La República Dominicana se encuentra a las puertas de un nuevo cambio en la realidad socio-económica de sus habitantes, afectando la calidad de vida a través de un incremento en los impuestos que deben ser pagados a fin de contribuir con el fortalecimiento de la nación, apegándonos a los caminos de legalidad diseñados por los encargados de dirigir el país.
Esta disminución en el poder adquisitivo impactará de manera sensible en las grandes mayorías, las cuales no tienen una voz ante los tomadores de decisiones.
El espectáculo del nuevo "impuesto a los retiros en efectivo" fue el comodín utilizado para colar un incremento al Impuesto Sobre la Renta; el cual perjudicará sustancialmente a todos los dominicanos, impactando de manera directa el sector de las pequeñas empresas, las cuales han surgido en nuestro país como una alternativa para subsistir ante los bajos niveles salariales que existen en el mercado nacional.
Ahora los congresistas quieren que le entreguemos al gobierno una tercera parte de lo que utilizamos para suplir la deficiencia de los servicios públicos; recursos destinados para la adquisición de servicios de salud, educación, recogida de basura, seguridad, planes de retiro o para la compra de recursos vitales como generadores eléctricos (plantas eléctricas e inversores) o la compra de camiones de agua para suplir la demanda de consumo.
La operación efectiva de los servicios públicos antes mencionados, mejoraría las condiciones de vida de los dominicanos, reduciendo considerablemente los gastos erogados para enfrentar las debilidades estatales; esta disponibilidad económica permitiría que los ciudadanos puedan afrontar las reformas fiscales necesarias, ante un Estado cumplidor de sus obligaciones y protector de sus habitantes.
El garante de las grandes mayorías debe concentrarse en reformar la efectividad de los servicios públicos antes que exprimir los bolsillos de las vapuleadas clases sociales; pues en caso contrario estaríamos aniquilando las posibilidades de éxito de cualquier proyecto nacional.