Del sur

¿Más seguros?

Por Guillermo Cifuentes

“Me complace la calidad y seriedad del informe.

Subrayo una de sus conclusiones clave: un Estado

responsable es indispensable en la provisión del

bien público que representa la seguridad ciudadana

de las y los latinoamericanos”

Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile.

Me llama la atención que en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con rostro Humano” se prefiera hablar de la seguridad ciudadana como un bien público, especialmente porque se trata de un documento elaborado por un organismo de las Naciones Unidas, que en diciembre de 1948 proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuyo Artículo 3 se afirma que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Prefiero leer el acertijo pensando en que este “bien público” es tal porque resulta del ejercicio de un derecho humano proclamado en la Declaración y en el artículo recién citado. Eso no niega la posibilidad de entender las razones para tal “desliz”.  El informe que nos ocupa contiene, entre muchas otras, una información que nos puede permitir aproximarnos al meollo del asunto: en la región existen más guardias privados que policías.  Las cifras dan cuenta de 3,811,302 vigilantes privados frente a  2,616,753 agentes de policía.

La seguridad pagada tiene su máxima expresión en Guatemala y en Honduras. “Destaca el caso de Guatemala, donde existen 19,900 policías para velar por sus 12.7 millones de habitantes y 120,000 guardias privados que protegen a quienes los contratan”. Para el caso de República Dominicana existe un número ligeramente superior de guardias privados en comparación con el número de policías, pero habría que determinar si algunos de los contabilizados como guardias privados forman también parte de la planilla de la Policía.

Lo que no deja lugar a dudas del informe es que en la región quien quiera seguridad tiene que pagarla y eso no es compatible con la seguridad como un “bien público” y mucho menos como un derecho. La radicalidad del mercado pone a la seguridad como un servicio, igual que si se tratara del contrato de un dueño o dueña de casa con un jardinero.

Según el informe del PNUD, en el año 2012  la República Dominicana presentó el porcentaje más alto entre los países de América Latina  de personas que han limitado sus lugares de recreación debido a la inseguridad (con el 59,1%).

“La participación ciudadana es indispensable para garantizar la seguridad de forma efectiva en un marco democrático e incluyente.” Esa afirmación del informe no falta en ningún estudio de este tipo, tampoco la referencia a las “… múltiples experiencias exitosas y lecciones por aprender…”. Claro que se tiene, como siempre, el cuidado de no cometer el error de nombrarlas.

En una investigación que realicé hace unos años refiriéndome a la participación ciudadana en la seguridad hacia notar la ambivalencia contradictoria en las políticas criminológicas del Estado bien puntualizadas por David Garland (Hoecker y Tsukame, 2008) a quien cité respecto del tema: “el intento del Estado de ejercer soberanía a través de la represión y la confesión de impotencia a través del llamado a la ciudadanía a organizarse”.

Dije entonces que la invitación a  que los vecinos colectivamente lleven a cabo medidas de autoprotección, más que participación comunitaria, constituye privatización de la seguridad y es el reconocimiento de que el Estado, responsable de la gestión de los riesgos sociales ha sido superado en su deber de proteger bienes y vidas.

El llamado a la comunidad a que se organice, está dirigido a quienes no pueden contratar seguridad privada y aumenta infinitamente el riesgo de quienes intenten realizar esa función.  En otras palabras, debemos insistir en el hecho de que esa modalidad no es más que una forma de privatizar la seguridad para pobres.

Me quedo con Ricardo Lagos cuando apunta que “un Estado responsable es indispensable…”

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