de un espíritu de reforma que mira hacia los demás países. Naciones que han pasado de la respuesta de emergencias a una intervención prospectiva, es decir, actuar de forma planificada y de la mano con el desarrollo. Interesados en aumentar el nivel de formación y educación de la ciudadanía en los temas de riesgos, amenazas, vulnerabilidad, alertas y planes de actuación para la protección.
He sido testigo de algunos consensos en las mesas consultivas montadas por el MEPyD y la mayoría de las entidades del sistema de gestión de riesgo entiende que una reforma a la ley 147-02 es necesaria para el país. Una gran parte, la mayoría, están en la misma dirección de querer actualizar las bases de la ley.
Se trata de un avance que permitirá a la población conocer y entender la estructura que rige al sistema nacional de emergencias, la que arroje la consulta, no importa. Lo que se quiere en el fondo es crecer, avanzar y que todos y todas comprendan la mecánica de operación y se superen las distorsiones.
El MEPyD, como órgano rector de la planificación nacional y responsable de impulsar las políticas transversales de gestión del riesgo de desastres y otras áreas del desarrollo, puede retomar y plantearse el continuar el proceso de revisión y actualización de los marcos legales y operativos de las políticas en ese campo, en ordenamiento territorial y otros.
Y algo atrayente que viene dándose en el proceso de la consulta sectorial es que se está tomando como base la experiencia adquirida a partir de la implementación de la actual Ley de Gestión del Riesgo del 2002. Y de igual manera, se está buscando una amplia participación de actores públicos y pertinentes relacionados con la historia de la gestión del riesgo de desastres en República Dominicana.
En los trabajos de las mesas técnicas se validan los temas relevantes con los actores interesados, con el fin de lograr un moderno y eficiente marco legal e institucional que reduzca el riesgo de desastres y fortalezca la resiliencia territorial.